/ lunes 5 de julio de 2021

Corte revisará matrimonio igualitario en Yucatán

En 2019, el Congreso local rechazó en dos ocasiones legitimar las uniones entre personas del mismo sexo

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisarán esta semana la legalidad de la votación secreta con la que el Congreso de Yucatán rechazó, en 2019, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De aprobarse el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar la votación por cédulas secretas en reformas constitucionales en Yucatán, se abriría la puerta para que el Congreso local vote, por tercera vez, el matrimonio igualitario tras haberlo negado ya en dos ocasiones.

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En abril y julio de 2019, los legisladores de la entidad rechazaron el matrimonio igualitario con votaciones en secreto. Fue entonces que el Colectivo para la Protección de todas las Familias de Yucatán y otros promovieron una demanda de amparo en contra de la decisión del Congreso local, ya que no les permitieron saber el sentido del voto de cada legislador. Agregaron que la legislación estatal sólo permite a los diputados votar en secreto para nombrar puestos, mas no en iniciativas de leyes.

A finales de 2019, un juez federal del Tercer Distrito en Materia Civil de Yucatán falló en contra de uno de los amparos promovidos. Los colectivos inconformes solicitaron a un Tribunal Colegiado la revisión del amparo y el 2 de julio de 2020 éste determinó que el asunto debía ser resuelto por la Suprema Corte.

Será este miércoles que la Primera Sala del máximo tribunal del país discutirá la validez o no de la votación por medio de cédulas (en secreto), que fue el mecanismo que emplearon los legisladores de Yucatán para rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los colectivos que defienden los derechos de la comunidad LGBT+ argumentan que este mecanismo vulneró sus derechos como ciudadanos a recibir información necesaria que les garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales.

El ministro Alcántara Carrancá recuerda en su proyecto que desde el año 2015 la Corte ha señalado que la prohibición del matrimonio igualitario es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por nuestro país.



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Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisarán esta semana la legalidad de la votación secreta con la que el Congreso de Yucatán rechazó, en 2019, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

De aprobarse el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar la votación por cédulas secretas en reformas constitucionales en Yucatán, se abriría la puerta para que el Congreso local vote, por tercera vez, el matrimonio igualitario tras haberlo negado ya en dos ocasiones.

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En abril y julio de 2019, los legisladores de la entidad rechazaron el matrimonio igualitario con votaciones en secreto. Fue entonces que el Colectivo para la Protección de todas las Familias de Yucatán y otros promovieron una demanda de amparo en contra de la decisión del Congreso local, ya que no les permitieron saber el sentido del voto de cada legislador. Agregaron que la legislación estatal sólo permite a los diputados votar en secreto para nombrar puestos, mas no en iniciativas de leyes.

A finales de 2019, un juez federal del Tercer Distrito en Materia Civil de Yucatán falló en contra de uno de los amparos promovidos. Los colectivos inconformes solicitaron a un Tribunal Colegiado la revisión del amparo y el 2 de julio de 2020 éste determinó que el asunto debía ser resuelto por la Suprema Corte.

Será este miércoles que la Primera Sala del máximo tribunal del país discutirá la validez o no de la votación por medio de cédulas (en secreto), que fue el mecanismo que emplearon los legisladores de Yucatán para rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los colectivos que defienden los derechos de la comunidad LGBT+ argumentan que este mecanismo vulneró sus derechos como ciudadanos a recibir información necesaria que les garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales.

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