La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) ha atendido sólo 25 por ciento de los casos de presuntos abusos de autoridad, como detenciones ilegales o arbitrarias, que en muchas ocasiones ocurren durante marchas, protestas o movilizaciones.
De acuerdo con información de la Dirección General de Administración de la CDH, hasta septiembre de este año la Primera Visitaduría General (PVG) de la Comisión, que está a cargo de investigar y expedir recomendaciones en casos de seguridad ciudadana y procuración de justicia, dio solución a 498 expedientes, de los mil 995 programados para este 2022.
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En entrevista, el experto en Derechos Humanos y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Brito, señaló que la PVG, de las cinco que tiene la Comisión, investiga casos de violaciones graves a derechos humanos, por lo que es de suma importancia su seguimiento y resolución.
“Los casos de violaciones a derechos a la vida, a la integridad a la vida, o violaciones graves a derechos humanos se pasa a una de las cinco visitadurías que existen en la Comisión, que abre un expediente para ver si se cometieron violaciones y expide recomendaciones a las autoridades que violaron los derechos humanos”, indicó el experto.
Un expediente de presuntas violaciones a derechos humanos es abierto cuando una persona presenta una queja ante la Comisión, que analiza si es competencia del órgano o de otras autoridades, y posteriormente la turna a las visitaduría correspondiente.
“Hay recomendaciones por casos de detenciones arbitrarias o ilegales, que se dan cuando no cumplen con el marco normativo; es decir, que no se realiza conforme a lo que marca la ley. Hay abusos policiales”, indicó Rodrigo Brito.
REZAGO EN DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con expertos en Derechos Humanos consultados por El Sol de México, la lentitud de resolver los casos se debe a la falta de personal.
“Siempre ha existido un rezago en los órganos por el número de quejas que se reciben. A veces exceden la propia capacidad, porque no hay tantos visitadores que puedan hacer, como deberían, las investigaciones de manera rápida”, precisó Brito.
La directora General del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite, indicó que es prioritario que la Comisión aclare el atraso en la resolución de casos, si es por falta de personal o de capacidad.
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La especialista señaló que pueden subir los casos de abuso policial o militar en los próximos meses por el proceso de militarización con la entrada de la Guardia Nacional, por lo que el rezago no es una buena señal para el futuro.
En 2021, la Dirección General General de Administración reportó la resolución de 23 por ciento de los mil 801 casos que tenía que resolver la PVG. Este diario solicitó una entrevista con la titular de la CDH, Nashieli Ramírez, para conocer el motivo del retardo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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