/ jueves 25 de febrero de 2021

Robo y mercado clandestino de Gas L.P un riesgo para la sociedad mexicana

El 2020 fue el año con mayor cantidad de tomas clandestinas de Gas L.P.: 23 mil 323, lo que significa 64 tomas nuevas por día

El robo y distribución ilícita de Gas L.P. se ha convertido en una de las actividades más rentables para agrupaciones que operan al margen de la ley en zonas de influencia como Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas.

Así lo denunció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) al destacar que datos disponibles señalan que en 2019 se registraron 13,136 tomas clandestinas, y se estima que equivale a 58,000 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de $13,224 millones de pesos al año.

Estas cifras se incrementaron para el año 2020 a 23,323 tomas clandestinas con un estimado de 102,950 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de $30,168 millones de pesos al año. Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año.

El organismo señaló que el origen del problema es el robo continuo y creciente a los ductos de PEMEX, lo que impacta negativamente a la empresa del Estado y, con ello al patrimonio de todos los mexicanos.

Indicó que la consecuencia del problema anterior, es la distribución ilícita del gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad de operaciones y de protección al consumidor final que establece la ley y que son fundamentales para poder garantizar la seguridad del 80% de los hogares mexicanos y de cientos de miles de empresas que consumen Gas L.P.

El robo de combustibles se ha padecido durante las últimas dos décadas, sin embargo, durante varios años se mantuvo acotado en un volumen menor, que permitió contener el daño ocasionado al Estado mexicano y la sociedad en su conjunto, indicó.

Para el periodo comprendido entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de PEMEX se incrementaron 750%, acumulando 41,316 tomas a lo largo del sexenio. Tan solo en los últimos 3 años acumulan 49,040 tomas clandestinas, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años.

Esta situación provocó que el año pasado el ducto estuvo fuera de operación 140 días, es decir el 38% del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población.

Denunció que para completar la cadena del robo de gas, se han formado agrupaciones y pseudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto.

Destacó que en el escenario actual del creciente robo y distribución ilícita del Gas L.P., ocasiona grandes pérdidas para PEMEX, para el Estado mexicano, para la recaudación de impuestos, los trabajadores, impacta en el empleo formal, en las empresas formales que se dedican a la distribución, se frenan nuevas inversiones en el sector energético, pero principalmente pierde la sociedad mexicana, al verse rebasada por la delincuencia y exponerla a inminentes accidentes de graves consecuencias y a pagar todos los costos implícitos de este entorno.

Enfatizó que el robo a PEMEX ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el país, sin embargo, el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad, está causando un impacto aun mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.

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El robo y distribución ilícita de Gas L.P. se ha convertido en una de las actividades más rentables para agrupaciones que operan al margen de la ley en zonas de influencia como Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas.

Así lo denunció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) al destacar que datos disponibles señalan que en 2019 se registraron 13,136 tomas clandestinas, y se estima que equivale a 58,000 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de $13,224 millones de pesos al año.

Estas cifras se incrementaron para el año 2020 a 23,323 tomas clandestinas con un estimado de 102,950 toneladas robadas por mes, con un valor de mercado de $30,168 millones de pesos al año. Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año.

El organismo señaló que el origen del problema es el robo continuo y creciente a los ductos de PEMEX, lo que impacta negativamente a la empresa del Estado y, con ello al patrimonio de todos los mexicanos.

Indicó que la consecuencia del problema anterior, es la distribución ilícita del gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad de operaciones y de protección al consumidor final que establece la ley y que son fundamentales para poder garantizar la seguridad del 80% de los hogares mexicanos y de cientos de miles de empresas que consumen Gas L.P.

El robo de combustibles se ha padecido durante las últimas dos décadas, sin embargo, durante varios años se mantuvo acotado en un volumen menor, que permitió contener el daño ocasionado al Estado mexicano y la sociedad en su conjunto, indicó.

Para el periodo comprendido entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de PEMEX se incrementaron 750%, acumulando 41,316 tomas a lo largo del sexenio. Tan solo en los últimos 3 años acumulan 49,040 tomas clandestinas, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años.

Esta situación provocó que el año pasado el ducto estuvo fuera de operación 140 días, es decir el 38% del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población.

Denunció que para completar la cadena del robo de gas, se han formado agrupaciones y pseudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto.

Destacó que en el escenario actual del creciente robo y distribución ilícita del Gas L.P., ocasiona grandes pérdidas para PEMEX, para el Estado mexicano, para la recaudación de impuestos, los trabajadores, impacta en el empleo formal, en las empresas formales que se dedican a la distribución, se frenan nuevas inversiones en el sector energético, pero principalmente pierde la sociedad mexicana, al verse rebasada por la delincuencia y exponerla a inminentes accidentes de graves consecuencias y a pagar todos los costos implícitos de este entorno.

Enfatizó que el robo a PEMEX ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el país, sin embargo, el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad, está causando un impacto aun mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.

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