La disputa de tres de 11 hermanos por una casa intestada provocó que en los últimos dos años Silvia Franco, de 61 años, termine acusada y pasara seis meses tras las rejas el año pasado por agredir a su sobrino de 44 años, a pesar de que éste fue acusado de violencia familiar en junio de 2019, además, fue amenazada por un juez, Héctor Fernando Rojas Pacheco.
Resulta que Rojas Pacheco es el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y está adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12, en el Penal de Santa Martha, pero es vecino de Iztacalco y amigo del agresor de Silvia Franco.
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“Él me dijo que lo tenía harto y de su cuenta corría que me iba a ir a la cárcel”, dice la entrevistada, “este juez y mi sobrino se conocen desde niños, eran vecinos. Le está haciendo el favor y yo vivo siempre con la angustia dentro de mi propia casa”.
El drama jurídico familiar ocurre en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México, en la colonia Carlos Zapata Vela, a un lado de Canal de Tezontle, muy cerca de la Central de Abastos más grande del mundo y del Palacio de los Deportes.
Es el hogar de Silvia Franco, no conoce otra casa, ahí nacieron sus hijos; y vive con otras dos hermanas, Lourdes y Refugio, un sobrino que fue acusado de violencia familiar y su esposa que ahora arremete en su contra y la tiene contra la pared porque, dice, la anciana es un peligro.
“Temo por mi vida, por mi libertad, por mis hijos. Resulta ahora que ellos que fueron los agresores en el 2019 ahora son las víctimas y logran condenas como una de reparación de daños donde pidieron 6 mil pesos y el juez me condenó a pagar 10 mil, ¿Cómo es eso posible?”, dice Silvia en su visita a la redacción de La Prensa.
El testimonio de Silvia parece de novela policiaca. La primera vez que enfrentó a su agresor, de acuerdo con la petición girada cuya copia tiene La Prensa, fue el 2 de junio de 2019 y el MP Guadalupe Ivonne Rivera Neri solicitó a la SSC un “Código Águila” o “Código de Atención Ciudadana” con el fin de que procedieran a un esquema de protección de Silvia Ortiz para “salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima”, el nombre del agresor está en el documento: C. IVAN EMMANUEL GUTIERREZ FRANCO (sic).
Ortiz ha iniciado siete querellas por las golpizas sufridas a manos de sus familiares y ninguna de ellas se ha podido formalizar como una carpeta de investigación porque las detienen todas.
“Nos han dicho que un juez es el que detiene los procesos. Por eso el problema, por eso es que estamos en la angustia. No puedo enfrentar a un juez ¿Cómo?”, señala.
Sin abogado o consejero legal ahora Silvia Franco debe asistir este viernes ante el juez Francisco Gerardo Ojeda Osorio en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y si no lo hacen será arrestada de nuevo, esos son los términos de la notificación que recuperó en su casa.
En el fondo el problema es la disputa por la casa donde viven, intestada porque tras fallecer el jefe de familia, ninguno de los hermanos se puso de acuerdo con lo que harían con el bien inmueble.
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Tres de los 11 hijos hoy conviven en la misma casa habitación y convirtieron las áreas comunes en zonas de guerra.
“Todos los días hay problemas en la cocina, en el baño, en la sala. Mi hermana ya le dijo a los vecinos que no me ayuden”, cuenta entre lágrimas.
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