Ante la protesta que una decena de personas llevan a cabo a las afueras del edificio “Héctor Fix Zamudio” de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, precisó que es y siempre será respetuosa del derecho de manifestación, como lo ha venido demostrando a lo largo de la presente administración.
Lo que no implica ceder ante presiones ni chantajes de ningún tipo, mucho menos cuando en las próximas horas se tiene programada la realización de una nueva audiencia del caso que involucra a las personas que se mantienen en el plantón, mismo que está siendo atendido por las autoridades competentes, y corresponde a ellas determinar lo que en derecho corresponda.
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Resaltó que es momento de analizar con mucha seriedad y objetividad lo que pasó en el inmueble de República de Cuba 60 hace casi 3 años, y evitar que esto se repita.
Hay que recordar que las víctimas que hicieron la toma fueron atendidas en sus demandas, y se retiraron del lugar a los pocos días; a pesar de ello, intentamos varias veces el diálogo con las personas que sin queja alguna mantuvieron la ocupación, sin ningún resultado.
Destacó que una de esas libertades, fundamental para todo Estado democrático, es el derecho a la protesta social.
Sin embargo, “en los últimos años hemos visto cómo en nombre de ella se cometen abusos, infracciones y delitos, uno de los peores, quizá, el de usarla para vulnerar las libertades del pueblo y, más aún, para desprestigiar a la propia protesta social”.
El organismo aclaró que no ejerce represión contra nadie, no ha realizado ni realizará persecución alguna y mucho menos presión a las autoridades encargadas de la impartición de justicia para inducir resoluciones en tal o cual sentido, como falsamente se ha difundido a través de redes sociales y medios de comunicación.
Pues agregó que el proceso legal que se lleva a cabo se ha realizado con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en la ocupación de nuestro inmueble en las calles de Cuba, quienes incluso lo enfrentan en libertad.
La Comisión Nacional no busca con este proceso nada más que cooperar con la autoridad para, así, proteger y garantizar los derechos de las víctimas que resultaron afectadas por la toma de esas oficinas, en septiembre de 2020, hechos en los que no sólo se destruyeron muebles y las instalaciones del edificio sino que fueron desaparecidos cientos de expedientes de queja, correspondientes a las personas que acudían a esa sede con la esperanza de tener acceso a la justicia y a la restitución de sus derechos humanos.
En ese sentido, consideró propicio hacer una reflexión colectiva sobre las libertades públicas como un bien social que costó mucho obtener, y por lo mismo, pertenecen a toda la sociedad.
La Comisión Nacional llamó a los movimientos, organizaciones y ciudadanía, que puedan tener razones para protestar y manifestarse, pero también a las autoridades, para que defendamos y reivindiquemos su ejercicio pleno dentro de los márgenes del derecho.
La Corte Interamericana ha reconocido que la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”, cualquiera que sea la modalidad de la protesta, y los referentes regionales de los derechos humanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, y garantizar la seguridad de las personas y el orden público.
Ahora es claro que no les interesaba, y que durante ese tiempo se usó y abusó de lo que pretendió vestirse de “protesta social”, cuando la verdad es que, lejos de convertir el edificio en un refugio y lugar de atención de víctimas como ofrecieron, lo convirtieron en una ínsula de impunidad en el corazón mismo de la ciudad, adonde a diario se cometían delitos, lo que fue oportunamente denunciado públicamente y era por todas y todos conocido.
Lo más grave es que todo esto pasó ante el aliento y la complacencia de líderes partidistas y de organizaciones, algunas personas funcionarias y legisladoras, y hasta al menos una organización internacional que además de financiar, encubrían lo que ahí pasaba a espaldas de la ley, siempre “en nombre de las víctimas”; unas víctimas inventadas porque, como ha quedado dicho, aquellas que inicialmente hicieron la toma del inmueble, lo fueron abandonando, al percatarse de los intereses que se anidaron en el grupo que consumó el despojo y acabó convirtiendo el lugar en un foco de delitos.
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