Ante lo lamentable que resulta que tanto el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) del gobierno capitalino, no cuenten con programas para ayudar a menores con discapacidad auditiva por lo que delegan esa tarea a la asociación civil Audio Amigo, la integrante de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Polimnia Romana Sierra Bárcena, demandó que se informe al órgano deliberativo bajó qué acuerdo o norma proceden de esa manera, lo que fue respaldado por diversas fuerzas políticas.
La representante popular perredista, logró que la mayoría de los congresistas apoyaran su punto de acuerdo, por lo que se sumaron a la solicitud formal, por parte del Poder Legislativo local, de que los titulares de la SIBISO, Rigoberto Salgado Vázquez; del DIF, Rebeca Olivia Sánchez Sandín y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González Escobar, den cuenta de los programas y contratos que celebran con instituciones privadas, para la entrega de aparatos auditivos.
“Empecemos por exigir claridad, imparcialidad, rendición de cuentas y transparencia. No criticamos que el gobierno se apoye de instituciones para la atención de personas con discapacidad, y reconocemos la labor altruista de todas esas asociaciones y organizaciones civiles sin fines de lucro que celebren convenios de colaboración con el Gobierno, pero debe haber claridad”, sostuvo la diputada del Partido de la Revolución Democrática.
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Sierra Bárcena, quien funge como presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del recinto de Donceles y Allende, dejó en claro que es un derecho de las personas con discapacidad auditiva de la capital del país, el recibir aparatos auditivos de manera gratuita por prescripción médica, responsabilidad que recae en la SIBISO, sujeta al cumplimiento de los requisitos que establezca el programa correspondiente de aparatos auditivos gratuitos.
Refirió que, incluso, ha canalizado diversas solicitudes, “y todas son remitidas al DIF y éste, a su vez, las manda a la institución de asistencia privada denominada Audio Amigo, sin que haya sido posible atender peticiones ciudadanas, como la de una menor con hipoacusia severa en ambos oídos”.
Dijo que lo grave del asunto es que cuatro meses después de realizada la petición, el DIF respondió que no contaba con un programa y canalizó a la menor a una institución de asistencia privada. “Cuatro meses sin poder escuchar y realizar su vida dentro de cierta normalidad. Tal vez años de tener el padecimiento. Es demasiado tiempo para el desarrollo óptimo de un menor en estado vulnerable”, lamentó.
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Romana Sierra reveló que el DIF informó luego de cuatro meses que no cuenta con un programa durante el ejercicio fiscal 2023 para la entrega de auxiliares auditivos.
Sin embargo, ambas instituciones informaron sobre la existencia de un programa de coinversión, a cargo de Audio Amigo” se encarga de él y hasta realiza la entrega de esos aparatos auditivos.
“Revisamos en internet y esa institución apoya desde hace muchos años a personas con discapacidad, lo cual es muy loable. Sin embargo, es menester saber con precisión por qué la secretaría no elabora y presenta el programa que establece la ley y provee directamente los aparatos”, delineó la legisladora.
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Consideró que debe elaborarse un programa gubernamental y gestionar el presupuesto para que sea el gobierno de la ciudad, a través de la SIBISO, la que cumpla con la obligación que en la ley se establece y no delegar de alguna forma esta responsabilidad a organizaciones privadas.
Dio cuenta que en internet encontró información de un par de convenios de colaboración por 100 mil y 500 mil pesos, en los que se mencionan acciones diversas adicionales a la entrega de aparatos, así como acciones de supervisión del convenio.
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Por lo anterior, exigió conocer cómo se transparentan diversos aspectos, tal es el caso de las acciones de supervisión que realiza la autoridad para la aplicación transparente de los recursos públicos que otorga a esa institución y, si acaso existe un padrón o lista de espera de los posibles beneficiarios.
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