Hasta mayo de 2023, en México existían 5,007 personas adolescentes en conflicto con la Ley; de las cuales 1,313 se encuentran privadas de la libertad (26% del total) en alguno de los 45 centros de internamiento para adolescentes existentes a nivel nacional.
Los estados con mayor población de adolescentes en conflicto con la ley son Estado de México, con 450; Jalisco con 434; Sonora 406; Nuevo León, con 330 y Baja California 311. En el caso de la CDMX 117.
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Revela el estudio Situación de los Derechos de las Personas Adolescentes Privadas de la Libertad en México, realizado por la Organización Civil, Documenta, con que cuenta LA PRENSA, el cual resalta que los adolescentes se encuentran en rangos etarios que van de los 14 a los 25 años.
La investigación realizada por Nayomi Naoyama González y Dulce Jainé Zeferino, resalta que en el caso de las mujeres es un 49.8%, mientras que en el caso de los hombres es un 47.2%.5.
El estudio resalta la carencia de espacios dignos y seguros para su estancia, la inexistencia de planes de actividades que tomen en consideración derechos como el libre desarrollo de la personalidad, así como falta de coordinación entre los actores corresponsables son algunas de las barreras principales detectadas.
De las y adolescentes que recibieron visitas el 46% señaló que su visita realizó un pago para pasar comida. La CNDH detectó que al menos en 12 centros penitenciarios no se cuentan áreas específicas para visitas familiares. Según información del mismo organismo, 16.62% de señaló no tener acceso gratuito a establecer comunicación telefónica.
Asimismo, la CNDH reportó que existen en todo el país 13 personas adolescentes con algún tipo de discapacidad física y 17 con discapacidad psicosocial.
Respecto a su situación socio-familiar el 27.7% de las personas adolescentes reportó estar o haber estado casadas o en unión libre. Las mujeres adolescentes tuvieron una mayor incidencia en cuanto a unión conyugal. La edad promedio de estas uniones fue de 17.2 años.
El 23.6% de la población mencionó tener dependientes económicos una semana antes de su detención, de los cuales en un mayor porcentaje mantenían a su pareja, seguido de su madre e hijos.
El 23.7% de los hombres y el 27.9% de las mujeres reportó tener hijas e hijos, un total de 823 personas adolescentes. La edad promedio de tener su primer hijo fue de 17.7 años para hombres y 16.9 años para mujeres. Siendo la edad promedio de sus hijas e hijos los 2.9 años.
El 79% de estos niños están siendo cuidados por el padre o la madre que no está privado de la libertad.
El 97.9% de las personas adolescentes que se identificó como hombre, el 95.9% declaro tener una orientación heterosexual, el 1.3% homo sexual y el 2.6 bisexual. De la población de mujeres el 96.8% se identificó como mujer, el 82.1% declaró tener orientación heterosexual, el 2.5% homosexual y el 14.8% bisexual.
En relación a la escolaridad el 72.5% de la población de mujeres tenía educación básica, mientras que el 71.6% de la población de hombre tenía el mismo nivel.
Del 1.9% del que tiene educación superior, el 78.9% la obtuvo después de su detención. En el caso de la educación básica, el 71.5% la obtuvo previo a su detención, explica la investigación.
Actualmente el 62.3% de las mujeres y el 67.3% de los hombres se encuentran estudiando. Anterior a su detención el 58.9% de los hombres y el 51.1% de mujeres adolescentes no se encontraba estudiando; siendo las principales causas tener que trabajar (26% del total) y a falta de interés agrupa no le gustaba o no le interesa va la escuela o “no se le daba” la escuela (23.95% del total).
Nayomi Naoyama detalló que como parte del lenguaje incluyente, ya no se dice ni Correccionales ni tutelares de menores, ahora es Centro de internamiento para personas adolescentes.
La especialista resaltó que el Sistema de Justicia Integral para Adolescentes en México, reconoce las diferencias importantes entre las personas adultas y las personas adolescentes en la comisión de conductas penadas.
El Sistema Penitenciario y el Sistema Integral comparten algunas características, pero en su esencia son totalmente diferentes. La Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes se integra bajo los principios interés superior de la infancia, autonomía progresiva y protección integral.
Pero lo anterior, “se han podido documentar importantes barreras que afectan de forma importante el ejercicio de los derechos de las personas adolescentes en el Sistema Integral de Justicia, especialmente de aquellas que se encuentran privadas de la libertad”, resaltó.
El estudio resalta también la carencia de espacios dignos y seguros para su estancia, la inexistencia de planes de actividades que tomen en consideración derechos como el libre desarrollo de la personalidad, así como falta de coordinación entre los actores corresponsables son algunas de las barreras principales detectadas.
Acerca del personal con el que se cuenta, se cubren las vacantes, “pero en muchos casos señalan que no han sido capacitados para el cargo que desempeñan, mucho menos en temas de derechos humanos, prevención de la tortura o derechos de las personas adolescentes, lo que lleva a contar con un personal que se encuentra muy lejos de empatizar y acompañarles durante su proceso.
Aun cuando las condiciones citadas, no son idóneas para mantener el orden y la integridad de las personas adolescentes, la CNDH encontró dormitorios en los que la visibilidad del interior estaba obstruida por objetos como sábanas o plásticos, lo cual impide mantener el control de lo que sucede en su interior.
Documenta plantea diversas propuestas entre ellas, la creación de programas efectivos para la reintegración social que tomen en consideración las necesidades específicas de las personas adolescentes. Especialmente las situaciones de riesgo que pudieron haber influido en la comisión de actos delictivos.
Debido a los altos niveles de consumo temprano de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes en conflicto con la ley, es necesaria la creación de programas respetuosos de sus derechos humanos que les brinden herramientas para el consumo no problemático.
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