La dependencia federal calificó como histórica la aprobación del Congreso para derogar este delito previsto en el artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal (Ciudad se México) con el propósito de eliminar la criminalización de las personas con infecciones de transmisión sexual.
"Este histórico paso para descriminalizar a las personas con ITS, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), marca un hito en la lucha por la justicia y la igualdad, y representa un avance en la eliminación de estigmas arraigados, al tiempo que contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva", señaló la dependencia.
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Respeto a los Derechos Humanos y la salud
Esta decisión demuestra el compromiso real de las y los legisladores que votaron a favor, con el respeto a los derechos humanos y la promoción de la salud, al tiempo que elimina barreras discriminatorias que afectan a las personas viviendo con VIH.
Asimismo, se reconoce que la criminalización de la transmisión del VIH contribuye a la discriminación, al estigma; desincentiva la realización de pruebas y el acceso a tratamientos preventivos.
La eliminación de las sanciones penales relacionadas con el VIH fomenta un entorno propicio para la prevención, el diagnóstico temprano, la atención integral y el tratamiento efectivo que está disponible sin costo para todas las personas.
Apoyo a las personas con VIH
Esta resolución también envía un mensaje claro de apoyo a las personas que viven con VIH, al tiempo que promueve la cultura del cuidado de la salud basada en la empatía y la comprensión.
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Censida reconoce el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones civiles y de todas aquellas personas que impulsaron dicha reforma. En el camino hacia la igualdad, es crucial continuar los esfuerzos para erradicar el estigma y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud. La educación y la concientización son herramientas fundamentales para cambiar percepciones y promover el respeto.
Cabe recordar que el delito de “peligro de contagio” sigue vigente en 27 códigos penales de los estados, con excepción de Aguascalientes, San Luis Potosí y Nayarit, donde fue derogado el año anterior.
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