/ lunes 23 de mayo de 2022

Crece reclutamiento infantil por el crimen organizado

Empuja REDIM propuesta para que la utilización de niños y adolescentes sea tipificada como delito

El reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por el crimen organizado, es un pendiente legislativo a nivel nacional para que sea tipificado como delito, cuando de enero a octubre del 2021 fueron registradas como desaparecidas 3 mil 726 personas de 0 a 17 años.

La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández, afirmó que la violencia en México contra los niños y adolescentes ha ido en aumento en los últimos años.

Confirmó las cifras del año pasado y delineó que el reclutamiento constituye una de las formas más graves de la violencia contra los menores de edad, además de ser una afectación directa a todos sus derechos e ir en contra del interés superior de la niñez.

Foto: Cortesía

En relación al estudio “Reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislación”, refirió que ese fenómeno se refiere a toda forma de capacitación o alistamiento de esas personas en cualquier tipo de grupo delictivo, no sólo delincuencia organizada.

Señaló que el objetivo del documento es enfocar el desarrollo de políticas públicas y sociales nacionales que pueden prevenir y atender esta problemática; se opta por aplicar el modelo ecológico-social al reclutamiento y así presentar los factores asociados al reclutamiento en México.

Dio cuenta que la propuesta de modificación del marco jurídico es desde una perspectiva de garantía de derechos de los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Ramírez Hernández detalló que, para la propuesta de tipificación del delito de reclutamiento, se toman como base las recomendaciones del Comité del Niño en México, en las que se establece que se tipifique de manera específica el reclutamiento de menores por grupos armados, como los del crimen organizado.

Se trata, dijo, de asegurar que ningún niño sea reclutado por grupos armados, así como el acceso a la justicia y a una compensación para los que han sido reclutados ilegalmente.

Asimismo, revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia.

Durante su participación en el foro Diálogos por la Infancia, presentó el estudio y acotó que la propuesta de cómo debe ser abordado este nuevo enfoque para la atención de reclutamiento, es a partir de la tipificación explícita en el Código Penal Federal y de manera general, también, asegurando la prohibición de esa actividad por cualquier grupo.

Las consideraciones para la acción legislativa de la tipificación del delito serían ubicar el bien jurídico protegido, es decir el libre desarrollo de la personalidad; observar que el reclutamiento puede ser llevado a cabo por cualquier tipo de grupo delictivo y hacer énfasis en que la niñez es la víctima.

Asimismo, la de la REDIM, indicó que otra acción legislativa que se propone, es que el sistema de justicia para adolescentes tenga también una perspectiva de derechos de adolescencia e infancia. La tercera acción es la restitución de derechos, contemplaría la garantía de derechos de las víctimas, salud y recuperación, además de apoyo psicosocial, oportunidades educativas y vocacionales, regreso seguro a la vida familiar y comunitaria, y un plan de restitución de derechos conforme a las necesidades de la víctima.

Foto: Cortesía

En su momento, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Anzaldo, señaló que este es un tema desgarrador y que, el hecho de que 3 mil 726 personas de 0 a 17 años desaparecieran entre enero y octubre del año pasado, es una llamada de alerta que no se debe normalizar.

La diputada del PRI estimó que detrás de las cada vez más frecuentes Alerta Amber que se ven en redes sociales, “no solamente está el comienzo de una pesadilla para la familia que tiene una gran incertidumbre, un enorme dolor por no saber dónde están sus hijos, sino también el comienzo de una verdadera pesadilla para ellos que son víctimas y para el resto de la sociedad”.

Para ella es relevante ver esta problemática de forma transversal, “tenemos mucho que hacer en lo cultural, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo comunitario, en lo institucional y en lo jurídico”.

Destacó la importancia de tipificar este delito y la necesidad de establecer en la ley la obligación de las autoridades para desarrollar políticas públicas enfocadas a la prevención de este tipo de conductas.

Se refirió a la necesidad de apostar hoy más que nunca a la coordinación, por una parte, de las autoridades responsables en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, pero también en la Cámara de Diputados apostarle a ponerle presupuesto. “No basta la voluntad, necesitamos tener instituciones que realmente abran sus puertas y tengan manera de responder a nombre del Estado mexicano”.

