La presencia del Covid-19 en México y el consecuente resguardo necesario de la población a la mayor escala posible, impactó de manera trascendental en el uso de tecnologías, que se convirtieron en el único mecanismo viable para la comunicación de masas y celeridad de respuesta, lo que trajo ciberataques más constantes que revelan la clara necesidad de llevar a cabo una regulación.
Por ello, es analizada una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Ciberseguridad.
Una realidad que se vive es que dentro de los ataques cibernéticos a la población en general, incluidos los menores, están el ciberbullying, cibergrooming, robo de identidad y el sexting.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la morenista Aleida Alavez Ruiz, confirmó que se analiza la propuesta de dictamen que reforma la actual fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional.
Se trata de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de ciberseguridad y sentar las bases para la creación de un marco normativo dinámico para salvaguardar la seguridad cibernética de los mexicanos.
Calificó de necesario zanjar las dudas sobre los fines de la propuesta, al aclarar que en ningún momento se pretende afectar el derecho a la libertad de expresión; por el contrario, se busca brindar certeza jurídica para seguridad de todos quienes usamos los medios digitales.
“Esos riesgos seguirán al alza mientras no existan mecanismos de control para evitarlos, por lo que es una necesidad imperiosa la salvaguarda de la integridad de las personas y en específico de los menores, que con mayor frecuencia son víctimas de redes de pederastas y extorsionadores, o los hacen más vulnerables frente a amenazas como pornografía, secuestro y desaparición forzada”, sentenció la diputada de la bancada de Morena.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que en 2019 más del 25 por ciento de mexicanos entre 12 y 19 años fueron víctimas de ciberacoso, riesgo que es aún mayor en mujeres en dicho rango de edad y generalmente no conocen la identidad de su atacante.
Además, el 40.3 por ciento de las mujeres de 12 años recibió insinuaciones o propuestas sexuales y el 33 por ciento de los hombres víctimas de ciberacoso obtuvo mensajes ofensivos.
Es la red de defraudadores que cada vez se promueve más en redes sociales y que engaña y abusa de las necesidades de la población. “Es urgente que sean identificados y erradicados, porque la enfermedad de Covid-19 ha disparado el engaño, no sólo de quienes buscan una oportunidad laboral, sino de los que necesitan insumos para atender la misma”, aceptó Aleida Alavez.
La pandemia permite a los ciberdelincuentes acosar, vulnerar y defraudar a la población. Por ello, es prioritario el establecimiento de facultades que propicien lineamientos en materia de ciberseguridad, más cuando las implicaciones de la delincuencia cibernética trascienden a la seguridad nacional, por lo que legislar al respecto es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Se tiene que generar conciencia sobre la relevancia de los riesgos que se presentan en materia de ciberseguridad y, en ese sentido, crear el marco jurídico necesario que permita atender los problemas que en la materia se han presentado en nuestro país.
El posicionamiento que hizo el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en el recinto de San Lázaro, diputado Javier Salinas Narváez, es que la reforma debe incluir rubros como innovación, investigación, desarrollo tecnológico y seguridad en el ciberespacio con estricto apego a los derechos humanos.
Resulta que el ciberespacio se promueve como un entorno libre y de gobernanza global; sin embargo, los países más desarrollados coinciden en que se debe encontrar un equilibrio a partir de la coordinación y cooperación en el sector público y privado, incluyendo a la academia y la defensa para asegurar un desarrollo sostenible en su nuevo entorno de la economía globalizada.
Salinas Narváez difundió que “el texto de la norma que se propone se centra en las cuestiones de seguridad nacional, pero no considera el desarrollo nacional fundamentado en la teoría del Estado de que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad; es decir, que, para alcanzar los objetivos e intereses nacionales del desarrollo, estos deben asegurarse a favor de su población, territorio y forma de gobierno”.
ESTABLECER UNA LEGISLACIÓN EN REDES SOCIALES
Para el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, el tema ha evolucionado de ser un problema de seguridad internacional a uno de seguridad personal. “Lo que se está planteando es una legislación en redes sociales y en la esfera internacional una convención que debe ser firmada por todos los Estados”.
Refirió que debe ubicarse este tema en sus dos dimensiones: la de mención internacional, que es de derecho público y de derecho entre los Estados, y la parte que corresponde a la esfera interna del país y que merece una reforma constitucional muy bien pensada, no solamente facultar al Congreso de la Unión sino una reforma sustantiva que tiene que ver con los derechos humanos y de la nación.
En el parlamento abierto virtual “Análisis de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Ciberseguridad”, especialistas, representantes de empresas y asociaciones, así como expertos expresaron sus comentarios y recomendaciones sobre la propuesta para regular este tema.
Fue el director de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina (Facebook), Pablo Bello, quien destacó la importancia de que la Cámara de Diputados inicie el análisis y discusión del tema, porque la ciberseguridad involucra múltiples aspectos, actores, procedimientos, instituciones, empresas y políticas tanto públicas como privadas, y requiere de una aproximación rigurosa y equilibrada que entienda la naturaleza global de Internet.
