En México se invierte el 0.38% del PIB en ciencia y tecnología. Insuficiente para meter al país en la sociedad del conocimiento, el desarrollo de la invención y las patentes.
Este año el presupuesto federal asignó para este propósito 102 mil 721 millones de pesos, superior en 4.47% a los 98 mil millones de 2020, pero a todas luces insuficiente. Cuando menos no perdió, dicen los que quieren ver el vaso medio lleno.
A esa falta de recursos hay que agregarle que la pequeña comunidad científica mexicana ha vivido los dos últimos años con una pistola en la cabeza, por obra de una directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, más dispuesta a jugar con la ideología que a respetar a los científicos y que todo el tiempo está enviando mensajes amenazantes hacia algún sector, principalmente de becarios y docentes, quienes no saben si dejarán de recibir el financiamiento que se han ganado con su trayectoria.
Ha cancelado becas a quienes hacen investigación en universidades privadas, supuestamente para no subsidiar negocios privados y orientar sus recursos a una “ciencia del pueblo”, al estilo soviético, y ha establecido que este año los becarios en el extranjero sólo serán apoyados si están en el sector salud, quedando a la deriva muchos otros científicos y estudiantes que no están en esa disciplina y que ya van a la mitad o casi terminan sus posgrados.
De los que estudian en México, serán apoyados con prioridad quienes se encuentren en alguno de los diez Programas Nacionales Estratégicos, que son salud, agua, educación, seguridad humana, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, energía y cambio climático, así como sistemas socioecológicos, que, ha dicho, son las prioridades del régimen.
El miércoles pasado la Junta de Gobierno del Conacyt aprobó por unanimidad de votos, la segunda reforma al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores en menos de seis meses. Filtraciones de prensa habían difundido un borrador con una serie de modificaciones que afectaban a los miembros del SNI, pero los ajustes, si bien le dieron más poder a la directora, no tocaron el escalafón que se pretendía “refundar”: Candidato/a, SNI 1, SNI 2, SNI 3 y Emérito/a, que hubiera sido un terremoto en la comunidad.
Tampoco establece, como se temía, que las promociones en el mismo fueran calificadas por burócratas del Conacyt, sino que se mantiene la tradición de que sean científicos pares los que hagan las evaluaciones correspondientes.
Se cuidó también de citar constantemente a las ciencias básica e investigaciones de frontera, a los que la directora ha aludido en otras ocasiones como elitistas y fifís, como “valiosas e imprescindibles para el desarrollo y liderazgo científico del país”.
Tan consciente es Álvarez-Buylla del desconcierto del sector, que tras la aprobación del reglamento emitió un tuit diciendo: “Nos congratula, porque elimina confusiones y fortalece al sistema de HCTI (Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación) en el país”
Es cuando los científicos mexicanos se preguntan por qué no en lugar de estar amagando todo el tiempo con mover las reglas, tener prejuicios contra las universidades privadas o cambiar el reglamento dos veces al año, mejor se pugna por más presupuesto, a niveles históricos, de tal manera que el país pueda competir en la sociedad de conocimiento y ser soberano en ciencia y tecnología.
Con la misma obsesión con la que el actual gobierno pugna por la soberanía energética, debería luchar e invertir en la soberanía científica.
