/ martes 2 de abril de 2024

Ciclistas y ONG´s urgen armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

Piden reforzar las disposiciones relativas a la regulación del tránsito seguro y los factores de riesgo vial, de conformidad con lo establecido en la LGMSV, especialmente los límites máximos de alcoholimetría y velocidades

Integrantes de la comunidad ciclista y organizaciones civiles que trabajan por la movilidad segura en CDMX urgieron a las autoridades que ejerzan las facultades correspondientes para redoblar esfuerzos e impulsar lo necesario para que concrete lo antes posible el proceso legislativo de armonización de la Ley de Movilidad de la CDMX (LMCDMX) con la Ley General de Movilidad y seguridad vial (LGMSV), para contar con el marco jurídico necesario que permita implementar de forma inmediata las políticas dirigidas a prevenir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestro de tránsito.

La petición la realizaron a través de una carta enviada al Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, legisladores y autoridades de la Ciudad de México. Donde remarcan que la armonización podría evitar las más de mil muertes anuales provocadas por siniestros de tránsito en la CDMX.

Las organizaciones de la sociedad civil precisaron que la Ley General de Movilidad y seguridad vial (LGMSV) publicada el pasado 17 de mayo de 2022 establece que los congresos de las entidades federativas deben aprobar las reformas indispensables a las leyes de su competencia a fin de armonizarlas con las disposiciones y objetivos de dicho ordenamiento en un plazo no mayor a 180 días, la carta menciona que este plazo se venció desde noviembre de 2022.

A su vez, representantes de organizaciones que son parte de la Coalición Movilidad Segura, añadieron que han estado impulsando la armonización con integrantes del Congreso de la Ciudad de México y representantes del ejecutivo local, por otro lado, se han hecho observaciones a un documento de trabajo que contiene las disposiciones para ser incluidas en el proyecto de dictamen, sin embargo, no se ha avanzado en esta propuesta.

Qué puede mejorar en la Ley General de Movilidad y seguridad vial

Entre las disposiciones que piden para evitar las más de mil muertes anuales provocadas por siniestros de tránsito en la CDMX están: reforzar las disposiciones relativas a la regulación del tránsito seguro y los factores de riesgo vial, de conformidad con lo establecido en la LGMSV, especialmente los límites máximos de alcoholimetría y velocidades.

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Incorporar explícitamente el uso de tecnologías como medio auxiliar para la prevención, captación de infracciones y aplicación del reglamento de tránsito.

Incluir disposiciones propuestas sobre la micromovilidad. Incluir las disposiciones sobre los derechos y atención a víctimas y el seguro obligatorio de daños a terceros, así como los mecanismos para su cumplimiento.

Incluir las disposiciones de vehículos seguros, tales como la verificación de los dispositivos de seguridad vehicular, hacer obligatorio el uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) para pasajeros infantiles, el etiquetado de seguridad vehicular y criterios para la adquisición de flotillas seguras. Garantizar la participación social efectiva en los programas y proyectos de movilidad.

Establecer mecanismos fiscales y de financiamiento e inversión pública para la movilidad segura, así como incluir a las escuelas para conducir como figura y su reconocimiento.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

Integrantes de la comunidad ciclista y organizaciones civiles que trabajan por la movilidad segura en CDMX urgieron a las autoridades que ejerzan las facultades correspondientes para redoblar esfuerzos e impulsar lo necesario para que concrete lo antes posible el proceso legislativo de armonización de la Ley de Movilidad de la CDMX (LMCDMX) con la Ley General de Movilidad y seguridad vial (LGMSV), para contar con el marco jurídico necesario que permita implementar de forma inmediata las políticas dirigidas a prevenir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestro de tránsito.

La petición la realizaron a través de una carta enviada al Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, legisladores y autoridades de la Ciudad de México. Donde remarcan que la armonización podría evitar las más de mil muertes anuales provocadas por siniestros de tránsito en la CDMX.

Las organizaciones de la sociedad civil precisaron que la Ley General de Movilidad y seguridad vial (LGMSV) publicada el pasado 17 de mayo de 2022 establece que los congresos de las entidades federativas deben aprobar las reformas indispensables a las leyes de su competencia a fin de armonizarlas con las disposiciones y objetivos de dicho ordenamiento en un plazo no mayor a 180 días, la carta menciona que este plazo se venció desde noviembre de 2022.

A su vez, representantes de organizaciones que son parte de la Coalición Movilidad Segura, añadieron que han estado impulsando la armonización con integrantes del Congreso de la Ciudad de México y representantes del ejecutivo local, por otro lado, se han hecho observaciones a un documento de trabajo que contiene las disposiciones para ser incluidas en el proyecto de dictamen, sin embargo, no se ha avanzado en esta propuesta.

Qué puede mejorar en la Ley General de Movilidad y seguridad vial

Entre las disposiciones que piden para evitar las más de mil muertes anuales provocadas por siniestros de tránsito en la CDMX están: reforzar las disposiciones relativas a la regulación del tránsito seguro y los factores de riesgo vial, de conformidad con lo establecido en la LGMSV, especialmente los límites máximos de alcoholimetría y velocidades.

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Incluir disposiciones propuestas sobre la micromovilidad. Incluir las disposiciones sobre los derechos y atención a víctimas y el seguro obligatorio de daños a terceros, así como los mecanismos para su cumplimiento.

Incluir las disposiciones de vehículos seguros, tales como la verificación de los dispositivos de seguridad vehicular, hacer obligatorio el uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) para pasajeros infantiles, el etiquetado de seguridad vehicular y criterios para la adquisición de flotillas seguras. Garantizar la participación social efectiva en los programas y proyectos de movilidad.

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