Agrupaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles que organizan la marcha del “2 de octubre, no se olvida”, dieron a conocer que se movilizarán, a partir de las 12:00 horas, el próximo domingo 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, con el fin de conmemorar esa fecha significativa del país.
Los organizadores demandaron a las autoridades capitalinas que no haya presencia de policías “grupos represivos” durante la movilización convocada para recordar el 54 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
En la marcha pacífica, dijeron, diversas organizaciones estudiantiles, sindicales, populares, “realizaremos un mitin en el que reclamaremos como puntos centrales “la no a la militarización y alto a la impunidad”, “Juicio a los genocidas de 68, de 71 y la guerra sucia”, “¡Por la Verdad, la Justicia y la Memoria Popular! ¡Contra la Impunidad!”
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En una conferencia de prensa en el Cencos, Víctor Guerra, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, en compañía de representantes de la Casa de Estudiantes y la FECSM, argumentó que “una marcha sin policías es una marcha sin incidentes”.
Guerra puntualizó que esta es una convocatoria abierta para llevar a cabo una movilización pacífica en recuerdo de los hechos ocurridos en 1968.
Resaltó que su llamado es a una movilización en la que no intervenga la violencia, mismo que se hace extensivo a los grupos que en años anteriores se vieron involucrados con desmanes y daños.
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En caso de que se den enfrentamientos los únicos responsables serán los uniformados quienes provocan a los manifestantes, expuso.
El Comité 68 remarcó que lo del 2 de octubre de 1968, “fue una acción concertada por el Estado Mexicano, utilizando al Estado mayor Presidencial, que disparó desde la azotea del Edificio Chihuahua, al Batallón Olimpia; a la tropa del Ejército Mexicano que rodeó Tlatelolco y que disparó contra la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas.
A las fuerzas aéreas, a la Policía Federal de la Dirección Federal de Seguridad que rodeó el Edificio Chihuahua y junto con el Batallón Olimpia detuvieron a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga que se encontraban en el tercer piso y los trasladaron a la cárcel clandestina del Campo Militar Número 1 y a diferentes prisiones.
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A lo largo de nuestra historia el Ejército ha sido utilizado por el Estado Mexicano para reprimir a los movimientos sociales y en últimas fechas ha quedado en evidencia que tuvo una participación directa en la brutal agresión y desaparición forzada de 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya presentación con vida hoy reclamamos.
Guerra refirió que durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió retirar a sus cuarteles a los militares para cumplir con la Constitución y que las tareas de Seguridad Pública se llevaran a cabo por las autoridades civiles.
Sin embargo, las capitanías de los puertos pasaron a manos de la Secretaría de Marina, una de las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano. Mediante la Reforma Constitucional de 2019, se creó la Guardia Nacional con el objeto de desarrollar tareas de Seguridad Pública, aunque en la práctica está integrada en un 80% de sus 110,000 efectivos por policía militar y policía federal y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Recientemente AMLO ha propuesto una iniciativa de Ley, bajo el argumento de que el Ejército debe permanecer en las calles realizando tareas de seguridad pública, alargando el periodo de 2024 a 2028, la cual no fue aprobada; y por lo cual, para retomar dicha iniciativa, ahora pretende llevar a cabo una consulta ciudadana no constitucional y no vinculante, bajo en nombre de “ejercicio de participación social”, que llevará a cabo la Secretaría de Gobernación; para darle legitimidad a su propuesta de mantener al Ejército en las calles.
Insistiendo en una Estrategia de Seguridad Pública, que no ha tenido resultados satisfactorios, pues hay más de 200 mil desaparecidos y 35 mil homicidios al año y un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en contra de la población civil, cometidos por las fuerzas armadas.
Estos hechos demuestran que México está en un proceso de militarización, donde la seguridad pública se pone bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y es ejecutada por el Ejercito, la Marina y la Guardia Nacional, implementando una estrategia que además de no tener resultados efectivos en la disminución de la delincuencia y la inseguridad, sí trae como consecuencia una violación sistemática a los derechos humanos, principalmente entre los integrantes de los movimientos sociales.
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De integrarse la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, - cosa que en los hechos ya está- se puede afirmar que el gobierno ha entregado la seguridad pública a los militares, en contra de las normas constitucionales.
Algunas de las organizaciones que participarán están el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, Colectivo de resistencia Estudiantil 10 de Junio y el Comité Estudiantil Metropolitano, entre otros.
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