María es madre de Santiago, quien se encuentra privado de la libertad, acusado del delito de secuestro. Según cuenta, en 2014 fue detenido por personas que no se identificaron como policías y obligado a aceptar su culpabilidad por medio de tortura. A la fecha no ha sido declarado culpable, pero ha pasado los últimos 5 años alejado de su familia.
Guadalupe es esposa de Fabián, quien fue detenido en 2011 y declarado culpable de secuestro ese mismo año. Fabián ya había en esa condición entre 1999 y 2002. En ambos juicios se utilizaron como pruebas confesiones obtenidas con tortura y bajo amenazas de violencia hacia su familia.
Ni María ni Guadalupe han sido acusadas de ningún delito, sin embargo han sufrido las secuelas físicas, psicológicas y económicas del funcionamiento del sistema penal.
Platicando con familiares de personas privadas de su libertad es difícil no advertir los efectos psicológicos que produce el ver como se aleja de ti a la fuerza un ser querido, sobretodo en condiciones tan normales en nuestro país como las detención arbitrarias, la obtención de declaraciones bajo tortura y la fabricación de culpables.
Dentro de los principios básicos del derecho penal moderno apegado a los Derechos Humanos se estipula que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, que nadie puede ser castigado por una conducta no proscrita en la leyes y que nadie puede ser castigado por el acto de alguien más.
Sin embargo, las consecuencias tangibles del sistema penal no se limitan a la persona acusada de violar la ley; la trascienden y afectan en lo más profundo a su familia y entorno social. Hay quienes incluso, desde la criminalística crítica, destacan el papel de los centros de privación de la libertad (cárceles) como entes polarizadores, que atomizan las sociedades y rompen los vínculos existentes.
Generalmente extraídos de entornos con carencias económicas, el efecto de los centros de privación de la libertad refuerza dichas carencias. Se habla de afectaciones psicosociales ya que involucran un daño en múltiples áreas de la vida de las personas. En los casos tratados en este reportaje podemos distinguir afectaciones económicas, médicas y psicológicas.
De acuerdo con Valeria Moscoso, coordinadora del área de trabajo y acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la detención de un familiar detenido comienza con un “shock” inicial, en que todo se reduce a la urgencia de las familias para resolver la situación.
Después comienza un proceso de desengaño en el que los familiares van rompiendo estructuras mentales, a las que Moscoso llama apuntalamientos, es decir certezas que nos permiten desarrollarnos y ubicarnos en la vida. Por ejemplo, se te enseña que si eres bueno te va a ir bien, o que si bien vivimos expuestos a múltiples noticias sobre detenciones y arrestos, esas cosas nunca le pasan a quién no infringe la ley.
Valeria Moscoso dice que la detención arbitraria aunada a la tortura, la fabricación de los delitos, multas y años de privación de la libertad sin siquiera tener sentencia son golpes emocionales que rompen la estructura sobre la que reposan los apuntalamientos psicológicos de las personas en el acto de presenciar que sus concepciones no se sostienen ante la realidad.
Al hijo de María se lo llevaron cuando tenía 19 años. Entre lágrimas y con la voz entrecortada recuerda el impacto que sintió al encontrar a su hijo en las oficinas de la SEIDO dos días después de haber desaparecido, al verlo con marcas de golpes en todo el cuerpo y escuchar de su propia voz que quienes lo arrestaron y torturaron nunca se identificaron como agentes públicos.
Guadalupe, por su parte, describe cómo con engaños se le hizo firmar un acta, diciendo que era para confirmar su presencia en la declaración, cuando realmente lo que estaba firmando era la culpabilidad de su marido, misma que había sido obtenida bajo tortura. Durante el tiempo que duró el primer proceso legal de su esposo, Guadalupe fue víctima de extorsión y amenazas por parte de la esposa del coacusado de su marido, alguien a quien ella había abierto la puerta de su casa y consideraba su aliada.
