/ domingo 27 de diciembre de 2020

Pide desactivar grupo delictivo que opera en municipios de Guerrero

Comunidades indígenas mantienen bloqueo desde desaparición y muerte de cuatro personas junto a su camioneta

Pobladores indígenas de al menos 22 comunidades, entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), exigieron ante autoridades federales y estatales, que se desarme a un grupo delictivo que opera en las regiones Centro y Montaña Baja de Guerrero y justicia para las familias de las víctimas por la violencia.

Este domingo al mediodía, se llevó a cabo una reunión en la localidad de Alcozacán en el municipio de Chilapa, con pobladores donde estuvieron presentes, el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de laRepública (FGR), Fernando García junto con el presidente de la Comisión deDerechos Humanos en el Estado (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.

En esta comunidad, pobladores e integrantes del ConsejoIndígena Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) junto con laCoordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Pueblos Fundadores(CRAC-PF), mantienen un bloqueo desde la semana pasada, luego que cuatro indígenas nahuas, dos hombres y dos mujeres, originarios de Alcozacán, aparecieron asesinados el pasado sábado 19 de diciembre y fueron reportados desaparecidos un día antes, viernes.

Las víctimas fueron encontradas en su propia camioneta en la carretera Chilapa-Tlapa, con huellas de tortura, atadas de las manos y con un tiro de gracia.

Las autoridades federales y estatales recibieron y escucharon las demandas de los representantes de las localidades afectadas por la violencia, en las que opera el grupo delictivo en las regiones Centro yMontaña Baja.

Una de las viudas de los indígenas nahuas asesinados,reprochó la inacción de las autoridades estatales, ya que no han cumplido con justicia para las familiares de las víctimas, ni tampoco con la seguridad que habían prometido en las localidades de los municipios.

Entre las demandas, estuvo la exigencia, de que fuera desarmado este grupo delictivo, a quienes acusan de generar violencia, y que han encabezado ocho masacres contra los pueblos indígenas desde el 2018 a la fecha.

Este hecho violento de los cuatro integrantes de laCIPOG-EZ, se registró a un mes de que 22 comunidades cercada por el grupo paramilitar decidieron unirse.

Además, en el poblado de Alcozacán, el pasado 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 músicos e integrantes de CIPOG-EZ.

Pobladores indígenas de al menos 22 comunidades, entre los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), exigieron ante autoridades federales y estatales, que se desarme a un grupo delictivo que opera en las regiones Centro y Montaña Baja de Guerrero y justicia para las familias de las víctimas por la violencia.

Este domingo al mediodía, se llevó a cabo una reunión en la localidad de Alcozacán en el municipio de Chilapa, con pobladores donde estuvieron presentes, el delegado en Guerrero de la Fiscalía General de laRepública (FGR), Fernando García junto con el presidente de la Comisión deDerechos Humanos en el Estado (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.

En esta comunidad, pobladores e integrantes del ConsejoIndígena Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) junto con laCoordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Pueblos Fundadores(CRAC-PF), mantienen un bloqueo desde la semana pasada, luego que cuatro indígenas nahuas, dos hombres y dos mujeres, originarios de Alcozacán, aparecieron asesinados el pasado sábado 19 de diciembre y fueron reportados desaparecidos un día antes, viernes.

Las víctimas fueron encontradas en su propia camioneta en la carretera Chilapa-Tlapa, con huellas de tortura, atadas de las manos y con un tiro de gracia.

Las autoridades federales y estatales recibieron y escucharon las demandas de los representantes de las localidades afectadas por la violencia, en las que opera el grupo delictivo en las regiones Centro yMontaña Baja.

Una de las viudas de los indígenas nahuas asesinados,reprochó la inacción de las autoridades estatales, ya que no han cumplido con justicia para las familiares de las víctimas, ni tampoco con la seguridad que habían prometido en las localidades de los municipios.

Entre las demandas, estuvo la exigencia, de que fuera desarmado este grupo delictivo, a quienes acusan de generar violencia, y que han encabezado ocho masacres contra los pueblos indígenas desde el 2018 a la fecha.

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