Como si fuera parte de la pandemia de indiferencia y revictimización de posibles mujeres violentadas o abusadas en planteles universitarios, la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), una institución de historia y que representa la cúspide para jóvenes de todo el país que buscan un lugar en la escena, se suma a las instituciones del país que se muestran pasivas, si no parciales, con los señalamientos que sus propias alumnas hacen de casos de abuso, acoso y hostigamiento sexual, sin que, con el paso de los años, obtengan respaldo de sus autoridades escolares.
Esto ha llevado a la comunidad estudiantil a tomar medidas extremas: desde el pasado 18 de marzo iniciaron un paro que busca, en sus propias palabras, “dialogar y replantear los protocolos para que estos respondan a las necesidades actuales, vigentes y urgentes”.
Estas necesidades son que las autoridades escolares asuman su papel para dar cauce a noventa agresiones sexuales, que incluyen violaciones sexuales “cometidas en agravio de las alumnas de la institución, por maestros, terapeutas y alumnos”.
Esta información es parte de la respuesta que la Comunidad de Alumnas de la ENAT hizo recientemente a la Directora de la Escuela, Mtra. Gabriela Pérez Negrete; a la Dra. Lucina Jiménez López, Directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y a la Mtra. Claudia del Pilar Ortega González, Subdirectora General de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas quienes publicaron un documento en el que trataron de minimizar la demanda de toda la comunidad estudiantil.
En el comunicado, emitido como reacción al paro, las autoridades del INBAL y la ENAT reconocieron “la problemática que denuncia la comunidad estudiantil de violencia escolar y de género existente en la escuela” pero sólo hicieron mención de 20 casos, dejando sin voz a las demás víctimas de los 90 casos que, en total, el movimiento estudiantil ha registrado, ha dado seguimiento e incluso asesoría.
De hecho, las autoridades atribuyen estas agresiones a solo a dos personas quienes, aseguran, “ya han sido sancionados” sin que se conozca la identidad ni las faltas de esos supuestos sancionados.
Aunado a esta gris reacción, la Directora Pérez Negrete, quien está en el último tramo de su gestión, en una comunicación directa a todo el alumnado, fue clara en advertir “de manera urgente”, que la conclusión y la validez oficial del periodo escolar se encuentra en riesgo para quienes transitan el primer año de las licenciaturas si no regresan el próximo 12 de abril. Para los demás, les advierte de las faltas y retrasos en posgrados.
De manera que, además de la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en la ENAT, también existe una cerrazón de las autoridades al minimizar e intentar frenar el movimiento y las demandas de las estudiantes -quienes habían anunciado la entrega de su pliego petitorio el 17 de abril- lanzando una amenaza velada a todo el alumnado que participa, íntegramente en el paro, de que sus estudios no serán reconocidos o que habrá consecuencias “por ausencias”.
En contraste, ninguna acción conjunta o colaboración ha sido propuesta en conjunto con ellas para lo que realmente importa: revisar y, en su caso, proceder en los demás hechos que las alumnas han venido señalando desde años atrás.
“Por más de tres años, de forma reiterada y sistemática, la Dirección ha omitido tomar las medidas atinentes y expeditas para garantizar la integridad sexual, física y emocional del alumnado”, apuntaron.
Las integrantes del Movimiento aseguran que incluso las propias autoridades, de forma implícita o explícita, han disuadido a víctimas en su afán de perseguir en justicia “conminándolas a no recurrir a las autoridades y sometiéndoles a mediar con los victimarios de manera revictimizante, perpetuando así la violencia”.
Las autoridades de la ENAT y el INBAL señalaron que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del INBAL (CEPCI), ha dado cauce únicamente a 7 denuncias.
Sin embargo, el Movimiento señala que dicho Comité, formado mayormente por personal administrativo, culmina en resoluciones no vinculantes, situación que redunda en el “deterioro absoluto de las garantías de defensa de toda víctima y en lesión de la comunidad entera”.
Las estudiantes han informado a sus autoridades que están dispuestas a un diálogo, para lo cual preparan un Pliego Petitorio que será entregado el 17 de abril del presente, pero no antes como ha intentado la autoridad, porque las jóvenes desean una solución de fondo y exhaustiva para todos los casos denunciados.
Por ello, las invitaciones que las autoridades han emprendido en semanas pasadas como reacción al movimiento no han sido aceptadas, al tratarse de acciones burocráticas que no se relacionan con el fin del paro: atender y, en su caso, sancionar los casos de abuso sexual reiterados al interior de la Escuela.
“El diálogo se llevará a cabo en igualdad de condiciones y una vez entregado el citado Pliego Petitorio del cual habremos de sostener su efectiva materialización con la debida documentación, denuedo y pulcritud”, han señalado las jóvenes en su documento.
Mientras que las autoridades hicieron alusión a la puesta en marcha de un “Plan de trabajo de Prevención y Erradicación de la Violencia Escolar y de Género 2021- ENAT” las estudiantes han respondido que este no puede ser acogido porque no recoge su demanda principal: conocer y procesar los casos y apoyar a las víctimas.
Por el contrario, señalan, “a lo largo del comunicado se enfatiza la posibilidad de reunir a toda la comunidad escolar, sin tomar en cuenta que eso implica encarar a las víctimas con sus agresores”.
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Los funcionarios de la ENAT aducen en su documento que la causa del paro es un asunto de mera “violencia escolar y de género”, lo que las estudiantes consideran un eufemismo “que minimiza la gravedad de las conductas delictivas y ofende no solo a las víctimas de violación, acoso y abuso sexual, sino a la comunidad estudiantil completa”.
“Exigimos un diálogo respetuoso y que las autoridades educativas de la Federación ajusten su obrar a los parámetros constitucionales y convencionales destinados a erradicar toda forma de violencia, maltrato y discriminación contra las mujeres, reconociendo, de entrada, que el abuso sexual es una conducta delictiva y grave, no solo un mero diferendo de género”, señalan las estudiantes.
Hacemos un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que den seguimiento al presente pronunciamiento y conminamos a la autoridad escolar a que reconozca que una comunidad estudiantil, frente a un cuerpo docente, se encuentra en una posición de subordinación que resulta propicia para toda forma de abuso, especialmente cuando ocurre acompañada de amenazas por parte de quien abusa, de perjudicar el futuro laboral, reputacional o académico de sus víctimas
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