A su vez, en el mismo foro Diálogos por la Infancia, el presidente de la Comisión de Justicia en el recinto de San Lázaro, el diputado panista Felipe Fernando Macías Olvera, mencionó que existe poca evidencia empírica o estadística que permita conocer a profundidad la dimensión del fenómeno delictivo. “No podemos permitir que una sola niña, niño o adolescente se encuentre en riesgo de ser forzado a participar en las filas de la delincuencia organizada”.

Se congratuló por sancionar penalmente a quienes recluten a niños y adolescentes en estas actividades. Desde esta instancia legislativa, “seguiremos apoyando las iniciativas que tengan por objeto establecer medidas para proteger a los menores de edad frente a los grupos de delincuencia organizada; tenemos el gran reto de erradicar la violencia en el país y, en su grado más cruel, en donde se involucra a niños y adolescentes”.

Mientras, el legislador de Morena, Alejandro Manuel Robles Gómez, quien funge como secretario de la Comisión de Justicia, aludió la importancia de tipificar el reclutamiento y señaló que la infancia y la adolescencia son de los sectores más vulnerables.

Es un hecho que la delincuencia organizada tiene en su objetivo no tanto las adicciones, sino la trata y el tráfico de personas. “Vamos a estar muy atentos a la discusión de este nuevo tipo penal, porque es en las generaciones futuras en lo que estamos pensando y trabajando. Es uno de los temas que generan amplio consenso y está más allá de los colores”.

La diputada del Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre Valdez, integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia, argumentó que uno de los temas de su agenda personal es la tipificación y anunció que presentará un paquete de reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Indicó que en el documento se contemplan los riegos que no sólo están en lo individual sino en lo familiar y en la comunidad, pero también los riesgos institucionales. “Hay mucha tarea por hacer, sobre todo en la voluntad para avanzar en el Legislativo. El gran tema está en las procuradurías, cómo proteger sus derechos y cómo restituirlos”.

Por la bancada del PVEM, Eunice Monzón García, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, externó su felicitación a REDIM, porque en el contexto de violencia que se vive en el país “el informe es muy importante, al dar cuenta que el reclutamiento de los niños y adolescentes por grupos delictivos es una de las peores formas de violencia que estos sufren”.

Este fenómeno crece, por lo que la atención debe ser prioritaria. “La infancia y la adolescencia tienen muchas barreras para ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Es importante cambiar y fortalecer las políticas y acciones establecidas; se deben elaborar pensando en la infancia y adolescencia”.

La diputada del PAN María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, promovente de la iniciativa en materia de reclutamiento ilícito, reconoció el trabajo de REDIM para unir esfuerzos y fortalecer el marco legal, a efecto de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Añadió que existe una total indiferencia y olvido a temas sensibles como es la infancia en México.

Foto: FGJEM


Estableció que tal situación, conlleva a la falta de incumplimiento de los ejecutores respeto al principio del interés superior de la niñez. Urgió a fortalecer a las procuradurías, pues hay deficiencias en el seguimiento de desempeño en la aplicación de acciones y metas que permitan verificar la aplicación de los procedimientos legales en materia de niñez y sugirió presupuestos asequibles que favorezcan a la infancia y adolescencia.

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Por su parte, el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, el morenista Gustavo Contreras Montes, refirió que el estudio “Reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislación”, abre el panorama sobre la gravedad de este tema y deja claro que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión es fundamental para abatir este problema que aqueja a las niñas, niños y jóvenes del país.

Calificó de inaceptable esta acción de reclutamiento, porque afecta derechos al desarrollo, a la protección, a la salud y a la educación. El interés superior de los, niños y adolescentes, es un bien jurídico y se debe proteger.

“La propuesta de que el reclutamiento sea incluido en el Código Penal Federal es una propuesta dirigida a frenar dicha situación; se debe discutir y le daremos seguimiento”, remató.

La diputada morenista Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, argumentó que la investigación es de vital importancia; sin embargo, el tema del reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos no es nuevo y se intensificó a partir de 2006.

Difundió que esos grupos han utilizado a los infantes para sembrar cultivos, halconeo e incluso como sicarios, y en muchos casos son obligados o extorsionados. Agregó que es de suma importancia tipificar el reclutamiento y castigar a los adultos que se aprovechan de la circunstancia de las y los menores, pero no se les debe criminalizar ni considerar delincuentes.

