/ martes 23 de noviembre de 2021

Buscan que trabajadoras del hogar reciban aguinaldo, contrato y seguridad social

En México hay 2.2 millones personas trabajadoras del hogar, 9 de cada diez son mujeres y representan al 4% de las personas ocupadas en el país

Organizaciones civiles y el gobierno de la Ciudad de México lanzaron una campaña para que las personas empleadoras de trabajadoras del hogar cumplan sus obligaciones de aguinaldo, contrato y seguridad social.

Durante la presentación de la campaña #MásqueOpciónEsUnDerecho, ante la presencia del secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, José Luis Rodríguez Díaz de León, representantes de las organizaciones civiles alertaron que la emergencia sanitaria por Covid-19 agudizó las condiciones de precariedad de las trabajadoras del hogar.

Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) destacó que durante la pandemia se han intensificado las cargas de trabajo de cuidados y limpieza debido al confinamiento; por otra parte, destacó que las restricciones de movilidad y la suspensión de actividades escolares hacen más necesarios los cuidados a poblaciones de dependencia como niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores.

Informó que en México, hay 2.2 millones personas trabajadoras del hogar, 9 de cada diez son mujeres y representan al 4% de las personas ocupadas en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) del primer trimestre de 2021.

Actualmente, la ENOE señala que el 96% de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado trabajan en la informalidad; 71% no tienen prestaciones, el 89.5% ganan dos salarios mínimos o menos.

Solo el 8.5% recibe vacaciones con goce de salario, el 98% no tienen seguridad social ni acceso a servicios de salud y solo el 1.5% están afiliadas al programa Piloto del IMSS. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 74% no recibe aguinaldo por el trabajo que realiza.

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“La campaña busca concientizar a quienes emplean a trabajadoras del hogar sobre algunos de los derechos que por ley les corresponden como el aguinaldo, contrato y el registro al Seguro Social. Hoy son obligaciones de las personas empleadoras, y también una responsabilidad del Estado garantizarlos”, señaló Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Durante el evento el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León señaló que en caso de que no se respeten los derechos, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo junto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, “cuenta con la facultad para asistir jurídicamente a las personas que así lo deseen y poder interponer los procedimientos legales que corresponden”.

Esta emergencia sanitaria ha tenido consecuencias en cuanto al incremento de los riesgos a su salud: han sido presionadas o persuadidas a trabajar en esquemas de planta sin descanso adecuado y alejadas de sus familiares. Quienes trabajan en la modalidad de tiempo parcial se desplazan principalmente en transporte público, esto las expone a contraer el virus y ser transmisoras potenciales al interior de sus hogares, aumentando su vulnerabilidad al no contar con acceso a servicios de salud, pues la mayoría carece de afiliación a la seguridad social.

Estas condiciones profundizan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que se encuentran, además de enfatizar las desigualdades sociales porque los salarios precarios, la falta de prestaciones sociales y la condición de discriminación representan empobrecimiento y mínimas posibilidades para enfrentar situaciones emergentes o de invertir en su futuro o en el de su familia, alertó Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

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Organizaciones civiles y el gobierno de la Ciudad de México lanzaron una campaña para que las personas empleadoras de trabajadoras del hogar cumplan sus obligaciones de aguinaldo, contrato y seguridad social.

Durante la presentación de la campaña #MásqueOpciónEsUnDerecho, ante la presencia del secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX, José Luis Rodríguez Díaz de León, representantes de las organizaciones civiles alertaron que la emergencia sanitaria por Covid-19 agudizó las condiciones de precariedad de las trabajadoras del hogar.

Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) destacó que durante la pandemia se han intensificado las cargas de trabajo de cuidados y limpieza debido al confinamiento; por otra parte, destacó que las restricciones de movilidad y la suspensión de actividades escolares hacen más necesarios los cuidados a poblaciones de dependencia como niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores.

Informó que en México, hay 2.2 millones personas trabajadoras del hogar, 9 de cada diez son mujeres y representan al 4% de las personas ocupadas en el país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) del primer trimestre de 2021.

Actualmente, la ENOE señala que el 96% de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado trabajan en la informalidad; 71% no tienen prestaciones, el 89.5% ganan dos salarios mínimos o menos.

Solo el 8.5% recibe vacaciones con goce de salario, el 98% no tienen seguridad social ni acceso a servicios de salud y solo el 1.5% están afiliadas al programa Piloto del IMSS. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 74% no recibe aguinaldo por el trabajo que realiza.

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“La campaña busca concientizar a quienes emplean a trabajadoras del hogar sobre algunos de los derechos que por ley les corresponden como el aguinaldo, contrato y el registro al Seguro Social. Hoy son obligaciones de las personas empleadoras, y también una responsabilidad del Estado garantizarlos”, señaló Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Durante el evento el Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León señaló que en caso de que no se respeten los derechos, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo junto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, “cuenta con la facultad para asistir jurídicamente a las personas que así lo deseen y poder interponer los procedimientos legales que corresponden”.

Esta emergencia sanitaria ha tenido consecuencias en cuanto al incremento de los riesgos a su salud: han sido presionadas o persuadidas a trabajar en esquemas de planta sin descanso adecuado y alejadas de sus familiares. Quienes trabajan en la modalidad de tiempo parcial se desplazan principalmente en transporte público, esto las expone a contraer el virus y ser transmisoras potenciales al interior de sus hogares, aumentando su vulnerabilidad al no contar con acceso a servicios de salud, pues la mayoría carece de afiliación a la seguridad social.

Estas condiciones profundizan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que se encuentran, además de enfatizar las desigualdades sociales porque los salarios precarios, la falta de prestaciones sociales y la condición de discriminación representan empobrecimiento y mínimas posibilidades para enfrentar situaciones emergentes o de invertir en su futuro o en el de su familia, alertó Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

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