/ jueves 30 de junio de 2022

Alista Fiscalía de Morelos, Unidad de Inteligencia Financiera para combatir al crimen

El ex titular de la UIF federal destacó la importancia de contar con estas áreas para debilitar la economía de la delincuencia

Con la finalidad de debilitar la estructura financiera del crimen organizado, la Fiscalía General del Estado de Morelos está conformando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).

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Al respecto, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, destacó que en el momento en que a las personas físicas o morales que pertenecen a esos grupos se les congelen sus cuentas, los jóvenes dejarán de ingresar a las filas del crimen organizado.

Añadió por tanto que combatir sicarios, como se venía haciendo en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, no es la única vía para desestabilizar a los grupos delincuenciales, pues aunque se les aprehenda, encarcele y saque de las calles, siempre vendrán otros quienes hagan esa tarea.

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“El combate al sicariato no puede ser la única vía (para debilitar al crimen). Si un fiscal, como el de Morelos, o un secretario de seguridad sacan a 10 narcomenudistas o sicarios de la calle, mientras tengan recursos para seguir pagando a otros jóvenes vamos a mantener el problema de narcomenudeo.

“Por tanto, hay que combatir las estructuras financieras tanto en personas morales como en estructuras jurídicas”, enfatizó al impartir la conferencia magistral “Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Comentó que cuando asumió la titularidad de la UIF, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al pedirle que en México debía combatirse la corrupción, por lo que era imperante la creación de las UIPE.

Debe combatirse la corrupción política en los tres niveles de gobierno

En la tarea de combate al crimen, añadió el ex funcionario federal, es además prioritario acabar con la corrupción política, ya que el narcotráfico y los grupos delictivos no aparecen de la nada, tienen acuerdos con gente en el poder de los tres niveles de gobierno, principalmente a nivel municipal.

“No son por generación espontánea (los grupos delincuenciales), tienen acuerdos, ya sea por temor, por compra o por votación, tienen acuerdo con los grupos en el ejercicio de poder a nivel estatal, en algunos espacios del ámbito federal”.

“En el ámbito municipal, sobre todo, encontramos este tipo de problemáticas donde los presidentes municipales son prácticamente acorralados por los grupos delictivos Michoacán es un ejemplo, pero tenemos ejemplos más cercanos”, expuso.

Ejemplificó el caso del estado de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, en donde, dijo, el crimen organizado se fue incrementando y la única explicación posible es la permisibilidad.

“Se fueron incrementando el huachicol, el huachicol fiscal, durante su ejercicio gubernamental. La pregunta es ¿por qué surgieron ciertos grupos delictivos en Tamaulipas durante su gobierno?, la única explicación posible es porque había permisibilidad o algún tipo de peaje”, consideró.

Además del ataque a la estructura financiera de grupos delictivos y a la corrupción política, Nieto Castillo subrayó la relevancia de eliminar la corrupción judicial, ministerial y policial.

La procuración de justicia, dijo, es fundamental para un país, sin una adecuada procuración no se puede brindar seguridad a los ciudadanos ni se puede dar estabilidad en los costos de transacción a los inversionistas.

“La procuración de justicia no es un gasto, es una inversión, así tenemos que verlo y, por supuesto, la impartición de justicia y la ejecución de penas”.

El Caso Primavera sigue vigente en la FGR

Otro tema que abordó en su conferencia fue el Caso Primavera por el cual que se investiga al ex jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera.

Al respecto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que aún está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), no es todavía un caso judicializado.

“El asunto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que esperar y también creo que es importante este asunto de la autonomía de las fiscalías”, precisó.

Recordó que el asunto fue tan público, que incluso llegó a las conferencias mañaneras del presidente, pues un caso como el de Sanz Rivera, que hacía transferencias millonarias inusuales a una cuenta de un banco en Suiza, no es algo común.

“Se hizo público que se había encontrado un señor Sanz con movimientos bastante irregulares y otra persona, también con movimientos irregulares, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía”, relató.

Sin embargo, precisó que debido a que el caso no se encuentra judicializado, la ley le impide dar más información.

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“Fue información que tuve que en razón de mi anterior cargo y pues sí, cometería yo una conducta delictiva en términos de la ley antilavado, hacer público”, explicó Nieto, tras ser cuestionado sobre este caso en la conferencia convocada por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el acto, organizado por la FGE Morelos, estuvieron presentes las y los diputados del Congreso local, así como representantes de los poderes del estado, abogados, empresarios, notarios y de derechos humanos.

