Integrantes del Congreso de la Ciudad de México dispusieron elevar a rango constitucional la denominada ley 3 de 3 contra la violencia, con lo que se prohíbe el acceso a un empleo, cargo o comisión pública a violentadores de mujeres y deudores alimentarios.
Representantes populares de las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales del recinto de Donceles y Allende, estuvieron de acuerdo que la persona que se encuentre en los supuestos tampoco podrá registrarse a una candidatura por un cargo de elección popular.
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En sesión de trabajo, fue avalado el dictamen respecto a las iniciativas presentadas por las diputadas coordinadoras de las bancadas del PRD y de Morena, Gabriela Quiroga Anguiano y Martha Soledad Ávila Ventura, respectivamente, para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de violencia política de género.
Las personas legisladoras que participaron, decidieron adicionar el numeral 11 al artículo 10 apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se establece los supuestos mencionados son:
- a) contar con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo sicosexual delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual
- b) por violencia política contra las mujeres en razón de género
- c) se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Poder Legislativo local, el panista Diego Orlando Garrido López, explicó que además se modifica el artículo 27, al adicionar un párrafo que indica: “asimismo deberá establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos”.
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Marco normativo
Resulta que la propuesta de Quiroga Anguiano tiene la finalidad de fortalecer el marco normativo para prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género, a fin de asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ámbito político.
El dictamen indica que, a pesar de diversos esfuerzos para combatir la violencia de género, esta sigue al alza, incrementando la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, por lo que la primera iniciativa dictaminada plantea la obligación de los partidos políticos de garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad, a través de acciones afirmativas, financiamiento público y acceso a tiempos de radio y televisión en tiempo electoral.
Asimismo, plantea prohibir que la propaganda política se base en estereotipos de género, así como un requisito de elegibilidad, que consiste en no haber sido sancionado o sancionada por violencia política de género, en la ley electoral.
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Erradicar violencia
Por su parte, en el mismo sentido, la iniciativa presentada por Ávila Ventura, busca establecer herramientas para erradicar la violencia ejercida hacia las mujeres; se integra como requisito de elegibilidad para contender a los cargos de elección popular, el no tener condena con sentencia firme por delitos contra la libertad y violencia familiar, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
En el marco de la discusión del dictamen, Gabriela Quiroga consideró importante el paso que da la ciudad para blindar de violentadores al servicio público. Aseguró que su grupo parlamentario no dará un paso atrás en la defensa de la violencia contra las mujeres y las infancias. También solicitó que en el dictamen se mencione a colectivos feministas, a fin de que ese movimiento sea visibilizado en el contexto de estas iniciativas.
Mientras, el coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres González, señaló que el cuerpo del dictamen requiere modificaciones porque no se integra el razonamiento que integra el criterio para un sólo ordenamiento.
Garrido López coincidió en agregar un considerando para subsanar las peticiones de las personas legisladoras Royfid Torres González y Gabriela Quiroga Anguiano.
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