En la recta final de las campañas nacionales, estatales y locales, el panorama se ha vuelto turbio.
La violencia electoral es la constante a lo largo y ancho del territorio de México, propiciada por la polarización institucional.
Se trata de una violencia auspiciada desde el poder por omisión bajo la política gubernamental: “abrazos no balazos”.
La violencia política ha dejado hasta el momento más de 700 víctimas en todo el proceso electoral.
Dicha cifra arroja 225 asesinatos de candidatos, políticos y ex servidores públicos.
Los datos son de la empresa Integralia de Luis Carlos Ugalde dedicada a realizar estos recuentos.
El cóctel criminal incluye asesinatos, secuestros, desaparecidos, atentados, amenazas, intimidaciones y venganzas políticas.
Ugalde hizo eco a las proyecciones de altos jefes militares de Estados Unidos, que estiman una ocupación del territorio municipal de hasta un 30%.
Chiapas y Guerrero, son las entidades que aglutinan la mayor cantidad de hechos violentos.
Lo anterior ha causado que las autoridades destinen vía el Instituto Nacional Electoral (INE) protección a más de 500 candidatos.
Para este proceso se disputan más de 20 mil cargos. El gasto en vigilancia y resguardo ha sido altamente oneroso.
Estos días, el Ejército reportó haber destinado alrededor de 3 mil elementos al cuidado y protección de candidatos.
Adicionalmente, cada entidad ocupa elementos de la Guardia Nacional, agentes e integrantes de los diferentes cuerpos policiacos.
Lo más grave es que la inseguridad alcanzó a candidatos de la Ciudad de México, donde en el pasado era la entidad con menor reporte de ese tipo de incidentes.
El caso más notable es el atentado contra de la candidata de la Alianza Va X la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega.
Otros candidatos que han sido amenazados, hostigados e intimidados, también han recibido protección, en la mayoría de los casos, en forma discreta.
La cuestión es que en la capital del país, a los eventuales agresores se les complican los atentados por el elevado número de cámaras de vigilancia.
Esto es lo que sucede en medio de un ambiente crispado y que en nada abona la desunión propiciada desde Palacio Nacional.
De parte del Ejecutivo no hay mensajes que llamen a la unidad o al menos a la civilidad, sino todo lo opuesto.
La polarización nace y se impulsa desde el poder.
PROSPECCIÓN… El pleno del Congreso de la Ciudad de México por unanimidad votó a favor de que el gobierno central atraiga los programas sociales de las alcaldías. De esa manera, se aprobó en lo general la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, enviada por Martí Batres, consistente en que “en ningún caso las alcaldías podrán establecer programas y políticas sociales que repliquen las establecidas por el Gobierno Central”. Los supuestos artífices de los programas sociales, ahora se los quitan a las alcaldías, donde se perfila que en su mayoría triunfe la oposición. La discusión en lo particular quedó pendiente por falta de quórum.
X: @JoelSaucedo
