La Justicia discrimina a los indígenas

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La Justicia discrimina a los indígenas
Por Patricia Carrasco
Cuantas indígenas como Jacinta Francisco Marcial habrá en las cárceles mexicanas, acusadas por delitos que no cometieron. Se cuentan por miles,. Quienes purgan condenas por infracciones inexistentes que ponen en entredicho a la justicia mexicana. A esa lista se suman las dos mujeres ñhañhus, Alberta Alcántara Juan y Teresa González, quienes en 2006, junto con Jacinta, fueron acusadas por haber secuestrado a seis agentes de la entonces Agencia Federal Investigación (AFI).
También ésta el caso del profesor tzotzil Alberto Pastishtán Gómez, quien estuvo preso durante13 años por un delito que no cometió. Nadie le dio indulto ya que “fue el pueblo quien logró su libertad”.
Otro en esta situación es Ildefonso Zamora, defensor de los bosques, al cual Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, ya que está encarcelado de manera injusta, por lo que AI y Greenpeace demandan su liberación inmediata.
De acuerdo al Último Censo Penitenciario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México hay más de 8 mil 500 presos indígenas en las distintas cárceles del país, de los cuales el 96% son hombres, y en la mayoría de los casos existen situaciones violatorias a sus derechos humanos destaca la falta de asistencia de interpretes traductores en lenguas indígenas, la ausencia se asesores jurídicos bilingües especializados.
Jacinta, madres de 6 hijos, fue acusada por secuestro de 6 policías federales. , delito por el cual pasó injustamente tres años en prisión, y ahora demanda a la Procuraduría General de la República que repare el daño moral y económico y ofrezca una disculpa pública.
La indígena Nañú, impotente, enojada con sus juzgadores grita que ese encarcelamiento por encima de alguna indemnización le quitó 3 años para estar con sus 6 hijos, uno fallecido a los 20 años cuando ella estaba en la cárcel.
A esos seis policías federales quienes fabricaron el caso, los testimonios, el Ministerio Publico que los ayudó, el mismo juez que condenó a la indígena, siguen sin ser investigados y sancionados. Otra situación clara de impunidad.
Ahora se deberá esperar cuatro meses que tiene la PGR para cumplir con esta reparación del daño moral y disculpa.
Alberto Patishtán, recuperó su libertad tras 13 años en prisión horas después de que la Secretaría de Gobernación anunció el inicio del trámite para su liberación inmediata.
El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong confirmó el indulto otorgado por el presidente Enrique Peña Nieto tras la modificación del artículo 97 Bis del Código Penal Federal.
Amnistían Internacional dijo en su momento, que el sistema judicial mexicano está “fracasado”, por lo que resta a los mexicanos hacer una “reflexión profunda” sobre cómo repararlo.
Los pueblos rarámuri y odami también denuncian el despojo de territorio, la deforestación, la falta de cumplimiento del derecho a la consulta, amenazas de muerte a miembros de sus comunidades y violencia generada por el narcotráfico.
Estos son algunos procesos de los indígenas que se han atrevido a denunciar, o han tenido organizaciones que los apoyan y han denunciado sus casos, pero los otros miles, donde quedan, quien los escucha, dónde tocan la puerta. “Hay derechos que son irreparables, que no se pueden restituir”.