La Secretaría de la Función (SFP) investiga a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tras ser denunciados por modificar licitaciones para la prestación de servicio en el parque vehicular del área de División Valle de México Sur. Además, esta semana se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para detectar a funcionarios que incurren en actos de corrupción.
La denuncia ante la SFP contra la CFE que dirige, Manuel Bartlett, es porque se detectó que algunos funcionarios han favorecido a empresas privadas, en perjuicio de quienes sí cumplen con la normatividad vigente, por lo que este hecho también será denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo a la denuncia entre los funcionarios que presuntamente han incurrido en actos de abuso de autoridad se encuentran Noé Nájera Castillo y Said Arturo Serrano Martínez, encargados de las licitaciones y, ambos se dicen protegidos de Miguel Ángel Pérez Mar, titular del área de Responsabilidades.
De acuerdo a la denuncia DGDI/DD/CC/3120/3330/2021 interpuesta en la Subsecretaria de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, estos funcionarios acordaron ampliar en dos kilómetros, de siete a nueve, las instalaciones de los talleres mecánicos a contratar para dar mantenimiento a la flota vehicular de la División del Valle de México, (Zona Volcanes).
Esto ocasionó pérdidas millonarias a quienes ganaron licitaciones anteriores e invirtieron para establecerse dentro del radio de seis kilómetros hacia la CFE.
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Tal decisión abrió el camino a la empresa Comercializadora de Refacciones Automotrices Maquinaria y Accesorios, pero le cerró opciones a todos los que invirtieron y crearon empleos directos e indirectos.
Debido a ello, esta semana también será presentada una denuncia en la FGR y se le pedirá al fiscal Alejandro Gertz Manero llegue a fondo, pues hay muchos servidores públicos que insisten en reciclar prácticas nocivas y beneficiarse en lo particular facilitando recursos a empresas con las cuales estarían relacionados. Los imputados además de decirse protegidos de Manuel Bartlett, también argumentan que son gente del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel.
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