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Organizaciones civiles a favor de la seguridad vial en la Ciudad de México reclamaron el retraso de 18 meses en la homologación de la normativa local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal, que pretende reducir las muertes y hechos de tránsito.
Coalición Movilidad Segura, Bicitekas, El Poder del Consumidor, Automex, México Previene A.C. y Salud Justa denunciaron ayer que la Ley General entró en vigor desde mayo de 2022 y las entidades tenían 90 días para armonizarla, pero la capital no ha cumplido y sólo quedan seis sesiones activas del Congreso local para hacerlo.
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“Estaba como plazo noviembre de 2022. Se nos agota el tiempo, no es posible que sigamos manteniendo este pendiente como algo que no urge, como algo que no está costando la vida de personas”, reprochó en conferencia Areli Carreón, miembro de Bicitekas y exalcaldesa de la bicicleta en la CdMx.
Las organizaciones señalaron que 16 estados del país ya homologaron su normativa. Los primeros en hacerlo, a menos de un año de aprobada la ley, fueron Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Yucatán, y a ellos se han sumado Puebla, Colima, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, entre otras.
En contraste, la Ciudad de México y otras entidades que conforman la Zona Metropolitana, como el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Morelos, no han avalado el dictamen para que entre en vigor.
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En ese tiempo, las organizaciones han participado en foros y entregado propuestas, afirmaron los activistas.
“Siempre se pone de ejemplo a la Ciudad de México en temas de innovación, de derechos, pero en movilidad no le interesa ser una entidad que marque y ponga el ejemplo. No sabemos por qué las autoridades no nos han dado sus puntos de vista, qué no les gusta del dictamen”, indicó Carreón.
Reprocharon el trabajo de la Comisión de Movilidad del Congreso local, pues al inicio garantizaron el avance del dictamen, pero ahora está detenido y tienen hasta el 31 de mayo.
“Urgimos al Congreso, al Jefe de Gobierno y a la Semovi a que cumplan con su obligación”, enfatizó la activista.
La Ley General de Movilidad y Seguridad consta de 50 páginas que hablan sobre las acciones y obligaciones de las tres autoridades de gobierno (federal, estatal y municipal), metodología para infraestructura peatonal, ciclistas y automotores, accesibilidad, uso del espacio público y transporte para personas con discapacidad, diseño en programas, entornos y servicios de movilidad.
Entre las medidas indicadas en la Ley General está la restricción de la velocidad. Por ejemplo, en vías secundarias y terciarias, debe ser de 30 kilómetros por hora, pero el Reglamento de Tránsito local permite 40 kilómetros por hora.
La Ley General también plantea que, para obtener una licencia de conducción, los aspirantes aprueben un examen de conocimientos teóricos y prácticos. Para los automovilistas de la Ciudad de México basta con presentar su documentación y hacer el pago correspondiente para obtener la licencia.
Las propuestas
En un documento que las organizaciones entregaron a los legisladores locales, se integraron otras propuestas para homologar en la ciudad y que podrían servir para el resto del país, como disminuir la velocidad a 20 kilómetros por hora en zonas escolares, de hospitales, etc.
“Urge reforzar y señalar el tránsito seguro y los factores de riesgo vial, en especial velocidades y alcoholímetro, e implementar tecnología para detectar las violaciones al reglamento tránsito. Urge la armonización de la ley general de la CdMx a la federal”, exigió Claudia Moreno, abogada de Salud Justa.
Inhibir o prohibir el consumo de alcohol a los conductores nuevos, al menos durante su primer año como automovilistas, uso obligatorio de artículos de seguridad infantiles y la implementación de tecnología para hacer que se respeten los límites de velocidad.
“Crear políticas públicas. Hacer que los vehículos sean más seguros en el país, por cada siniestro vial que hay, en nuestro país invariablemente está involucrado un vehículo de motor”, reprochó Stephan Brodziak, miembro del Poder del Consumidor.
Según la Semovi, la capital registró, en 2023, 21 mil 209 incidentes viales en los que estuvieron involucrados peatones, motociclistas, pasajeros, conductores y ciclistas, de los cuales 91 murieron.
“Es necesario el diseño vehicular para democratizar la seguridad vial. Quienes ponen en riesgo la vida en la calle son los vehículos de motor. No es posible dejarle toda la responsabilidad a los agentes de tránsito para que eviten la violación al reglamento”, dijo Brodziak.
