/ sábado 17 de febrero de 2024

Consejo Empresarial considera negativa iniciativa de vivienda del Presidente AMLO

El Consejo Empresarial considera que el Infonati debe competir como hipotecario con los bancos para que los mexicanos puedan adquirir casas

La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso en materia de vivienda, tiene como propósito que los mexicanos renten casas y que los trabajadores nunca tengan una vivienda propia, ya que el Estado mexicano abandonó la construcción de vivienda durante este sexenio.

El Consejo Empresarial Mexicano denunció que la actual administración no construyó las 600,000 viviendas requeridas anualmente y contribuyó al incremento del desempleo de nuevos jóvenes en edad laboral, volcados a la informalidad, al subempleo y a la improductividad.

“Este Gobierno no pudo revertir el rezago de 8.5 millones de viviendas y no existen los incentivos fiscales para ampliar la capacidad instalada de un poco más de 2,500 pequeñas y medianas constructoras”.

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El organismo empresarial explica que la iniciativa presidencial necesita de recursos fiscales para construir tan solo el 10% de vivienda rezagada, más la que se requiere por cada año, representando un costo de alrededor de 1 billón 160 mil millones de pesos anuales.

Debido a lo anterior, la vía del financiamiento en esquema de renta se convertiría en un costo financiero impagable para el gobierno, repercutiendo directamente al trabajador al no poder adquirir su vivienda.

Por lo anterior, el Consejo Empresarial Mexicano propuso que el Infonavit al componerse de recursos aportados por el 100% de los patrones y beneficiarios el 100% de los trabajadores de las empresas privadas, debe continuar con el modelo de financiamiento como hasta ahora ha venido operando.

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Recomendó que el Director General del INFONAVIT no deberá ser propuesto por el Ejecutivo Federal y deberá ser nombrado por el Consejo de Administración del Instituto.

Asimismo, planteó la necesidad de ligar el modelo de dotación de vivienda a las nuevas necesidades de competencia económica del país, además del derecho social a la vivienda y la movilidad laboral.

La iniciativa debe enfatizar la participación del sector privado en forma directa en la producción de vivienda social, a través de incentivos que permitan más competencia empresarial en el sector. Asimismo, para los de menores ingresos debe regresar el apoyo que otorgaba la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI.

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Debe establecerse la tasa 0% del IVA para los materiales e insumos que requiera la construcción de vivienda social para disminuir sus costos.

La Banca de desarrollo debe presentar esquemas alternativos para que el sistema bancario disminuya sus riesgos y sus tasas de interés, a fin de multiplicar el crédito en forma masiva.

El INFONAVIT debe competir como hipotecaria con los Bancos, además de que la vivienda debe ser un derecho de propiedad intercambiable facilitado por el Estado, e intercambiable en cualquier momento de la vida del individuo, cuyas necesidades cambian a lo largo de su vida, por lo que su patrimonio inmobiliario, debe estar dispuesto como hipoteca inversa para mejorar sus condiciones de vejez.

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La iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso en materia de vivienda, tiene como propósito que los mexicanos renten casas y que los trabajadores nunca tengan una vivienda propia, ya que el Estado mexicano abandonó la construcción de vivienda durante este sexenio.

El Consejo Empresarial Mexicano denunció que la actual administración no construyó las 600,000 viviendas requeridas anualmente y contribuyó al incremento del desempleo de nuevos jóvenes en edad laboral, volcados a la informalidad, al subempleo y a la improductividad.

“Este Gobierno no pudo revertir el rezago de 8.5 millones de viviendas y no existen los incentivos fiscales para ampliar la capacidad instalada de un poco más de 2,500 pequeñas y medianas constructoras”.

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El organismo empresarial explica que la iniciativa presidencial necesita de recursos fiscales para construir tan solo el 10% de vivienda rezagada, más la que se requiere por cada año, representando un costo de alrededor de 1 billón 160 mil millones de pesos anuales.

Debido a lo anterior, la vía del financiamiento en esquema de renta se convertiría en un costo financiero impagable para el gobierno, repercutiendo directamente al trabajador al no poder adquirir su vivienda.

Por lo anterior, el Consejo Empresarial Mexicano propuso que el Infonavit al componerse de recursos aportados por el 100% de los patrones y beneficiarios el 100% de los trabajadores de las empresas privadas, debe continuar con el modelo de financiamiento como hasta ahora ha venido operando.

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Recomendó que el Director General del INFONAVIT no deberá ser propuesto por el Ejecutivo Federal y deberá ser nombrado por el Consejo de Administración del Instituto.

Asimismo, planteó la necesidad de ligar el modelo de dotación de vivienda a las nuevas necesidades de competencia económica del país, además del derecho social a la vivienda y la movilidad laboral.

La iniciativa debe enfatizar la participación del sector privado en forma directa en la producción de vivienda social, a través de incentivos que permitan más competencia empresarial en el sector. Asimismo, para los de menores ingresos debe regresar el apoyo que otorgaba la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI.

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Debe establecerse la tasa 0% del IVA para los materiales e insumos que requiera la construcción de vivienda social para disminuir sus costos.

La Banca de desarrollo debe presentar esquemas alternativos para que el sistema bancario disminuya sus riesgos y sus tasas de interés, a fin de multiplicar el crédito en forma masiva.

El INFONAVIT debe competir como hipotecaria con los Bancos, además de que la vivienda debe ser un derecho de propiedad intercambiable facilitado por el Estado, e intercambiable en cualquier momento de la vida del individuo, cuyas necesidades cambian a lo largo de su vida, por lo que su patrimonio inmobiliario, debe estar dispuesto como hipoteca inversa para mejorar sus condiciones de vejez.

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