La estrategia contra el crimen organizado en México llevada a cabo por el actual gobierno generó la creación de nuevas pandillas, mucho más competitivas y feroces que se disputan el territorio nacional, desplazan a los clanes familiares tradicionales, promueven una mayor internacionalización del narcotráfico y congelan y amedrentan al sistema judicial mexicano, son las conclusiones del informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos llamado “México: crimen organizado y narcotráfico”.
“Dos causas de la violencia actual pueden ser la erosión del dominio del Cártel de Sinaloa y la mayor competencia para beneficiarse del aumento de la producción y distribución de heroína, opioides sintéticos y metanfetamina”, se lee en el texto.
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Más aún, “algunos observadores siguen convencidos de la capacidad tanto de la organización de Sinaloa como de su principal competidor, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para retener un poder significativo al respaldar sus redes de soborno y corrupción bien establecidas con su demostrada capacidad de violencia”.
El asesinato en junio de 2020 de un juez federal en Colima, que había supervisado un caso que involucraba al hijo del líder del CJNG, Rubén “El Menchito” Oseguera, que había fallado a favor de su extradición a Estados Unidos en 2020 y había dictado sentencias en casos importantes del Cártel de Sinaloa, más la emboscada contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, hizo que algunos jueces se negaran a aceptar casos del crimen organizado, señala el informe.
El texto señala que las organizaciones extendieron sus actividades a otras áreas como es el tráfico de migrantes, la extorsión y el control territorial por encima de las autoridades.
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“Algunos legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por la extensión del territorio en México que no está bajo el control del gobierno central. En esos lugares, los grupos criminales y sus fragmentos intentan buscar el dominio y asegurar la impunidad de las autoridades gubernamentales”, señalan.
En el caso del CJNG, por ejemplo, el informe muestra que estuvo involucrado en enfrentamientos violentos con rivales para controlar los cruces fronterizos y las rutas de contrabando hacia Estados Unidos.
En el informe se lee que los observadores que rastrean la expansión de las organizaciones criminales están operando incluso en áreas legales, por ejemplo, los de Sinaloa y el CJNG “están compitiendo para dominar las industrias de producción de pescado y pesca deportiva en la costa este y oeste de México.
CJNG Y SU VIOLENCIA EXTREMA
De acuerdo con el documento “México: Crimen organizado y Narcotráfico”, el CJNG es intensamente expansionista y utiliza muestras de violencia extrema para intimidar. Se cree ampliamente que son los responsable del asesinato del juez federal que falló contra su líder y pocas semanas después fueron acusados directamente de ser los responsables del ataque armado que hirió al titular de la SSC y mató a dos guardaespaldas y a un transeúnte.
“García Harfuch, desde su cama de hospital, acusó al CJNG de haber lanzado el ataque. Hasta finales de 2021 no se había informado públicamente sobre las investigaciones del asesinato del juez en Colima o el intento de asesinato en la Ciudad de México”, muestra el informe del Congreso de Estados Unidos.
Según un análisis de International Crisis Group, entre 2009 y finales de 2020 “al menos 543 grupos armados operaron en México”; el análisis atribuyó en gran medida esta situación a los fracasos de la estrategia del capo.
“Después de tres años en el cargo, a partir de enero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, señala el documento.
“Algunos analistas también cuestionan el compromiso de López Obrador de combatir la corrupción de una manera que podría ayudar a frenar la persistente violencia relacionada con el crimen organizado en México.
Durante sus primeros tres años en el cargo, el Presidente ha dicho que siguió enfoques antidrogas no convencionales, como la legalización de algunas drogas como el cannabis, y enfrentó el robo de petróleo atacando a los cárteles que se sabe que se lo llevan. Sin embargo, varios observadores sostienen que la administración no ha emitido una política de seguridad efectiva o integral para combatir las Organizaciones Criminales Trasnacionales (OCT)”. se lee en el informe.
“México: crimen organizado y narcotráfico”, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, revela que desde el encarcelamiento de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán, el Cártel de Sinaloa se ha dividido en cuatro facciones clave. Uno dirigido por “El Mayo” Zambada, otra por el hermano de “El Chapo”, Aurelio “El Guano” Guzmán Loera; una tercera por un cofundador del mega sindicato fundador, el Cártel de Guadalajara, y un cuarto por los cuatro hijos de “El Chapo”, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”.
Esta división puede debilitar al cártel que dirigió por muchos años “El Chapo”, pero también empoderar a otra organización, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA una de las principales amenazas de Estados Unidos y el grupo criminal mejor armado de México.
