Al comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) del gobierno citadino, Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, reconoció el olvido y marginación que por años estuvieron los integrantes de esos sectores, con la aceptación que falta trabajo por delante pero se han combatido las diferencias que padecían.
La funcionaria, en la modalidad a distancia, rindió cuentas a los congresistas que integran la comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas que preside el legislador morenista Héctor Díaz Polanco, a quienes dijo que se han llevado una serie de acciones que sin lugar a dudas subrayan que ésta es la ciudad de derechos por excelencia, pero con todo y lo hecho aún hay desigualdad y rezago.
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Tras señalar que la brecha de desigualdad requiere compromiso de todos los sectores, la colaboradora de la administración local a cargo del jefe de gobierno en funciones Martí Batres Guadarrama, dijo que los más altos índices de pobreza se encuentran en las demarcaciones con mayor presencia de dichos grupos poblacionales, tal es el caso de Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa, con prácticamente un 40 por ciento de los indígenas residentes en la metrópoli, con base a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En una de sus exposiciones en el marco de la comparecencia con motivo del V informe de gobierno de la actual gestión citadina, la secretaria refrendó que en la metrópoli persiste la brecha de desigualdad y rezago económico que afecta a la población indígena.
Ruiz Mondragón en el balance de su gestión, en el periodo del 1° de agosto de 2022 al 31 de julio del año en curso, insistió que las profundas brechas de desigualdad y el rezago socioeconómico son parte de los grandes desafíos que enfrenta este sector.
Dio cuenta que se avanzó en la creación de un Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, instrumento de política pública en permanente actualización.
La responsable de la SEPI, al respecto, precisó que “ha sido un proceso complejo y hay que decirlo, ha cuestionado la legitimidad de supuestas autoridades o representantes, quienes al ver afectados sus intereses personales o gremiales, incitan cuestionamientos para desacreditar el trabajo gubernamental”.
Salió en defensa de dicho sistema que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, luego de la protesta del pasado 18 de octubre en contra del registro en la que un grupo intentó ingresar de manera violenta a las oficinas de la dependencia.
Abundó que el instrumento es paso significativo para las personas que son sujetos de derecho indígena, para el efectivo ejercicio de sus garantías colectivas y para darles certeza jurídica, al tiempo que comentó que ha sido un proceso complejo; “hay que decirlo, ha cuestionado la legitimidad de supuestas autoridades o representantes quienes al ver afectados sus intereses personales o gremiales, incitan cuestionamientos para desacreditar el trabajo gubernamental”.
Confirmó que de julio de 2022 a enero de este año, en colaboración con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, se apoyó el proceso de consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.
Detalló que se realizaron 135 reuniones de trabajo con representantes y autoridades de 58 pueblos y siete comunidades para realizar recomendaciones a los proyectos del Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial.
Por lo que hace al proceso de consulta a pueblos y barrios originarios de los proyectos del Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial, difundió que en el periodo de julio de 2022 a enero de 2023 en colaboración con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la dependencia a su cargo apoyó la consulta y se realizaron 135 reuniones de trabajo con representaciones y autoridades de 58 pueblos y 7 comunidades para presentar recomendaciones y propuestas a los proyectos.
En su momento, Héctor Díaz Polanco delineó que los pueblos y las comunidades indígenas tienen identidades propias, tradiciones y estructuras sociales distintas, que por mucho tiempo han sido marginadas en el proceso de construcción de la nación.
Abundó que a menudo se han menospreciado sus derechos y su rica herencia, sin embargo, actualmente se vive una rectificación del camino, “presenciamos un poderoso resurgimiento de las organizaciones indígenas y las comunidades”.
Por la asociación parlamentaria Izquierda Liberal, la congresista Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos señaló que ante la presencia cada vez mayor de personas pertenecientes a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, es necesario preservar, proteger y difundir sus derechos, ante ello, preguntó qué acciones han emprendido para erradicar la discriminación y cuidar la riqueza de conocimiento en materia de salud.
Con la representación de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas del Poder Legislativo, su coordinadora Elizabeth Mateos Hernández, felicitó el trabajo de la dependencia al combatir la discriminación en la capital y mejorar la calidad de vida de los grupos prioritarios en comento.
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Requirió se diera a conocer qué estrategias se implementan para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y preguntó cuáles son las principales metas para cumplir en 2024.
Al participar, el diputado José Martín Padilla Sánchez, vicecoordinador de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, destacó los alcances del programa Bienestar para Pueblos y Comunidades, con el que se garantiza el derecho de las y los habitantes de acceder a servicios públicos y a la administración de justicia en sus propias lenguas. Al respecto, cuestionó la proyección de personas beneficiarias para el próximo año, así como el monto de inversión requerido para tal efecto.
En el turno de la bancada del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano consideró que, en términos de igualdad y justicia, es necesario reconocer y proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios, incluyendo el respeto a su autonomía y autoridades tradicionales. Afirmó que la dependencia tiene que realizar un acompañamiento a los integrantes de este grupo poblacional para que puedan obtener su registro ante la SEPI.
La diputada del PAN Frida Jimena Guillén Ortiz se refirió a las diversas inconformidades que han manifestado en el último año algunos pueblos originarios y comunidades indígenas, a consecuencias de decisiones del gobierno capitalino que han considerado transgreden su identidad, usos y costumbres, e incluso han existido protestas por temas de desarrollo urbano que han sido reprimidas.
Al reconocer la labor realizada por la funcionaria y su equipo de trabajo, el diputado de Morena Carlos Cervantes Godoy aludió la visibilización de este sector social, así como a las mejoras en su acceso a la justicia, empleo, salud y educación. Solicitó conocer la posición de la secretaría respecto al programa de ordenamiento territorial y su relación con esta población.
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