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El reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por el crimen organizado, es un pendiente legislativo a nivel nacional para que sea tipificado como delito, cuando de enero a octubre del 2021 fueron registradas como desaparecidas 3 mil 726 personas de 0 a 17 años.

La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández, afirmó que la violencia en México contra los niños y adolescentes ha ido en aumento en los últimos años.

Confirmó las cifras del año pasado y delineó que el reclutamiento constituye una de las formas más graves de la violencia contra los menores de edad, además de ser una afectación directa a todos sus derechos e ir en contra del interés superior de la niñez.

Foto: Cortesía

En relación al estudio “Reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislación”, refirió que ese fenómeno se refiere a toda forma de capacitación o alistamiento de esas personas en cualquier tipo de grupo delictivo, no sólo delincuencia organizada.

Señaló que el objetivo del documento es enfocar el desarrollo de políticas públicas y sociales nacionales que pueden prevenir y atender esta problemática; se opta por aplicar el modelo ecológico-social al reclutamiento y así presentar los factores asociados al reclutamiento en México.

Dio cuenta que la propuesta de modificación del marco jurídico es desde una perspectiva de garantía de derechos de los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de grupos delictivos.

Ramírez Hernández detalló que, para la propuesta de tipificación del delito de reclutamiento, se toman como base las recomendaciones del Comité del Niño en México, en las que se establece que se tipifique de manera específica el reclutamiento de menores por grupos armados, como los del crimen organizado.

Se trata, dijo, de asegurar que ningún niño sea reclutado por grupos armados, así como el acceso a la justicia y a una compensación para los que han sido reclutados ilegalmente.

Asimismo, revisar la estrategia de combate al crimen organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la violencia.

Durante su participación en el foro Diálogos por la Infancia, presentó el estudio y acotó que la propuesta de cómo debe ser abordado este nuevo enfoque para la atención de reclutamiento, es a partir de la tipificación explícita en el Código Penal Federal y de manera general, también, asegurando la prohibición de esa actividad por cualquier grupo.

Las consideraciones para la acción legislativa de la tipificación del delito serían ubicar el bien jurídico protegido, es decir el libre desarrollo de la personalidad; observar que el reclutamiento puede ser llevado a cabo por cualquier tipo de grupo delictivo y hacer énfasis en que la niñez es la víctima.

Asimismo, la de la REDIM, indicó que otra acción legislativa que se propone, es que el sistema de justicia para adolescentes tenga también una perspectiva de derechos de adolescencia e infancia. La tercera acción es la restitución de derechos, contemplaría la garantía de derechos de las víctimas, salud y recuperación, además de apoyo psicosocial, oportunidades educativas y vocacionales, regreso seguro a la vida familiar y comunitaria, y un plan de restitución de derechos conforme a las necesidades de la víctima.

Foto: Cortesía

En su momento, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, Ana Lilia Herrera Anzaldo, señaló que este es un tema desgarrador y que, el hecho de que 3 mil 726 personas de 0 a 17 años desaparecieran entre enero y octubre del año pasado, es una llamada de alerta que no se debe normalizar.

La diputada del PRI estimó que detrás de las cada vez más frecuentes Alerta Amber que se ven en redes sociales, “no solamente está el comienzo de una pesadilla para la familia que tiene una gran incertidumbre, un enorme dolor por no saber dónde están sus hijos, sino también el comienzo de una verdadera pesadilla para ellos que son víctimas y para el resto de la sociedad”.

Para ella es relevante ver esta problemática de forma transversal, “tenemos mucho que hacer en lo cultural, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo comunitario, en lo institucional y en lo jurídico”.

Destacó la importancia de tipificar este delito y la necesidad de establecer en la ley la obligación de las autoridades para desarrollar políticas públicas enfocadas a la prevención de este tipo de conductas.

Se refirió a la necesidad de apostar hoy más que nunca a la coordinación, por una parte, de las autoridades responsables en los tres poderes y en los tres ámbitos de gobierno, pero también en la Cámara de Diputados apostarle a ponerle presupuesto. “No basta la voluntad, necesitamos tener instituciones que realmente abran sus puertas y tengan manera de responder a nombre del Estado mexicano”.

A su vez, en el mismo foro Diálogos por la Infancia, el presidente de la Comisión de Justicia en el recinto de San Lázaro, el diputado panista Felipe Fernando Macías Olvera, mencionó que existe poca evidencia empírica o estadística que permita conocer a profundidad la dimensión del fenómeno delictivo. “No podemos permitir que una sola niña, niño o adolescente se encuentre en riesgo de ser forzado a participar en las filas de la delincuencia organizada”.

Se congratuló por sancionar penalmente a quienes recluten a niños y adolescentes en estas actividades. Desde esta instancia legislativa, “seguiremos apoyando las iniciativas que tengan por objeto establecer medidas para proteger a los menores de edad frente a los grupos de delincuencia organizada; tenemos el gran reto de erradicar la violencia en el país y, en su grado más cruel, en donde se involucra a niños y adolescentes”.

Mientras, el legislador de Morena, Alejandro Manuel Robles Gómez, quien funge como secretario de la Comisión de Justicia, aludió la importancia de tipificar el reclutamiento y señaló que la infancia y la adolescencia son de los sectores más vulnerables.

Es un hecho que la delincuencia organizada tiene en su objetivo no tanto las adicciones, sino la trata y el tráfico de personas. “Vamos a estar muy atentos a la discusión de este nuevo tipo penal, porque es en las generaciones futuras en lo que estamos pensando y trabajando. Es uno de los temas que generan amplio consenso y está más allá de los colores”.

La diputada del Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre Valdez, integrante de las comisiones de Derechos de la Niñez y de Justicia, argumentó que uno de los temas de su agenda personal es la tipificación y anunció que presentará un paquete de reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Indicó que en el documento se contemplan los riegos que no sólo están en lo individual sino en lo familiar y en la comunidad, pero también los riesgos institucionales. “Hay mucha tarea por hacer, sobre todo en la voluntad para avanzar en el Legislativo. El gran tema está en las procuradurías, cómo proteger sus derechos y cómo restituirlos”.

Por la bancada del PVEM, Eunice Monzón García, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, externó su felicitación a REDIM, porque en el contexto de violencia que se vive en el país “el informe es muy importante, al dar cuenta que el reclutamiento de los niños y adolescentes por grupos delictivos es una de las peores formas de violencia que estos sufren”.

Este fenómeno crece, por lo que la atención debe ser prioritaria. “La infancia y la adolescencia tienen muchas barreras para ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Es importante cambiar y fortalecer las políticas y acciones establecidas; se deben elaborar pensando en la infancia y adolescencia”.

La diputada del PAN María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, promovente de la iniciativa en materia de reclutamiento ilícito, reconoció el trabajo de REDIM para unir esfuerzos y fortalecer el marco legal, a efecto de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Añadió que existe una total indiferencia y olvido a temas sensibles como es la infancia en México.

Foto: FGJEM


Estableció que tal situación, conlleva a la falta de incumplimiento de los ejecutores respeto al principio del interés superior de la niñez. Urgió a fortalecer a las procuradurías, pues hay deficiencias en el seguimiento de desempeño en la aplicación de acciones y metas que permitan verificar la aplicación de los procedimientos legales en materia de niñez y sugirió presupuestos asequibles que favorezcan a la infancia y adolescencia.

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Por su parte, el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, el morenista Gustavo Contreras Montes, refirió que el estudio “Reclutamiento y utilización de niños y adolescentes por grupos delictivos: Análisis desde las Política Públicas y la Legislación”, abre el panorama sobre la gravedad de este tema y deja claro que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión es fundamental para abatir este problema que aqueja a las niñas, niños y jóvenes del país.

Calificó de inaceptable esta acción de reclutamiento, porque afecta derechos al desarrollo, a la protección, a la salud y a la educación. El interés superior de los, niños y adolescentes, es un bien jurídico y se debe proteger.

“La propuesta de que el reclutamiento sea incluido en el Código Penal Federal es una propuesta dirigida a frenar dicha situación; se debe discutir y le daremos seguimiento”, remató.

La diputada morenista Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, argumentó que la investigación es de vital importancia; sin embargo, el tema del reclutamiento de menores de edad por grupos delictivos no es nuevo y se intensificó a partir de 2006.

Difundió que esos grupos han utilizado a los infantes para sembrar cultivos, halconeo e incluso como sicarios, y en muchos casos son obligados o extorsionados. Agregó que es de suma importancia tipificar el reclutamiento y castigar a los adultos que se aprovechan de la circunstancia de las y los menores, pero no se les debe criminalizar ni considerar delincuentes.

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