Revelan auditorías irregularidades en obras públicas de la CDMX

Diversas dependencias locales deben ampliar la información pública en torno a los desaseos en obra pública, a los que se les tiene que dar curso legal, demandó la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

En ese sentido, el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo, demandó una explicación por las recientes anomalías detectadas desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en dos de los proyectos de mayor impacto en infraestructura para la administración que encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

Difundió se trata de un posible daño patrimonial por 72 millones de pesos en la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro y otra inconsistencia más durante la planeación de la Línea 5 del Metrobús.

“Es una lástima que ahora la mandataria tenga este problema encima, nunca quiso seguir lo que mandata la Constitución local de poner a juicio y escrutinio público sus decisiones sobre las obras nuevas, hubo imposición y nunca se les consultó a los vecinos”, declaró.

Consideró que al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la responsable de la administración de la capital del país, tiene obras faraónicas que además de no haber sido analizadas ni cruzadas con las Comisiones de Presupuesto, de Movilidad, Planeación del Desarrollo del Congreso, entre otras, para su visto bueno, resultaron ser opacas.

Barrera Marmolejo sostuvo que las auditorías no sólo hablan de desfalcos millonarios, sino también de incumplimientos y falta de revisión técnica oportuna en trazos y aspectos de infraestructura, lo que deriva en negligencia.

En el informe de la ASF “se echan la bolita entre todos” y nadie quiere asumir la responsabilidad política de los errores, expuso el representante popular de Acción Nacional y, pidió llevar estas revisiones al ámbito legal para que exista sanción sobre el posible quebranto a las finanzas locales.

“De oficio, la Contraloría de la Ciudad debe iniciar con una investigación y dar curso con soporte jurídico a las determinaciones de la Auditoría federal, donde hace referencia de omisiones por parte de secretarias del gobierno capitalino”, dijo.

Mencionó que todos los registros tienen que ver, con el primer año de la jefa de gobierno, en donde se constituyeron los proyectos, se ejecutaron los contratos y manifestaron las opiniones de las áreas involucradas.