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Denuncian, en Zacatecas, abuso en Jardín de Niños

Foto: Ilustrativa

Denuncian, en Zacatecas, abuso en Jardín de Niños

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El Sol de Zacatecas

MANRIQUE GANDARIA

Derivado de un recurso de impugnación por el caso de cuatro alumnas de un Jardín de Niños dependiente de la Secretaría de Educación de Zacatecas, que fueron agraviadas por su profesor de música que las sentaba en sus piernas y les realizaba tocamientos en el cuerpo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Gobernador de esa entidad, Alejandro Tello Cristerna.

El organismo nacional refiere que las madres y una tía de las pequeñas presentaron quejas por esas agresiones sexuales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, instancia que determinó la responsabilidad del profesor y emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública del Estado, que no se pronunció oportunamente sobre su aceptación, aunque con posterioridad y ante el requerimiento de la CNDH informó que la observó y llevó a cabo su cumplimiento.

Empero, la madre de una de las alumnas consideró insuficiente el contenido de la Recomendación por lo que presentó un recurso de impugnación ante la Comisión Estatal, la cual remitió a la CNDH, quien determino que las conductas violatorias de los derechos humanos cometidas en agravio de las cuatro menores de edad están acreditadas con las propias declaraciones de las niñas, los testimonios de sus madres y familiares, los dictámenes psicológicos emitidos por el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y en las consideraciones contenidas en las sentencias definitivas de dos causas penales, en las que se concluyó que el agresor, en el ejercicio de su profesión como maestro en el Jardín de Niños, faltó a su calidad de garante y agravió de forma directa a las niñas.

La Comisión Nacional se pronunció por la reparación integral del daño a las víctimas y por las medidas de no repetición. También señaló que se procediera contra las autoridades responsables que propiciaron y celebraron “convenio” con las representantes de las menores de edad afectadas, así como en contra de autoridades que administrativa y laboralmente sólo ordenaron la “reubicación del profesor” y las que instruyeron se procediera a la evaluación de las niñas “para determinar si decían la verdad o mentían en relación al profesor”, lo que en última instancia infringió el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas.

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