De acuerdo con el reporte “Falsas Sospechas Detenciones Arbitrarias Por La Policía En México” publicado por Amnistía Internacional en 2017, cuando una persona es detenida arbitrariamente no sólo se afecta su derecho a la libertad y a la integridad, sino que estas afectaciones alcanzan a sus familiares u otras personas cercanas. Es mismo reporte menciona que si bien cualquier persona puede ser arbitrariamente arrestada el riesgo es más significativo si se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo: si es una persona joven, pobre o indígena.
En palabras de Valeria Moscoso “a todos y todas nos puede pasar, pero lo cierto es que el sistema tampoco es tonto. No se va a ir contra el hijo de algún gran empresario o de alguien muy conocido que tiene el dinero para tener defensa, que tiene el acceso a abogados. ¡Y al mismo tiempo vemos a gente de mucho poder haciendo cosas muy ilegales y no están en la cárcel! Quienes pueblan las cárceles es gente que para el sistema y para los grupos de poder es invisible y desechable”.
María trabaja como empleada doméstica. En este momento su hijo de se encuentra en un centro de privación de libertad en Tamaulipas. Esto ocasiona que un porcentaje elevado de sus ingresos se destinen a transportarse para verlo un par de horas cada mes. Debido a la naturaleza de su trabajo María inhalaba de forma constante los vapores de líquidos utilizados para la limpieza de las casas, lo cual empeoró una condición congénita y desembocó en una traqueotomía de urgencia.
La separación forzada de María y su hijo tuvo otros efectos psicológicos que terminaron en depresión y un intento de suicidio. Además de las afectaciones económicas, médicas y psicológicas ya retratadas, María fue afectada en su reputación. Los rumores sobre su hijo en el barrio donde vivía tuvieron efectos en toda la familia, particularmente en los niños, lo cual sumado al gasto realizado para acudir a visitarlo, la obligó a cambiar su domicilio y regresar a vivir a casa de su madre.
Guadalupe es enfermera jubilada. La mayor parte de sus ingresos los dedica a mantener a sus hijos y a su esposo, quien padece diabetes en prisión. Ella ha sido responsable de procurar que los vínculos afectivos entre sus hijos y su esposo no se vean dañados por la ausencia, una tarea con una carga emocional inconmensurable si consideramos que sumando ambos procesos en centros de detención de su marido ella ha sostenido a su familia financiera y económicamente durante más de una década.
Durante el segundo proceso legal de su esposo, a Guadalupe la parte acusadora se le acercó para decirle que había sido amenazada para declarar que había sido el esposo de Guadalupe quien le secuestró. Cuando Guadalupe relató esta conversación con la juez, esta le respondió que era posible que hubiese sido Guadalupe quien amenazó a la víctima. Además le recordó a Guadalupe que debido al antecedente penal de su marido era de suponerse que fuera culpable y que en eso consistía su modus vivendi.
Lo anterior muestra cómo a pesar de la reforma de 2008 la persistencia de prácticas que no respetan los Derechos Humanos por parte de los agentes del sistema penal fueron visibles visibles en ambos testimonios, lo cual puede atribuirse, de acuerdo con Valeria Moscoso, a que los funcionarios encargados de la impartición de justicia se formaron bajo el sistema anterior y a la ausencia de una reforma al Ministerio Público, instancia encargada de presentar las pruebas.
En los últimos meses, lejos de avanzar hacia un sistema con mayor apego a los Derechos Humanos, hemos sido testigos de reformas legales que apuntan en sentido contrario. Una muestra clara es la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tramposamente nombrados “graves”.
Más allá de la gravedad asignada a un delito -y lo que quiera que eso signifique- la ampliación del catálogo de acciones en que el imputado debe forzosamente pasar su proceso en prisión genera afectaciones negativas para los derechos humanos de las personas imputadas y sus familias.
Son claras las palabras del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria frente a la expansión de la prisión preventiva oficiosa, que sería simplemente “expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos”.
Como se mencionó antes, la función del sistema penal no se encuentra en producir culpables o en administrar castigos, aunque muchas veces se cree así. Por eso un error frecuente y peligroso es medir su éxito con base en el número de personas recluidas. Por el contrario, deberíamos comenzar por cuestionar si la cantidad de personas que van a un centro de privación de la libertad es proporcional a la inhibición del delito.
HM
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