En el último tramo del periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, se dio por aprobado el dictamen para modificar y adicionar diversas disposiciones de las Leyes de Salud, de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de prevenir la violencia obstétrica en contra de las mujeres indígenas establecidas en la capital del país.
Con las reformas, los representantes populares de la metrópoli, se dieron a la tarea de proteger a esas mujeres y hacer que tengan una atención digna, así como apegada a los derechos humanos, mediante el combate de la denominada violencia obstétrica.
Al respecto, la diputada de la fracción parlamentaria del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de las Comisiones Unidas de Salud y de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, delineó que la violencia obstétrica es un tipo de violación a los derechos sexuales y reproductivos invisibilizada, que degrada, intimida y oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de salud reproductiva, durante el periodo de embarazo, parto y posparto.
Expuso que la finalidad de la iniciativa suscrita por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, es garantizar el derecho constitucional de las mujeres indígenas a un parto humanizado, que considere sus necesidades, opiniones, creencias y costumbres.
Dentro del dictamen que se puso a consideración del pleno del recinto de Donceles y que fue avalado, se expone que, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2014 en el país, cuatro de cada cinco indígenas eran víctimas de violencia obstétrica, lo que se refleja en el maltrato, la humillación, ridiculización y en agresiones tanto psicológicas como verbales en el control del embarazo, el parto o al solicitar atención en los servicios de salud.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
El instrumento legislativo establece que si bien la vida constitucional de la Ciudad de México es joven y se han dado importantes pasos para la tutela de los derechos de las mujeres indígenas, el integrar la interseccionalidad y la perspectiva intercultural al marco jurídico del sistema, es prioritario, deseable y fundamental.
Tras su aprobación unánime con 40 votos, el dictamen se remitió a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensao
