La situación legal que enfrenta la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación de la Universidad de Las Américas Puebla no se encuentra relacionada con actividad comercial internacional, protección recíproca de inversiones, ni con contenidos pactados en el T-MEC vigente. Por el contrario, la encomienda de los nuevos patronos, ante la evidente evasión de la justicia de los que por años administraron en beneficio propio lo que no les pertenece por derecho, es una cuestión de estricta aplicación de la ley: repatriar a México y a Puebla un patrimonio millonario que fue dispuesto por voluntad de su fundador en beneficio de la sociedad poblana.
Son las instancias administrativas, civiles y penales del Estado Mexicano las únicas competentes para deslindar las responsabilidades derivadas de los delitos de desfalco, administración fraudulenta y lavado de dinero, presuntamente cometidos en claro contubernio por patronos, abogados y funcionarios universitarios, conductas que se pretendieron dejar en la impunidad a través de un fraude procesal, esto es, de un supuesto no ejercicio de la acción penal mediante el cual pretendieron esconder el destino de millones de dólares en bienes, activos y circulante.
En los próximos días, la representación legal de este patronato presentará evidencia de delitos de lavado dinero internacional en perjuicio del patrimonio de la Universidad y de sus fundaciones rectoras.
La prioridad de la Fundación legalmente constituida de la Universidad de Las Américas es la normal continuidad de los servicios académicos, culturales y deportivos de nuestra casa de estudios. Serán los jueces mexicanos quienes decidirán las responsabilidades de ley.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem