Los dueños de casas que cuentan formal y legalmente con toma de agua, pero que permitan que se sustraiga el líquido, vía robo, con fines de comercialización en colonias con sequía, enfrentará penas de hasta 4 años de cárcel.
Lo anterior fue dado a conocer por el diputado Daniel Sibaja González, promotor de una iniciativa contra el robo de agua potable en el Estado de México, donde en varios municipios existe pago de cuota anualizada y no a través de medidores; es decir, que lo mismo se paga por consumir un litro que 50 mil litros o más.
En entrevista con LA PRENSA, después de dar a conocer que el Congreso mexiquense logró aprobar el proyecto para combatir esa modalidad de “huachicol”, el legislador manifestó que los cambios legales permitirán ahora sancionar a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma, desde donde clandestinamente se sustraiga el recurso natural con fines de comercialización.
El diputado, integrante de la fracción de Morena, afirmó que tras las modificaciones avaladas por unanimidad, se podrá equiparar con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada con fines de lucro.
Explicó que la penas irán de dos a seis años prisión contra aquellas personas que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraigan y se apropien del agua potable de la infraestructura hidráulica, así como hasta ocho años de cárcel contra quien la explote o comercialice clandestinamente con el líquido.
Hizo énfasis en que la pena máxima será de hasta nueve años de prisión y ésta aplicará cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del agua potable de la infraestructura hidráulica estatal.
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Daniel Sobaja González aseveró que esta reforma al Código Penal es producto del consenso de todos los grupos parlamentarios pues el robo de agua ocurre no solo en Ecatepec, sino en todo el Valle de México y busca justicia para familias que tienen más de cinco años sin agua.
Puntualizó que las reformas establecen diversas modalidades y sanciones, por lo cual, quien distribuya o suministre agua potable, a través de pipa u otro medio, para obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente se le impondrán de dos a seis años de prisión; y a quien distribuya agua potable a través de pipa y la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrán de uno hasta tres años de prisión.
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