Apenas pasó el caso de Abril, la activista asesinada a tiros luego de que el marido fue puesto en libertad y que hasta suspendieron a los jueces, cuando ya aparece otro caso donde los acusados de un crimen podrían alcanzar la libertad.
Lejos de que la ley lo permita, por el tiempo que han pasado en prisión y que aparentemente lo lograrían por buen comportamiento, el padre de la joven victimada afirma que “a los delincuentes cada día les dan más oportunidades”.
A ella le negaron toda oportunidad, asegura el padre de la joven asesinada, quien se duele al recordar que ella fue víctima de violación, secuestro y homicidio, en tanto que a la familia la sometieron a un suplicio psicológico del que aún padecen.
En una carta donde denuncia la revictimización que sufren, añade que aquel 28 de mayo de 2016, los entonces menores, compañeros de escuela de su hija, los tres en bachillerato de una escuela privada, la citaron en un centro comercial y con engaños la llevaron a un domicilio, donde la sometieron.
El cuerpo de la chiquilla fue trasladado a un paraje solitario de la carretera Cuernavaca-Cuautla, en el Estado de Morelos, pero fueron las investigaciones las que llevaron a detener a los dos posibles agresores.
Luego de un proceso, se les dictó pena de cinco años de prisión en primera instancia, aunque la Sala Segunda de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó el mandato y redujo la condena a cuatro años y seis meses y cuatro años nueve meses, respectivamente.
Esto ha dado oportunidad de que el primero de ellos pudiera salir libre de manera anticipada, dado su buen comportamiento.
Ante la realidad a la que se enfrenta el padre de la víctima, pregunta qué caso tiene que haya una sentencia si esta será revisada por una sala especializada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y más adelante, mediante amparo, es sometido dicho estudio a un Tribunal Federal que al final es la última instancia Judicial; para más tarde ser turnado a un Juez interino de ejecución de la Ciudad de México, quien finalmente tomará la decisión definitiva según su criterio.
Ante esto, sostiene que las autoridades jurisdiccionales más que proteger los derechos de las víctimas, parece que protegen a los victimarios, cuando, dice, “estos no le dieron oportunidad a mi hija”.
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