LA LIBERACIÓN DE OVIDIO
El informe refiere el lamentable caso de octubre de 2019, cuando fuerzas federales intentaron capturar a Ovidio Guzmán, “El Ratón”; hijo de “El Chapo” hasta que el Cártel de Sinaloa reaccionó rápidamente con una fuerza abrumadora que hizo que lo liberaran.
Al hacer un análisis de las organizaciones criminales que operan en México, el Congreso de Estados Unidos advierte que la fricción entre dos facciones –la de “Los Chapitos” y la de “El Mayo”–, fue intensa durante 2021. En su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas (NDTA), la DEA estima que ese año el Cártel de Sinaloa demostró la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos, por lo que lo considera un importante impulsor del tráfico de esa droga hacia EU.
En la NDTA de 2020, la DEA habla también del Cártel del Golfo, que tradicionalmente se enfoca en el comercio de cocaína y mariguana, pero ahora se especializa en heroína y cocaína, tiene su “base de poder” en Tamaulipas y el estado central de Zacatecas, y puede tener alianzas en algunos estados con el CJNG; sin embargo, las luchas entre facciones continúan y el Ejército sigue con sus esfuerzos para eliminar a los líderes del Golfo.
No obstante la mayor preocupación es el CJNG y su líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”, por quien ofrecen 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, ya que se cree se esconde en las montañas de Jalisco, Michoacán y Colima.
A esto abona también que la DEA ha identificado que traficantes y vendedores minoristas de fentanilo y heroína combinan las drogas de varias maneras, como convertirlas en píldoras falsificadas altamente adictivas y extremadamente poderosas (que parecen ser OxyContin u otros medicamentos recetados y de venta libre).
La DEA ha dicho que el fentanilo proporcionado por traficantes mexicanos a ciertos mercados de drogas de EU puede suplantar a la heroína en “polvo blanco”. Aún así, 97 por ciento de la heroína rastreada en las incautaciones de Estados Unidos proviene de México.
Indica que a pesar de años de esfuerzos, incluida la asistencia sustancial de Estados Unidos, las OCT mexicanas y su violencia siguen siendo difíciles de reprimir. Por lo tanto, la evolución y las actividades de éstas siguen siendo una preocupación constante para los formuladores de políticas de EU.
“La violencia se ha extendido desde la frontera con Estados Unidos hacia el interior de México. La violencia relacionada con OCT ha estallado en los estados del Pacífico de Michoacán y Guerrero; en los centrales estados de Guanajuato, Zacatecas, Morelos y Colima, y en los estados fronterizos del norte de Tamaulipas Chihuahua y Baja California, donde se encuentran las ciudades fronterizas más grandes de México”, aseveró.
Revela que el aumento de la violencia en México coincide con una transición a la producción y el tráfico de drogas sintéticas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, opioides sintéticos.
Según se informa, las autoridades mexicanas incautaron casi seis veces la cantidad de drogas sintéticas en 2019 y 2020 que las incautaciones entre 2016 y 2018. Este aumento en las incautaciones ha avivado nuevas preocupaciones entre los legisladores de Estados Unidos sobre la efectividad de las estrategias anticártel y antifentanilo de México.
LO QUE VIENE
Según el informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la Guardia Nacional, que el Presidente desplegó a mediados de 2019, ha tenido menos denuncias de abuso que el Ejército bajo el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la estrategia militarizada para combatir a las organizaciones trasnacionales no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales.
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“Los factores estructurales que plagan la lucha de México por la seguridad y la estabilidad incluyen la impunidad criminal persistente, la corrupción arraigada y la demanda constante de drogas ilegales por parte de los usuarios de drogas estadounidenses y europeos. La desaparición de los capos tradicionales, que tenían largas asociaciones, a menudo familiares, y se entendía que gobernaban sus ejércitos de cártel de manera jerárquica desde una posición central, ha dado lugar a grupos más pequeños, altamente fracturados, competitivos y, a menudo, ultraviolentos, señala el informe.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018. Hizo amplias promesas de combatir la corrupción, reducir la violencia y promover programas socioeconómicos. Con el inicio de los shocks económicos y fiscales debido a la pandemia de Covid-19, muchos observadores cuestionaron si las metas sociales de López Obrador eran alcanzables. Anunció que se alejaría de la Iniciativa Mérida y se uniría a la administración Biden en un nuevo enfoque de seguridad, el Marco del Bicentenario, que sigue en desarrollo en 2022”.
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