/ martes 23 de febrero de 2021

Pide Federico Döring, trato digno a personas de la tercera edad en centros de vacunación

Además piden sancionar a funcionarios que buscan que se les aplique el biológico cuando no les corresponde

Los adultos mayores de Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, tampoco merecen el menosprecio, en la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19, proceso en el que la administración local a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene que mostrar empatía a la vejez, dejó en claro el integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar.

Mientras tanto, el vicecoordinador de la diputación de Acción Nacional, Cristian von Roehrich de la Isla, se pronunció por sancionar penalmente a funcionarios que se aprovechen de su cargo para obtener la vacuna. Propuso hasta cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años.

Döring Casar refirió que, durante la vacunación en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, se constató el trato inhumano que en varios puntos se ejercía hacia los adultos mayores, quienes estuvieron bajo el sol, sin hidratarse y de pie por muchas horas.

Por lo anterior declaró: “confiamos que el gobierno de Morena haya mejorado su logística, nos hemos permitido ingresar un oficio a la oficina de titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, para que emita recomendaciones directas”.

Dijo que se trata de que, en Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, no se tenga expuestas en la calle a las personas de la tercera edad por seis o más en una larga fila y sin sillas, la protección del sol.

El diputado panista ingresó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital, un oficio exponiendo casos de presuntos abusos, señalando que contravienen ordenamientos internacionales, la Constitución federal, la Ley de Derechos Humanos y de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México.

Aseguró que nada se respetó, porque la autoridad fue omisa al no implementar las medidas suficientes y necesarias para cumplir con lo mandatado en la Ley Constitucional local en las inmediaciones de los centros de vacunación designados para la jornada.

Von Roehrich de la Isla fue quien sostuvo que es momento de romper la cadena de abusos políticos desde la esfera de poder, en donde funcionarios lucran, utilizan, se aplican y hasta regalan la vacuna contra el Covid-19, brincándose esquemas preestablecidos.

En la sesión virtual del Congreso presentó una iniciativa de reformas al Código Penal local, para imponer de uno a cinco años de cárcel a quien, al aprovechar su cargo, obtenga para sí, un familiar o tercero cercano a él, beneficios indebidos consistente en atención médica, hospitalaria, insumo médico o en este caso, la vacuna contra el coronavirus.

Aclaró que esos beneficios no son patrimonio de nadie y mucho menos, cuando hay razones de emergencia o con base en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto.

Dio cuenta que además de la pena de prisión, al servidor público se le podrá imponer la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el ámbito público.

“Se han registrado actos detestables en que los servidores públicos aprovechan su cargo para vacunarse o a sus familiares por encima del bienestar general. Si de por sí, ya el avance de la aplicación de la vacuna es lento, con la corrupción se hace mucho peor”, declaró.

Hizo alusión que en el contexto del Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de manipular a la población con la vacuna, mientras que México atraviesa la situación más delicada que haya vivido la humanidad en los últimos años.

Aseguró que hay funcionarios y militantes de Morena que han aprovechado la pandemia para sacar ventaja, a pesar de la promesa de erradicar este tipo de conductas.

Recordó el caso del director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, quien registró a su familia para recibir la vacuna contra el Covid-19, a pesar de no estar dentro del grupo prioritario.

“Pero la única sanción fue separarlo de su cargo e iniciarle una investigación, pero dadas las circunstancias de la pandemia, se trata de una política criminal, donde como servidor público, no debe mantener su cédula y debió ser acreedor a un castigo penal”, expresó.

Los adultos mayores de Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, tampoco merecen el menosprecio, en la segunda etapa de vacunación contra el Covid-19, proceso en el que la administración local a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene que mostrar empatía a la vejez, dejó en claro el integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar.

Mientras tanto, el vicecoordinador de la diputación de Acción Nacional, Cristian von Roehrich de la Isla, se pronunció por sancionar penalmente a funcionarios que se aprovechen de su cargo para obtener la vacuna. Propuso hasta cinco años de prisión, así como la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años.

Döring Casar refirió que, durante la vacunación en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, se constató el trato inhumano que en varios puntos se ejercía hacia los adultos mayores, quienes estuvieron bajo el sol, sin hidratarse y de pie por muchas horas.

Por lo anterior declaró: “confiamos que el gobierno de Morena haya mejorado su logística, nos hemos permitido ingresar un oficio a la oficina de titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, para que emita recomendaciones directas”.

Dijo que se trata de que, en Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, no se tenga expuestas en la calle a las personas de la tercera edad por seis o más en una larga fila y sin sillas, la protección del sol.

El diputado panista ingresó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital, un oficio exponiendo casos de presuntos abusos, señalando que contravienen ordenamientos internacionales, la Constitución federal, la Ley de Derechos Humanos y de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México.

Aseguró que nada se respetó, porque la autoridad fue omisa al no implementar las medidas suficientes y necesarias para cumplir con lo mandatado en la Ley Constitucional local en las inmediaciones de los centros de vacunación designados para la jornada.

Von Roehrich de la Isla fue quien sostuvo que es momento de romper la cadena de abusos políticos desde la esfera de poder, en donde funcionarios lucran, utilizan, se aplican y hasta regalan la vacuna contra el Covid-19, brincándose esquemas preestablecidos.

En la sesión virtual del Congreso presentó una iniciativa de reformas al Código Penal local, para imponer de uno a cinco años de cárcel a quien, al aprovechar su cargo, obtenga para sí, un familiar o tercero cercano a él, beneficios indebidos consistente en atención médica, hospitalaria, insumo médico o en este caso, la vacuna contra el coronavirus.

Aclaró que esos beneficios no son patrimonio de nadie y mucho menos, cuando hay razones de emergencia o con base en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto.

Dio cuenta que además de la pena de prisión, al servidor público se le podrá imponer la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el ámbito público.

“Se han registrado actos detestables en que los servidores públicos aprovechan su cargo para vacunarse o a sus familiares por encima del bienestar general. Si de por sí, ya el avance de la aplicación de la vacuna es lento, con la corrupción se hace mucho peor”, declaró.

Hizo alusión que en el contexto del Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no deja de manipular a la población con la vacuna, mientras que México atraviesa la situación más delicada que haya vivido la humanidad en los últimos años.

Aseguró que hay funcionarios y militantes de Morena que han aprovechado la pandemia para sacar ventaja, a pesar de la promesa de erradicar este tipo de conductas.

Recordó el caso del director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, quien registró a su familia para recibir la vacuna contra el Covid-19, a pesar de no estar dentro del grupo prioritario.

“Pero la única sanción fue separarlo de su cargo e iniciarle una investigación, pero dadas las circunstancias de la pandemia, se trata de una política criminal, donde como servidor público, no debe mantener su cédula y debió ser acreedor a un castigo penal”, expresó.

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