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Con la finalidad de debilitar la estructura financiera del crimen organizado, la Fiscalía General del Estado de Morelos está conformando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).

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Al respecto, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, destacó que en el momento en que a las personas físicas o morales que pertenecen a esos grupos se les congelen sus cuentas, los jóvenes dejarán de ingresar a las filas del crimen organizado.

Añadió por tanto que combatir sicarios, como se venía haciendo en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, no es la única vía para desestabilizar a los grupos delincuenciales, pues aunque se les aprehenda, encarcele y saque de las calles, siempre vendrán otros quienes hagan esa tarea.

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“El combate al sicariato no puede ser la única vía (para debilitar al crimen). Si un fiscal, como el de Morelos, o un secretario de seguridad sacan a 10 narcomenudistas o sicarios de la calle, mientras tengan recursos para seguir pagando a otros jóvenes vamos a mantener el problema de narcomenudeo.

“Por tanto, hay que combatir las estructuras financieras tanto en personas morales como en estructuras jurídicas”, enfatizó al impartir la conferencia magistral “Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Comentó que cuando asumió la titularidad de la UIF, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al pedirle que en México debía combatirse la corrupción, por lo que era imperante la creación de las UIPE.

Debe combatirse la corrupción política en los tres niveles de gobierno

En la tarea de combate al crimen, añadió el ex funcionario federal, es además prioritario acabar con la corrupción política, ya que el narcotráfico y los grupos delictivos no aparecen de la nada, tienen acuerdos con gente en el poder de los tres niveles de gobierno, principalmente a nivel municipal.

“No son por generación espontánea (los grupos delincuenciales), tienen acuerdos, ya sea por temor, por compra o por votación, tienen acuerdo con los grupos en el ejercicio de poder a nivel estatal, en algunos espacios del ámbito federal”.

“En el ámbito municipal, sobre todo, encontramos este tipo de problemáticas donde los presidentes municipales son prácticamente acorralados por los grupos delictivos Michoacán es un ejemplo, pero tenemos ejemplos más cercanos”, expuso.

Ejemplificó el caso del estado de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, en donde, dijo, el crimen organizado se fue incrementando y la única explicación posible es la permisibilidad.

“Se fueron incrementando el huachicol, el huachicol fiscal, durante su ejercicio gubernamental. La pregunta es ¿por qué surgieron ciertos grupos delictivos en Tamaulipas durante su gobierno?, la única explicación posible es porque había permisibilidad o algún tipo de peaje”, consideró.

Además del ataque a la estructura financiera de grupos delictivos y a la corrupción política, Nieto Castillo subrayó la relevancia de eliminar la corrupción judicial, ministerial y policial.

La procuración de justicia, dijo, es fundamental para un país, sin una adecuada procuración no se puede brindar seguridad a los ciudadanos ni se puede dar estabilidad en los costos de transacción a los inversionistas.

“La procuración de justicia no es un gasto, es una inversión, así tenemos que verlo y, por supuesto, la impartición de justicia y la ejecución de penas”.

El Caso Primavera sigue vigente en la FGR

Otro tema que abordó en su conferencia fue el Caso Primavera por el cual que se investiga al ex jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera.

Al respecto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que aún está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), no es todavía un caso judicializado.

“El asunto se encuentra en la Fiscalía General de la República. Yo creo que hay que esperar y también creo que es importante este asunto de la autonomía de las fiscalías”, precisó.

Recordó que el asunto fue tan público, que incluso llegó a las conferencias mañaneras del presidente, pues un caso como el de Sanz Rivera, que hacía transferencias millonarias inusuales a una cuenta de un banco en Suiza, no es algo común.

“Se hizo público que se había encontrado un señor Sanz con movimientos bastante irregulares y otra persona, también con movimientos irregulares, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía”, relató.

Sin embargo, precisó que debido a que el caso no se encuentra judicializado, la ley le impide dar más información.

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“Fue información que tuve que en razón de mi anterior cargo y pues sí, cometería yo una conducta delictiva en términos de la ley antilavado, hacer público”, explicó Nieto, tras ser cuestionado sobre este caso en la conferencia convocada por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el acto, organizado por la FGE Morelos, estuvieron presentes las y los diputados del Congreso local, así como representantes de los poderes del estado, abogados, empresarios, notarios y de derechos humanos.

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