El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) tiene los elementos necesarios para solicitar la invalidez del Presupuesto de Egresos 2020, pedido por el gobernador y ratificado por el Congreso.
El titular de la CDHM, Israel Hernández explicó que dicha resolución ya se tiene la legitimación política para pedir lo que es justo, “ni un peso más para lo correspondiente al 2021 y abre la ruta para defender nuestra autonomía por los presupuestos que nos asignan de manera indigna”.
Explicó que antes de la determinación de la SCJN, las comisiones no podían defenderse ni impugnar presupuestos, hoy cambia ello, el ministro presidente, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, hoy dijo que eso atentaba contra la autonomía y por ende a los derechos humanos.
“Los gobiernos se quedan en los discursos y se le da la espalda a los derechos humanos para apoderarse con el voto, pero la verdad, es distinta.
La realidad es que históricamente, tradicionalmente a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos se le ha asignado el peor presupuesto del país, el más castigado, el más deficiente y dependiente porque en la media nacional aproximada de cien millones de pesos, a nosotros se nos han asignado 15.8 millones y la verdad que con un presupuesto así, tan indigno, no podemos, no permite operar siquiera con lo mínimo y eso se traduce en afección a los derechos de los morelenses”.
Sostuvo que en el Congreso de la entidad, siempre se ha intentado de alguna manera, ser insistentes de que no pueden seguir castigándonos así, dándole la espalda a los derechos humanos, pues la realidad de Morelos y el país es que hay una múltiple violación de las garantías individuales que de alguna manera exige fortalecer a las comisiones para fortalecer a los grupos vulnerables.
Opinó que solo las comisiones son las únicas que se preocupan y defienden a mujeres, niños, adultos mayores, gente que está privada de su libertad, discapacitados, activistas, comunidad LGBTI.
En Morelos la comisión le remite directamente su presupuesto al Congreso, es decir no pasa por el Ejecutivo, antes no se hacía así, como marca la ley, pero el gobernador, Cuauhtémoc Blanco sin tener atribuciones nos incluye y nos asigna lo que se le ocurre.
“Estábamos pidiendo alrededor de 52 millones y se nos asignó el que propuso el Ejecutivo que era de 15.8 millones, es decir sin atender la petición justificada”.
