El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac fustigó la decisión de las autoridades de la Ciudad de México de finalizar la consulta sobre los proyectos del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y Plan General de Desarrollo (PGD).
Los habitantes y vecinos que integran el Frente manifestaron su rechazo a lo que llamaron, “nueva imposición”, por las consecuencias negativas que esto significa en un futuro próximo.
Afirman que lo que ha hecho el gobierno es reducir aún más el derecho a la consulta, ya ni siquiera como una formalidad a cumplir sino como un estorbo que puede ser saltado en caso de que sea problemático para el gobierno.
Por lo que invitó a pueblos y barrios originarios a la realización de asambleas informativas para analizar el contenido de los documentos en cuanto se hagan públicos.
Asimismo, anunció que demandará la reposición del proceso a fin de garantizar el derecho de todos los pueblos y barrios a decidir sobre la forma de organizar el territorio y defender sus bosques y aguas, y adelantó que llamará también a movilizaciones, tanto en la Jefatura de Gobierno como en el Congreso de la Ciudad de México.
“Asimismo preparamos demandas de amparo en contra del sistema de registro y la exclusión de los pueblos las cuales se entregaron se entregará la siguiente semana”, afirmó el colectivo.
En su posicionamiento, el FDDPBOCA criticó la decisión de excluir a la alcaldía Milpa Alta de la aplicación del programa general de ordenamiento territorial, pues dicen que tiene la intención de dividir al movimiento en el que convergen todos los pueblos, barrios y núcleos agrarios de la entidad, en el que dicha demarcación ha sido referente.
Externaron su desacuerdo por las declaraciones de Claudia Sheinbaum, en el sentido que los nuevos proyectos del plan general de desarrollo y del programa de ordenamiento territorial garantizan los derechos a la ciudad y sociales.
La funcionaria capitalina adelantó que los documentos, que se prevé enviar al Congreso Local, la próxima semana, son resultado de un consenso entre representantes de organizaciones urbanas, vecinales, de pueblos originarios y la academia.
En su opinión, la referencia a los pueblos sólo fue un elemento decorativo para su acto público, ya que los hechos violentaron todos sus derechos. “De pronto mágicamente intentaron convertir el fracaso del gobierno en un logro, y en un ejemplo de participación para la planeación del desarrollo con el apoyo de académicas individuos y liderazgos morales de organizaciones urbanas que sólo se representan a sí mismas.
Pueblos originarios piden respeto
El Frente denunció que el 11 de mayo el gobierno local desapareció jurídicamente a más de la mitad de los pueblos y varios originarios de la ciudad de México a través del sistema de registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI).
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En esa lista parecieron pueblos que no solicitaron ser registrados y algunos que solicitaron su registro quedaron excluidos y lo peor desaparecieron a los pueblos que se encuentran en la zonas más urbanizadas de la Ciudad de México, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapozalco y Coyoacán.
“Con ello los desarrolladores tienen más facilidades para construir sus grandes obras en esos territorios, sin preocuparse por el tema de los derechos de los pueblos y barrios y por supuesto, el gobierno intenta no tener que preocuparse porque esos pueblos reclamen la ausencia de consulta del plan y del programa, ya que desde su perspectiva la consulta sólo aplica para 50 pueblos.
“La SEPI acaba de consolidar la desaparición de más de la mitad de los pueblos y barrios originarios que ya habían sido reconocidos por el gobierno de la ciudad”, citó.
Entre ellos están los pueblos de Xoco, agobiado por el poder inmobiliario, pueblos de Iztapalapa, pueblos y barrios de Coyoacán, el pueblo de Iztacalco en su totalidad, pueblos del norte de la ciudad como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, y más.
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