/ martes 13 de agosto de 2019

Aseguran que juez busca amparar gasolinera clausurada por la ASEA

En algunos estados no se puede avanzar en las acciones de la justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) buscan erradicar el robo de combustible conocido como “huachicoleo”, que luego es vendido de manera irregular en algunas gasolineras sobre todo en el norte del país, sin embargo además de la delincuencia organizada se enfrentan a jueces que buscan amparar a estos establecimientos.

Apenas la semana pasada, en un hecho sin precedentes, la ASEA ordenó la clausura, el desmantelamiento así como demolición de una planta distribuidora de gas en Zapopan, Jalisco luego que detectara que las instalaciones no contaban con autorización de impacto ambiental, estudio de riesgo ni programas de prevención de accidentes aprobados, vigentes y debidamente actualizados.

Por estas irregularidades la dependencia federal ordenó desmantelar y demoler las instalaciones que, a su consideración, representaban un riesgo para la comunidad; además el propietario estará obligado a pagar una multa y restablecer servicios ambientales por un monto superior a los 14 millones de pesos.

Sin embargo, en otros estados como en Coahuila, el trabajo de las instituciones federales se ha visto imposibilitado por la protección que alguna gasolineras reciben de jueces, ahí en Torreón, han solicitado la intervención del Consejo de la Judicatura Federal, para indagar nexos del juez de distrito, Carlos Fernando Gallegos Santelices, luego de una serie de denuncias públicas que lo señalan como protector de una cadena de gasolineras instaladas en aquella entidad.

Estas gasolineras incluso actualmente están clausuradas y aseguradas por la FGR luego que una revisión, comprobara que venden gasolina “cuya procedencia no se pudo acreditar”, según la orden federal que mostraron los agentes luego de colocar los sellos de clausuras.

Según la indagatoria, el juez, Carlos Fernando Gallegos Santelices, busca todo tipo de argucias legales para amparara a esos expendios causados apenas el mes pasado.Por tal motivo, la FGR como la ASEA, han solicitado que el juzgador rinda cuentas en torno a su actuar, pues mientras las gasolineras legalmente establecidas son revisadas exhaustivamente, las que venden el producto robado reciben estos beneficios.

La Fiscalía General de la República (FGR) así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) buscan erradicar el robo de combustible conocido como “huachicoleo”, que luego es vendido de manera irregular en algunas gasolineras sobre todo en el norte del país, sin embargo además de la delincuencia organizada se enfrentan a jueces que buscan amparar a estos establecimientos.

Apenas la semana pasada, en un hecho sin precedentes, la ASEA ordenó la clausura, el desmantelamiento así como demolición de una planta distribuidora de gas en Zapopan, Jalisco luego que detectara que las instalaciones no contaban con autorización de impacto ambiental, estudio de riesgo ni programas de prevención de accidentes aprobados, vigentes y debidamente actualizados.

Por estas irregularidades la dependencia federal ordenó desmantelar y demoler las instalaciones que, a su consideración, representaban un riesgo para la comunidad; además el propietario estará obligado a pagar una multa y restablecer servicios ambientales por un monto superior a los 14 millones de pesos.

Sin embargo, en otros estados como en Coahuila, el trabajo de las instituciones federales se ha visto imposibilitado por la protección que alguna gasolineras reciben de jueces, ahí en Torreón, han solicitado la intervención del Consejo de la Judicatura Federal, para indagar nexos del juez de distrito, Carlos Fernando Gallegos Santelices, luego de una serie de denuncias públicas que lo señalan como protector de una cadena de gasolineras instaladas en aquella entidad.

Estas gasolineras incluso actualmente están clausuradas y aseguradas por la FGR luego que una revisión, comprobara que venden gasolina “cuya procedencia no se pudo acreditar”, según la orden federal que mostraron los agentes luego de colocar los sellos de clausuras.

Según la indagatoria, el juez, Carlos Fernando Gallegos Santelices, busca todo tipo de argucias legales para amparara a esos expendios causados apenas el mes pasado.Por tal motivo, la FGR como la ASEA, han solicitado que el juzgador rinda cuentas en torno a su actuar, pues mientras las gasolineras legalmente establecidas son revisadas exhaustivamente, las que venden el producto robado reciben estos beneficios.

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