/ miércoles 20 de enero de 2021

Homicidio contra menores requiere mayores sanciones

La fracción de Morena demanda mecanismos gubernamentales que permitan proteger a personas con mayor exposición

Incrementar las sanciones en materia de homicidio calificado en contra de menores de edad, promueve la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, al demandar mecanismos gubernamentales que permitan proteger a personas con mayor exposición.

Al respecto, la legisladora morenista Isabela Rosales Herrera, presentó una iniciativa para modifica el Código Penal para el Distrito Federal, con el argumento de que, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), revelan que la violencia generada por la delincuencia organizado tiene un efecto replicante en niños, principalmente aquella ocasionada por crímenes de alto impacto.

Se pronunció por aumentar las sanciones en materia de homicidio calificado en contra de menores de edad, al considerar que el Estado mexicano, como principal defensor de la seguridad y guardián del interés superior de la niñez, debe incorporar dentro de su cuerpo legal medidas que garanticen la máxima protección hacia los más vulnerables.

Dijo que el fenómeno de violencia y su recrudecimiento ha sido producto de medidas inadecuadas impuestas hace poco más de una década en el país y que, hoy en día es necesario proteger a los menores quienes, en la indefensión, pueden convertirse en víctimas mortales de venganzas y atentados por parte de grupos delictivos.

Rosales Herrera, en su propuesta, fundamentó la necesidad de modificar el Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal para agregar que quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión y “de ser efectuado en contra de un menor de edad, la pena que se impondrá será de 40 a 60 años de prisión”.

Expuso que el estudio Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por UNICEF, revela que en 2016 se registraron en el mundo más de 20 mil casos de agresiones intencionadas contra el sector infantil, de las cuales, un 60 por ciento fueron ocasionadas con armas de fuego, en su mayoría de manera intencional.

Incrementar las sanciones en materia de homicidio calificado en contra de menores de edad, promueve la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, al demandar mecanismos gubernamentales que permitan proteger a personas con mayor exposición.

Al respecto, la legisladora morenista Isabela Rosales Herrera, presentó una iniciativa para modifica el Código Penal para el Distrito Federal, con el argumento de que, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), revelan que la violencia generada por la delincuencia organizado tiene un efecto replicante en niños, principalmente aquella ocasionada por crímenes de alto impacto.

Se pronunció por aumentar las sanciones en materia de homicidio calificado en contra de menores de edad, al considerar que el Estado mexicano, como principal defensor de la seguridad y guardián del interés superior de la niñez, debe incorporar dentro de su cuerpo legal medidas que garanticen la máxima protección hacia los más vulnerables.

Dijo que el fenómeno de violencia y su recrudecimiento ha sido producto de medidas inadecuadas impuestas hace poco más de una década en el país y que, hoy en día es necesario proteger a los menores quienes, en la indefensión, pueden convertirse en víctimas mortales de venganzas y atentados por parte de grupos delictivos.

Rosales Herrera, en su propuesta, fundamentó la necesidad de modificar el Artículo 128 del Código Penal para el Distrito Federal para agregar que quien cometa homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión y “de ser efectuado en contra de un menor de edad, la pena que se impondrá será de 40 a 60 años de prisión”.

Expuso que el estudio Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por UNICEF, revela que en 2016 se registraron en el mundo más de 20 mil casos de agresiones intencionadas contra el sector infantil, de las cuales, un 60 por ciento fueron ocasionadas con armas de fuego, en su mayoría de manera intencional.

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