Dijo que la erosión en la confianza de las tecnologías digitales podría llevar a los usuarios a no utilizar Internet o abandonar servicios y tecnologías con consecuencias políticas, sociales y económicas. Consideró necesaria la construcción de un ecosistema de ciberseguridad que involucre Gobierno, instituciones de seguridad pública, comunidad técnica, sociedad civil, empresas y medios de comunicación. “Todos somos corresponsables de proteger nuestra seguridad en el ciberespacio”.
PROTEGER DATOS PERSONALES
A su vez, el director general en Alternativa Digital, S.A de C.V, Emilio Saldaña Pizu, llamó a que los ciudadanos cuenten con mayores opciones para participar en el diseño de las políticas públicas, sin que la moneda de cambio sea la privacidad, los datos personales ni mucho menos la posibilidad de ser víctimas de algún tipo de delito informático o dentro del ciberespacio.
Estimó que el país debe sumarse con prontitud al debate y a la discusión sobre ciberseguridad, seguridad nacional y la regulación de las redes sociales, en un entorno donde Internet tiene una arquitectura de capas. Añadió que es necesario proteger los datos personales y su identidad, reducir las barreras y considerar los efectos de memoria que brinda Internet.
Con la representación de Normalización y Certificación NYCE, S.C., Pablo Corona Fraga, explicó que algunas conclusiones a las que se han llegado para tener una regulación son: no criminalizar el uso o posesión de las herramientas, sino las conductas antisociales en las que se pueden utilizar y, por tanto, la tipificación de los delitos debería estar asociado a esto y no al uso o la posesión.
Asimismo, contar con una estrategia transversal en todos los entes; considerar la capacitación, educación y concientización en materia de ciberseguridad en todos los niveles; entendimiento y entrenamiento técnico y profesional para desarrollar capacidades en la materia; el análisis, entendimiento y adopción de los estándares internacionales, y poner como prioridad los derechos de la ciudadanía y no el aumento de las capacidades de vigilancia del Estado que pudiera ser extralimitado.
El vicepresidente del Comité de Seguridad de American Chamber of Commerce of México AC, Leobardo Morelos Chávez, expresó la necesidad de contar con una estrategia nacional de ciberseguridad que fomente el desarrollo de la economía en un entorno seguro y competitivo. “Lamentablemente una importante mayoría de las personas ha sido víctima del cibercrimen que cuesta a la economía global un billón de dólares, según estimaciones de McAfee”.
Indicó que algunas recomendaciones para una estrategia de ciberseguridad son considerar al sector público, privado y social, así como la creación o designación de un ente gubernamental encargado de la coordinación y desarrollo de la estrategia; diseñar una ley específica con un catálogo de delitos, armonizar el marco jurídico respectivo y la asignación de autoridades competentes que procuren justicia, entre otras.
La directora jurídica de Propiedad Intelectual y Seguridad Digital para Latinoamérica en Microsoft, Jimena Mora Corredor, calificó importante crear una agencia nacional de ciberseguridad, con el objetivo de evitar duplicar recursos y priorizar los mismos, y especificar cuáles serán sus alcances, obligaciones y estructura.
Aseguró que la estrategia nacional de ciberseguridad debe generar métricas para establecer su progreso, y ser adaptable para enfrentar desafíos.
Se estima que en Latinoamérica en los próximos cinco años se generen más de 149 millones de nuevos empleos en temas de ciberseguridad; por ello, un aspecto importante es generar habilidades para la nueva fuerza laboral. Se debe impulsar la educación, capacitación y conciencia pública sobre seguridad en los grupos vulnerables.
El vicepresidente del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de la Coparmex, Óscar Lira Arteaga, estuvo a favor de emprender la protección del acceso de la información y de la publicación de las ideas, así como sancionar a los ciberdelincuentes, toda vez que “hoy no se tiene el sustento para poder perseguirlos, no se tiene legislación y ello nos impide adherirnos al convenio de Budapest”.
No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado
Propuso agregar el artículo 190 Bis 1 a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que el Ministerio Público, cuando esté investigando un ciberdelito, pueda solicitar a proveedores de servicios información de la dirección IP y tener el origen de la comunicación. “El problema es que no se está persiguiendo a los delincuentes y hoy ellos están haciendo mejores negocios que la delincuencia organizada”.
La socia directora del despacho Lex Inf, especialista en derechos y ciberseguridad, Cinthya Solís Arredondo, destacó el crear órganos colegiados que se encarguen de velar por la seguridad nacional. “Un punto pendiente es tener un marco para que todas las potenciales investigaciones que se hagan realmente sean judicializables porque si los órganos del poder público no están facultados para realizar investigaciones no se llegará a buen puerto”.
El director de R3D-Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García Muñoz, expuso que la reforma constitucional es innecesaria, porque el Congreso de la Unión tiene diversas facultades de legislación en materia de telecomunicaciones, protección de datos, seguridad pública o incluso seguridad nacional para los aspectos de ciberseguridad, y el Ejecutivo no está impedido para elaborar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad ni otras acciones para mitigar los riesgos.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem
