Para aumentar las sanciones a quien derribe, tale, destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, diputados locales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron modificaciones al artículo 345 bis y adiciones al artículo 346 bis del Código Penal local.
Además, los congresistas dispusieron tipificar el transporte, comercio, acopio, almacenamiento y transformación de árboles, así como el actualizar la unidad de medida para la imposición de las multas.
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En la sesión ordinaria del martes, la mayoría de los legisladores decidieron combatir a los talamontes que cortan en promedio 400 árboles diarios y según estimaciones de 2019, arrasaron con 200 mil ejemplares.
¿Cuál es la sanción?
De manera formal quedó establecido que la persona que de forma ilegal o con dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles en un área natural protegida, un área de valor ambiental, una barranca o en suelo de conservación, se le impondrá de seis a 20 años de prisión y de seis mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
Mientras que para quien ilícitamente comercie, acopie, almacene, transforme o distribuya madera en rollo, astillas, carbón vegetal o cualquier otra materia prima forestal, será la misma pena privativa de libertad, además de una sanción de 10 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización.
Se trató del aval a las iniciativas dictaminadas que fueron presentadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, así como por las diputadas Elizabeth Mateos Hernández de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas y Tania Nanette Larios Pérez de la bancada del PRI, al tiempo que se estableció que aumentarán las penas cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos o se realicen en suelo de conservación.
En el marco de la sesión se fundamentó que expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana y en derecho ambiental y sustentabilidad, señalan que “la tala inmoderada en diversas zonas provoca un daño ecológico que daña los principales pulmones de la capital y atenta contra los 10 acuíferos de la megalópolis que proveen cerca del 70 por ciento de agua potable que consumen los capitalinos”.
Adicionalmente a las reformas aceptadas, se contemplan penas corporales y pecuniarias para aquellas personas que actúen en nombre, representación o beneficio de una persona moral o jurídica, a los propietarios, socios, representantes legales y apoderados.
Las penas incrementarán en caso de que la persona sea servidora pública o beneficiaria de programas sociales de protección al medio ambiente.
Con lo aprobado se adicionan penas para las personas que provoquen la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos diez hectáreas; así como cuando la afectación a un ecosistema dure al menos cuatro meses; provoque daño a un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción; cause la contaminación del agua y el suelo por vertidos químicos o realice la emisión de contaminantes que afecten al aire.
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El pleno del recinto de Donceles y Allende aprobó una reserva al artículo 345 bis presentada por la diputada de Morena Nancy Marlene Núñez Reséndiz, para suprimir la fracción quinta del tipo penal de ecocidio, toda vez que la misma “pretende hacer punible la conducta de realizar la emisión de contaminantes que afectan al aire. Tal redacción dejaría en estado de incertidumbre jurídica -al ser tan escueta- a los destinatarios de la norma, al no establecer un parámetro que determine la conducta que se sanciona”.
La congresista explicó que esta conducta ya se encuentra sancionada por la vía administrativa y de manera más específica.
En la discusión, el diputado Royfid Torres González, coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana, se manifestó en contra del dictamen al señalar que elevar las penas punitivas no resuelve este problema de fondo, ya que, según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, al 7 de julio de 2023, únicamente había vinculadas 17 personas por el delito de tala ilegal, “es decir, estamos tratando de solucionar un problema con una medida que hoy no es efectiva”.
La congresista Larios Pérez aseguró que se están haciendo esfuerzos para desincentivar estas acciones, ya que la tala clandestina daña al 59 por ciento del suelo de conservación.
Mientras, que la diputada Mateos Hernández dijo que se están enfrentando grandes desafíos en materia ambiental como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente, por lo tanto, se debe actuar de manera decidida “para prevenir y sancionar los delitos ambientales que afectan a nuestra ciudad”.
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