La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación luego de que durante la madrugada de este miércoles un comando armado ingresara a un call center en Cancún y privara de la libertad a al menos 27 personas, mismas que ya fueron rescatadas, de acuerdo con Alberto Capella, jefe de la policía de Quintana Roo, además de que acalaro que se trata de 24 personas afectadas.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos que se registraron sobre la avenida Santa Fe ubicada en la Super Manzana 524 del Municipio Benito Juárez.
Testigos refieren que personas desconocidas llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van al lugar de los hechos, en donde se encuentra una oficina destinada a realizar servicios para la venta de espacios vacacionales a través de un call center.
Posteriormente, salieron del lugar con los empleados, sin que se advirtiera señales de violencia o la presencia de armas; hasta el momento se desconoce su paradero.
Las primeras indagatorias señalan que una de las líneas de investigación se deriva de diferencias entre los dos únicos socios por falta de pago y maltrato laboral entre los empleados y uno de los socios, de quien se separaron hace 15 días aproximadamente.
Se sabe que los sujetos que participaron también se llevaron tres autos y una moto propiedad de las personas que laboraban en el establecimiento.
RECHAZA AMLO UN SECUESTRO MASIVO
Gabriela Jiménez
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la privación de la libertad de 27 trabajadores en un call center en Cancún, sea un secuestro masivo.
Durante la conferencia mañanera, aseguró que según los reportes de seguridad que recibió, se trata de un desacuerdo entre dos organizaciones que no pertenecen al crimen organizado.
“Es un conflicto de dos grupos, todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, dos grupos que tienen alguna actividad. No se considera que haya secuestros”, aseguró.
Comentó que no son los métodos adecuados para resolver las diferencias, pero se descarta hasta el momento intervención del crimen organizado en la retención de los trabajadores.
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