En lo que resta del actual sexenio en el Estado de México no se vislumbra un incremento a la tarifa del transporte público concesionado, afirmó Ricardo Lugo Servín, vocal del Instituto del Transporte, organismo desconcentrado de la Secretaría de Movilidad.
Al emitir un informe sobre el tema, la víspera de su reciente llegada a dicho instituto, el funcionario comentó que para poder concretar un ajuste a la tarifa del servicio de transporte público se requieren cuando menos seis meses de análisis previo a la autorización del aumento.
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En este sentido, dijo que a la actual administración solo le quedan unos meses, debido a que el gobernador Alfredo del Mazo Maza deberá entregar el gobierno el próximo 5 de septiembre.
Aseveró que ciertamente existen empresas que han estado solicitando el incremento, pero subrayó que en todo caso esta determinación se estaría dando más adelante, pero no en el periodo que le queda a la actual administración estatal.
Aumento a la tarifa requiere por lo menos seis meses de análisis
Sin mencionar a las empresas que demandan el ajuste a la tarifa del transporte público, Ricardo Lugo Servín apuntó que la decisión de subir el costo del pasaje no se da de manera espontánea, pues aclaró que se deben analizar varios elementos y este proceso lleva cuando menos seis meses antes de dar a conocer en cuánto se avaló el aumento.
No obstante, indicó que sí se han llevado algunas pláticas con los concesionarios, pero por el momento sólo ha sido para eventualmente iniciar el análisis de este asunto.
Manifestó que entre todos los elementos a discutir sobresale el estado actual en el que se halla el sector, además de que se requiere un estudio integral que justifique el incremento, revisando cada uno de los derroteros que ofrecen el servicio en todo el Estado de México.
Puntualizó que las empresas que quieren tener un ajuste a la tarifa deberán participar en la ronda de diálogos “y apenas estamos comenzando para conocer las condiciones en las que se encuentran los transportistas”.
Detalló que habrá que participar en la conformación de un comité que revise todo el marco normativo y garantizar que la decisión de subir el costo del pasaje esté perfectamente fundamentada.
Incrementos no han logrado erradicar la inseguridad en las unidades
Hasta el momento, las diversas rutas que ofrecen el servicio en los 125 municipios del Estado de México cobran 12 pesos como pasaje mínimo. El último incremento fue de dos pesos y se autorizó desde diciembre de 2019.
Según representantes de los transportistas, la intención será aumentar cuando menos otros dos pesos, pero el gobierno del Estado de México no se ha pronunciado al respecto.
Los parámetros de alza en el transporte público concesionado han sido de dos pesos en los últimos seis años. En julio de 2017, dos meses antes de dejar el cargo, el entonces gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, aprobó un incremento al pasaje mínimo en ese rango, es decir, dos pesos, los cuales en aquel año representaron un ajuste de 25%, pues la tarifa se ubicaba en 8 pesos, y pasó a 10.
Para avalar el aumento, las autoridades indicaron que uno de los compromisos adquiridos por los transportistas había sido el de instalar cámaras de videovigilancia para evitar la comisión de delitos al interior de las unidades, pero este compromiso jamás se atendió.
Posteriormente, dos años después, al final del primer tercio del actual gobierno estatal, ya con Alfredo del Mazo Maza al frente, los transportistas demandaron un nuevo incremento en el sector.
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La administración estatal cedió y autorizó un nuevo tarifazo, mismo que volvió a ser de dos pesos, pasando de 10 a 12, equivalente a un 20% de ajuste. Fue en diciembre de 2019 cuando el entonces titular de la Secretaría de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, hoy presidente municipal de Toluca, hizo oficial el incremento.
El compromiso nuevamente fue el mismo: adquirir cámaras de videovigilancia para combatir la ola de asaltos en las unidades del servicio público, con el agregado de que se capacitaría a los operadores de combis, micros y camiones, además de la renovación de unidades viejas que habían cumplido 10 años rodando, periodo establecido como vida útil de los vehículos.
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