El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, Max Correa, advirtió que la crisis hídrica en el sistema Cutzamala se debe, entre otros factores, a que el 70% de los volúmenes de este recurso natural están acaparados por el 2% de los concesionarios, incurriendo en acciones lucrativas con el agua.
Durante el Foro Situación Actual del Abasto de Agua Potable en la Zona Metropolitana del Valle de México, el diputado manifestó que la sequía que golpea a miles de familias también se debe al modelo indiscriminado de extracción como eje rector en el modelo de gestión de agua, además de la destrucción de bosques, contaminación de ríos y secado de humedales.
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En el municipio de Tlalnepantla, el legislador dijo que las políticas gubernamentales implementadas por años en torno al agua, han privilegiado el negocio al considerar al líquido como una mercancía y no como un derecho constitucional.
Ante el Secretario del Agua del gobierno del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, vecinos del Valle de México, autoridades municipales e investigadores, Max Correa afirmó que los gobiernos neoliberales han visto en la administración de este recurso natural una gran oportunidad, concentrando las concesiones de agua en pocas manos.
Al respecto, Pedro Moctezuma Barragán, aseguró que desde hace cuando menos 15 años ya existían avisos y se sabía que venía este problema. “Ya nos alcanzó la crisis, había diagnósticos desde hace 15 años, pero la autoridad ha sido omisa, por ello sumamos esfuerzos para superar los próximos meses y el futuro inmediato”, estamos a tiempo para una acción conjunta, que sea el ejemplo al centro del país, pasar de un modelo extraccionista a cíclico.
Coincidió con el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, en el sentido de que el agua no es una mercancía, sino un derecho Constitucional y ante la crisis hídrica que se vive coincidieron en la necesidad de un cambio en el marco legal del modelo de Gestión del Agua.
El funcionario estatal cuestionó sobre las acciones de la Comisión Nacional del Agua para evitar la crisis, así como para evitar el huachicoleo del agua, aunado a que, dijo, “los cortes (en el suministro del líquido) se aplican parece que primero a los pobres”.
Aseveró que la crisis es generada por obtener grandes ganancias en proyectos. “El agua es un derecho humano, aunque las grandes sequías pueden provocar grandes saqueos”, dijo. Reiteró que se debe protestar con organización para que la ciudadanía participe en campañas de alfabetización hídrica, el combate al huachicoleo, contraloría contra concesiones irregulares, para evitar extracción irregular, fugas de agua, así como la apertura de una oficina del derecho al agua.
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Puntualizó que para mitigar y enfrentar la crisis hay acercamiento con municipios para realizar obras, y se escucha a nivel municipal y estatal las voces de parte del gobierno estatal. Calificó como indispensable un marco legal que cambie el modelo de gestión del agua y se defiende la Ley General de Aguas para que se incluya en el paquete de modificaciones a la ley que presentará el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.
Subrayó que el objetivo es que se cuente con la Ley de Aguas del Estado de México y que sea un modelo a nivel nacional que vendrá en el Plan Hídrico.
Max Correa agregó que es urgente combatir la crisis hídrica en el Sistema Cutzamala, y para ello deben conocerse las acciones de los gobiernos en busca de soluciones inmediatas. Señaló que durante administraciones pasadas han aplicado el modelo extractivista en la gestión del agua, y consideraron el vital líquido como una mercancía, lo que ha destruido los bosques, contaminado los ríos y secado los humedales.
Ante los presentes al foro, quienes algunos portaban cartulinas exigiendo agua en sus comunidades, así como denuncias de cobros excesivos del Sistema de Agua Potable de Tlalnepantla, el huachicoleo y hasta la venta clandestina de agua por medio de pipas, destacó que se debe de adquirir un compromiso “para involucrarnos y participar en una “Contraloría Social de la Gestión del Agua”, bajo la premisa con el pueblo todo, sin el pueblo nada, como lo ha destacado el actual gobierno porque -dijo- no va a haber solución sin la participación ciudadana”.
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