La iniciativa con la que se pretende tipificar el stealthing o violencia de retiro de preservativos en una relación sexual, a fin de garantizar los derechos a la salud, reproductivos y de la libre sexualidad, será materia a analizar por parte de los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.
Al respecto, el diputado de Morena proponente de la iniciativa, Nazario Norberto Sánchez, explicó que en el proyecto se plantea un tipo penal que imponga una sanción de tres meses a tres años y de 150 a 300 días multa, es decir más de 52 mil pesos a quien dañe el derecho de otra persona del uso libre de anticonceptivos.
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Esta práctica pone en riesgo a cualquier persona de contagiarse de diversas infecciones como es el VIH, que desde su descubrimiento, entre 1983 y noviembre de 2021 se contabilizaron 328 mil 791 casos de personas infectadas (mujeres 18.6 por ciento y hombres 81.4); de estas 201 mil 439 viven con el virus.
Asimismo, se diagnosticaron 11 mil 869 nuevos casos durante 2021, de estos el 86.2 por ciento correspondió a casos a hombres y el 13.8 a mujeres.
El congresista morenista que preside la Comisión de Seguridad Ciudadana del Poder Legislativo local, consideró pertinente reformar la denominación del capítulo II del título tercero, y adicionar el artículo 159 Bis, ambos del Código Penal para la Ciudad de México, al que, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se abstenga, deje de utilizar o dañe dolosamente un método anticonceptivo de barrera durante las relaciones sexuales.
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Fundamentó que el stealthing o remoción del preservativo durante la relación sexual sin el consentimiento de una de las partes, atenta contra los derechos a la indemnidad sexual, así como de la integridad física y psicológica de la víctima.
“Por lo tanto, en aras de asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población en general debemos considerar esta práctica como riesgosa y penalizarla”, precisó el representante popular.
Comentó que en España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania y Costa Rica hay leyes que sancionan dicha conducta, al tiempo que en México han existido dos propuestas, mismas que no han avanzado para su aprobación.
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