Actualmente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hay mil 100 trabajadores, de los cuales 60% aproximadamente son mujeres. El caso es que desde hace más de 10 años, y hasta la fecha, el señor Rubén Flores Quintero, que es el secretario general de la sección 24 del sindicato, con el apoyo de Joel Ayala Almeida, secretario general de la FSTSE; se dedica a vender las plazas de base en la junta y hay acusaciones serias sobre su conducta con algunas mujeres a cambio de darles la base, esta conducta generó un movimiento de resistencia importante enla que hay cuatro demandas, fin a la venta de plazas, al hostigamiento sexual y laboral y a la violación de los derechos laborales. Según obliga a los eventuales a acudir a eventos políticos con la amenaza de que si no van les quitara su interinato y llega a pedir hasta 150 mil pesos por una plaza, no defiende los derechos de sus agremiados e impone a sus protegidos en las distintas áreas de la Junta para que les en un trato privilegiado intercambiando favores. Ejerce terrorismo laboral y hostigamiento laboral en contra de los trabajadores que no se someten a sus caprichos, toda esta denuncia la hacen los trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, de raya, de interinado y de confianza de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
El atentado a Alejandra Rojo de la Vega fue el punto de quiebre de la campaña por la alcaldía Cuauhtémoc y la manera en que está haciendo el trabajo en la calle está prendiendo todas las alarmas en la campaña de enfrente, entre los pleitos internos que el senador de Zacatecas ha tenido en los últimos años por su paso por Morena y el ejercicio de los cargos que siempre deja desgaste; solo les queda intensificar operativos de movilización y acarreo de votos. Parece que la participación ciudadana será clave en la definición de la Cuauhtémoc.
Nos cuentan que en Veracruz ya Rocío Nahle quiere que termine la semana. Le fue terriblemente mal en redes así como en los medios en los últimos días. Nos cuentan que en la campaña hasta le dijeron que esta semana retrocedió un par de puntos en las encuestas. Si bien insisten en que aún hay ventaja, ya hay resultados y las empresas que miden la opinión hablan de un empate técnico, lo que es un hecho es que varios municipios veracruzanos tendrán alternancia. Lo cierto es que lo que parecía una campaña soñada con una amplia ventaja, terminará con angustias para el equipo de Nahle, además de mucho que explicar por las revelaciones que se han dado a conocer durante la campaña.
Toño Astiazarán, actual candidato por otros tres años más en la alcaldía de Hermosillo, dice que la gente lo elegirá por su buen trabajo. Alguien debería recordarle que del plato a la boca se cae la sopa, y es que nos cuentan que sus planes de privatizar el sistema de aguas en la ciudad, así como su error de usar patrullas eléctricas, le han dado dolores de cabeza a sus consultores que le piden mida sus palabras. Todo indica que habrá alternancia, con María Dolores del Río de la coalición Morena PT y PVEM, sin echar a volar las campanas, el único que le puso el pie a su campaña fue el propio Astiazarán.
El candidato a diputado de Morena, Bayardo Ojeda, denunció ante el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y ante la FGR, de Alejandro Gertz, al también miembro de la 4T Joaquín “Huacho” Díaz Mena, candidato a la gubernatura de Yucatán por defraudación fiscal y por la probable comisión de otros delitos, como enriquecimiento ilícito. Lo anterior porque en su declaración 3 de 3 el exdelegado del Bienestar aseguró ganar 400 mil pesos mensuales por actividades empresariales; sin embargo, en su declaración ante el SAT únicamente reportó sus salarios como funcionario y omitió sus ingresos como empresario. De ahí que se pidiera en la denuncia ante las autoridades revisar el origen de sus recursos y la posible violación a diversas disposiciones penales y fiscales.
Ayer le contamos de la historia del cártel inmobiliario de Zapopan, bueno, pues hay nuevos datos y nos dicen que en 2021 al empresa Compira, propiedad de la familia de Pablo Lemus, vendió a Grupo Constructor Terla cuyos socios recibieron contratos por más de 250 millones de pesos por parte de los municipios de Guadalajara y de Zapopan. Una vez que Compira vendió a Grupo Terla, inició un sospechoso proceso de liquidación con el que pretendía evitar obligaciones fiscales, procedimiento protocolizado por el notario, Alejandro Durán Llamas, a quien le fue revocado el fiat en junio de 2022, al detectarse diversas irregularidades en su función notarial.
