El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, consideró necesario exista obligación de que todas las plataformas acrediten y cubran a su cargo, con el aseguramiento integral a favor de los repartidores, los riesgos de morir, de accidentes, daños a terceros, así como la pérdida del medio de transporte durante el desarrollo del servicio.
Para tal efecto, dijo que es pertinente hacerle reformas a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que permitan regular el transporte de mercancías mediante aplicaciones, para proteger los derechos sustantivos de repartidores y usuarios.
El diputado perredista consideró que es momento de hacer justicia a las personas que se desempeñan como repartidoras, actividad que se incrementó debido a la pandemia por el Covid-19 y que obliga darle protección a los que se desenvuelven en la misma, mediante una mejoría de las condiciones laborales.
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Señaló que, además, es preciso otorgarles prestaciones de seguridad social. De igual forma, que se establezca la obligación de que las plataformas presenten, implementen y cumplan de forma permanente con un programa para la prevención de riesgos de los repartidores, los cuáles deben ser aprobados por la Secretaría de Movilidad, bajo las condiciones mínimas que deberán establecer a través de lineamientos.
Y declaró: “debemos reconocer que actualmente los repartidores de estas plataformas resienten un fenómeno de precarización o deterioro de condiciones del trabajo, porque se les niega el reconocimiento de derechos, de relaciones laborales, así como de prestaciones de seguridad social, en tanto que los usuarios de estas plataformas han sido afectados con incidentes relacionados con su seguridad”.
Gaviño Ambriz expuso que, en México, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cinco de cada diez repartidores que se encuentran en estas aplicaciones, esto es un 50 por ciento, ha sufrido al menos un accidente laboral, mientras que a nivel mundial este porcentaje disminuye a menos de la mitad.
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Agregó que, además, no existen programas lineamientos ni obligaciones legales que fomenten buenas prácticas o protocolos de seguridad por parte de las plataformas, de ahí que el 80 por ciento de los repartidores no cuentan con medida alguna para prevenir riesgos laborales.
Mencionó que las empresas de las plataformas de entrega deben sufragar a los repartidores los gastos de los elementos que identifican a la marca de las plataformas, como chalecos mochilas y otros de identidad visual.
De los cuales, delineó, la autoridad administrativa deberá emitir lineamientos para que las plataformas cumplan con características, capacidades y volúmenes máximos, entre el medio de transporte empleado y los bienes objeto de reparto.
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El militante de la Revolución Democrática también propuso que se cuente con una instancia facultada para dirimir conflictos que se suscitan entre las plataformas y los repartidores cómo son las bajas o suspensiones que les imponen, a veces arbitrariamente.
Destacó la necesidad de la identificación de las personas repartidoras, de un padrón de registro ante la Secretaría de Movilidad, debido a que en el período de un año y medio se presentaron más de cinco mil carpetas de investigación por robo a repartidores y se incrementaron robos a casa habitación y transeúntes por personas que simulan efectuar el reparto de bienes a través de estas plataformas.
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Por ello, los repartidores deben portar un distintivo oficial y las plataformas obligatoriamente tienen que dar a conocer a sus usuarios información sobre el nombre de repartidor, el medio de transporte que emplea, su registro ante la secretaría, así como de la vigencia de la licencia otorgada a la plataforma.
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