La Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ), promovió un juicio de desafuero contra el diputado y ex jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo para ser juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito debió a que se le detectaron bienes inmuebles que no corresponden a sus ingresos y, solicitó información sobre sus cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La titular de la FGJ, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer sobre la instrucción para presentar ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional de Coyoacán, exdiputado local de la CDMX y actual diputado federal.
“Hay algo que tenemos muy claro en la Fiscalía, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y más aún, cuando se trata de servidores públicos”, dijo la abogada de la Ciudad en conferencia de medios a través de sus redes sociales.
Será el responsable de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien inicie el proceso en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política y una vez ocurrido, dicha fiscalía procederá penalmente.
El Ministerio Público de la Ciudad de México probará la responsabilidad penal del servidor público mencionado, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados, explicó Godoy Ramos.
En información emitida por la Fiscal, el 4 de septiembre del año 2020, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual, se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.
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Dicha investigación “incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del período comprendido del 2006 a la fecha, información registral y notarial de diversos inmuebles, dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble, dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado”, dijo.
La Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por su condición de diputado federal, para que la persona imputada comparezca ante un juez y enfrente un juicio justo y apegado a derecho como cualquier otro ciudadano.
Aunque el fuero constitucional protege el funcionamiento del Poder Legislativo y las opiniones de sus integrantes, no es sinónimo de impunidad, explicó Ernestina Godoy.
La fiscal reiteró el combate a la corrupción, “significa la regeneración de la vida pública y el restablecimiento de la confianza en las instituciones. Su erradicación, implica cambios profundos en todos los ámbitos de la vida de esta la ciudad”.
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