Bajo el estandarte de la honestidad y una vez encumbrados en el poder, los integrantes del actual gobierno federal, a unos meses de cumplir el primer año de gobierno, de manera gradual, han ido sacando la espada para arrinconar a algunos sectores poblacionales. Mediante prácticas añejas, al más puro estilo del terrorismo, hacen presión para obtener recursos de los habitantes. En los municipios del Estado de México, al igual que en otros lugares del país, dos instancias: la CFE y el Sistema de Información Empresarial Mexicano, han gastado miles de hojas tamaño carta para dejar avisos en los domicilios, notificando y hasta amenazando que se deben pagar “deudas” y realizar “trámites” para regularizar consumo de luz y los estatus de pequeños comercios, hasta aquel que vende quesadillas o corta el pelo para poder sobrevivir. A través de tácticas terroristas, bajo la advertencia de aplicar sanciones o intereses moratorios, tanto la CFE como el Sistema de Información Empresarial Mexicano están tratando de hacer validos supuestos pendientes. En el tema de la luz hasta se dan el lujo de cambiar la clasificación de consumo doméstico por consumo comercial, mientras que en el caso de los pequeños negocios, las autoridades federales amenazan al comerciante con aplicarle castigos. “Qué bueno que por el bien de todos, primero los pobres”.
A RENGLÓN SEGUIDO
AHORA que México se volvió un “país justiciero”, con la decisión de ir por los ex funcionarios corruptos (ojalá y no sean sólo destellos oportunistas), sobresalen en la lista negra nombres de varios “hombres fuertes” del pasado reciente. Ahí está Gerardo Ruiz Esparza, el protagonista de “Mover a México”, con datos que advierte la Auditoria Superior de la Federación que a nadie deben dar tranquilidad... VIOLENCIA y desempleo son los dos temas que traen en jaque al gobierno del Estado de México, realidades que opacan las cifras alegres de cualquier gobierno… DIPLOMÁTICA fue la postura de repudio de los industriales del Estado de México, en torno a los sistemas de alerta temprana, el mecanismo que el gobierno estatal implementó para que las instalaciones laborales de los empresarios se conecten al sistema de alerta sísmica. Dicen los hombres de negocio que gastarían hasta 2 mdp en esa infraestructura y pues, obvio, no quieren gastar tal cantidad de dinero.
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