Durante dos años, Wendy buscó justicia y nunca la encontró, pues su agresor sexual, un médico sigue libre y solo se le juzgó por ataque sexual y no por el delito de violación del que ella fue víctima del doctor que la atendía; delito que denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que le dio seguimiento el Tribunal Superior de Justicia capitalino. Y, es que Wendy murió el pasado 9 de noviembre de este 2020, a consecuencia de una enfermedad terminal.
Wendy, solo buscaba justicia por la violación que -dijo-, fue víctima por parte del doctor neurólogo Agustín “G”, cuyo delito lo cometió en el Hospital General de Iztapalapa.
En la carpeta de Investigación CI-FSP/B/UI- B-2, C/D/04263/11-2018 D03, misma que fue ratificada por la víctima en enero de 2019 dejó asentado que desde temprana edad comenzó su primera batalla, luego de que le detectaran una enfermedad en los riñones.
Con tan solo 18 años de edad, conoció al nefrólogo Agustín “G”, especialista del IMSS y jefe del área de Hemodiálisis del Hospital General de Iztapalapa, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien se convertiría en su agresor.
En abril de 2018 el médico, que juró sanar el dolor humano, convenció a la paciente de ir a la clínica 120 del IMSS para supuestamente practicarle unos estudios, con el fin de descartar salmonella, debido a un cuadro agudo de diarrea que presentaba, con el pretexto de que en el hospital de Iztapalapa no hacían esos exámenes.
Al comenzar a buscarlo por los pasillos, el doctor salió de uno de los consultorios, al cual ingresó a Wendy, ahí sólo estaban ellos dos. Declaró ante el MP que en ese momento el doctor comenzó a tocar las partes íntimas de la joven que medía 1.42 centímetros y que pesaba 38 kilos, para posteriormente violarla, sin que pudiera defenderse por su condición física y de salud.
Cuando Agustín, consumó la agresión sexual realizó “amenazas físicas y verbales refiriendo que si ella denunciaba o contaba algo la sacaría del programa de hemodiálisis”, por lo que la víctima salió del consultorio sin decirle nada a su abuela materna, quien se hizo cargo de Wendy desde que era una niña y quien la acompañó ese día al nosocomio.
Durante semanas la joven soportó ver día tras día a su violador caminar por los pasillos del hospital de Iztapalapa, donde seguía acudiendo a su tratamiento tres días por semana, pues de no hacerlo perdería la vida.
Unos meses después de la agresión, Wendy ingresó de gravedad a la clínica debido a un dolor agudo en el vientre; y para sorpresa de los doctores que la atendieron, el malestar que sentía fue producto de un aborto espontáneo.
Al enterarse de lo ocurrido, el especialista exigió de nueva cuenta a su paciente mantenerse en silencio respecto al embarazo de cuatro meses; "de todos modos nadie te creerá", le dijo.
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Después de haber sido dada de alta, Wendy rompió el silencio, con un objetivo: "poner tras las rejas" al doctor.
En septiembre de 2018, la joven, respaldada por un grupo de enfermeras del nosocomio, se presentó ante el entonces director general del Hospital de Iztapalapa, para informarle acerca de la agresión sexual de la que fue víctima; sin embargo, el titular del nosocomio hizo caso omiso.
En noviembre de aquel año, Wendy expuso su caso al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien mandó un desglose a la Procuraduría capitalina, la cual inició la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI- B-2, C/D/04263/11-2018 D03, misma que fue ratificada por la víctima en enero de 2019.
La integración del expediente se vio plagado de obstáculos, uno de estos fue que no se anexó el archivo clínico número 333031 de Wendy, ya que cuando les fue solicitado a las autoridades médicas, éstas aseguraron que los documentos habían desaparecido.
En el expediente clínico había análisis que certificaban el estado de gestación en el que estuvo la víctima, así como las lesiones vaginales que sufrió derivado de la violación.
El caso de Wendy fue apoyado por abogados de una organización no gubernamental, quienes enviaron un oficio a la actual jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, para que supervisara personalmente la denuncia.
El Ministerio Público acreditó mediante un peritaje psicológico que Wendy presentaba la sintomatología de una víctima de violación, y pidió que un juez de Control girara una orden de aprehensión en contra del médico.
La primera institución en manifestarse fue la Secretaría de Salud, dependencia que informó que el contrato de Agustín “G” había concluido y que no se lo renovarían. A la par, el especialista solicitó licencia en el IMSS para ausentarse de su trabajo.
Durante casi tres meses el médico fue buscado por la Policía de Investigación (PDI) en diferentes domicilios del Estado de México y la Ciudad de México, y fue capturado el 8 de agosto de 2019 por los agentes.
En la primera audiencia, la defensa auguraba un resultado a su favor, ya que el impartidor de justicia Federico Mosco González le impuso la prisión preventiva justificada al sospechoso, quien fue ingresado al Reclusorio Oriente. Por su parte, el abogado del doctor solicitó la duplicidad del término, para que la situación jurídica de su cliente fuera definida.
En la continuación de audiencia, el juez desechó el delito de violación y solamente resolvió procesar al acusado por abuso sexual. Además, quitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por una firma periódica. El Poder Judicial local no admitió a trámite la apelación que interpuso la defensa de Wendy en contra de la libertad concedida al doctor.
La joven padeció distintos abusos por parte de las autoridades del hospital de Iztapalapa, donde en diversas ocasiones le fue negado el servicio de hemodiálisis o se le dejaban de suministrar sus medicamentos.
Durante la pandemia la joven denunció mediante un video que en el hospital de Iztapalapa le estaban negando el servicio. Wendy resistió hasta el 21 de septiembre, cuando se programó la fecha para dictar sentencia al médico, quien confirmó su libertad con un arreglo reparatorio monetario.
La joven no pudo usar ese dinero para pagar un tratamiento privado, ya que murió el 9 de noviembre en las puertas del hospital Iztapalapa.
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