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Aquello parecía una carnicería. Si enumeráramos lo frío y lo filoso y le añadiéramos lo hiriente y puntiagudo tendríamos la clara idea de un puñal. La vida les fue cortada con el filo de esta arma y fue culminada con un disparo en la cabeza. La transición entre una y otra pudo demorar entre uno y cincuenta minutos, tiempo en el que los sicarios estuvieron dentro del lugar de los hechos con las víctimas.
La nota se dio a conocer a través de las páginas de LA PRENSA el domingo 2 de agosto, aunque la tragedia se había registrado el último día de julio -mañana hará seis años.
Fue la tarde del viernes 31 de julio de 2015, cuando los cuerpos de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa fueron hallados con signos de tortura y asesinados; sus cuerpos estaban regados dentro del departamento 401 del número 1909, un edificio más en la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, de la entonces delegación Benito Juárez del Distrito Federal.
No fue un caso más de asesinato o, en este preciso, habría que hablar de homicidio y feminicidio. Regularmente, cuando un crimen ocurre y acuden las autoridades, casi siempre son acompañados por la fuente policiaca de los periódicos, pero ese fue extraño; y también llamó la atención el hecho de que muy pronto se supo que una de las víctimas era el fotoperiodista, recientemente autoexiliado en el Distrito Federal, luego de abandonar su residencia en Xalapa, Veracruz, tras las constantes amenazas que habían minado su vida, su trabajo, sus emociones y sembraron el terror en él.
Creyó que la capital sería el oasis donde encontraría seguridad, donde podría ejercer libremente su oficio. Lo creyó tan vehementemente que quizá jamás imaginó que la maquinaria que lo perseguía desde tan lejos podría llegar a un sitio como el de la ciudad, donde no se había registrado un atentado contra periodistas en mucho tiempo. Acaso podríamos citar la trágica muerte de Manuel Buendía, pero ese es otro tema, en otro contexto.
La familia de Rubén reportó su desaparición y amigos cercanos a él confirmaban su estancia en el departamento donde se había suscitado la masacre. No obstante, de acuerdo con el debido proceso, nada se hizo oficial ni fue difundido.
Dos meses antes
Rubén era amigo de Nadia, a quien había conocido en Veracruz en el 2012. Ambos participaron en aquel entonces en una protesta que duró alrededor de 60 días en Xalapa, debido al resultado de los comicios presidenciales.
En 2014, Nadia tuvo que salir de aquel estado para asentarse en la capital metropolitana. La violencia contra los estudiantes y, en particular, contra ella se había recrudecido. Llegó en noviembre con la intención de no resignarse y seguir en su lucha para nombrar las injusticias y demandar paz, como siempre lo había hecho. Era una mujer admirable con principios sólidos y leal, eso comentaron quienes la conocieron.
Para Rubén la situación no fue diferente. Por lo cual, al año siguiente seguiría los pasos de Nadia y llegaría a la capital en mayo. Aunque se conocían y ambos habían padecido el duro momento en Veracruz, una vez instalados en la metrópoli casi no se frecuentaban.
Incluso antes del mortal incidente y ya ambos establecidos en el Distrito Federal, hacía tiempo que no se veían o muy esporádicamente.
Uno de los pasajes más recordados de la historia enhebrada entre Rubén y Nadia es aquella que se ha difundido acerca de un incidente en una manifestación, cuando Rubén tomaba algunas fotografías de policías vestidos de civil que arremetían contra estudiantes.
Cuenta el relato que de pronto Rubén fue embestido por un sujeto con corte de sardo, quien lo despojó de su cámara y lo sentenció con una frase que pareció profética: “acuérdate de lo que le pasó a Regina Martínez”. A Rubén debió helársele la sangre.
Cita con la muerte
Nadia logró encontrar un lugar al lado de Mile y Yesenia, con quienes compartía el departamento, además de otra compañera que el día de los hechos había salido a trabajar y sería quien daría aviso a las autoridades más tarde.
A partir de este momento, si no se han planteado, deberían formularse, o reformularse, todas las dudas e inverosimilitudes. Es muy curioso cómo dos activistas huyeron de un lugar -donde prácticamente estaban sentenciados- para llegar justamente al sitio donde perderían la vida, ¿los dos en el mismo sitio, el mismo día? ¡Vaya que eso sí sería una cita con la muerte!
Ahora bien, si el móvil del crimen respondiera al de robo, ¿qué podría valer tanto como para asesinar a cuatro personas? Y el grado de violencia contra las víctimas, ¿por qué los habían torturado y qué buscaban para dejar el departamento en completo desorden? Y si no habían muerto debido a la tortura, el estrangulamiento y las puñaladas, ¿por qué el tiro de gracia? ¿Qué significado tiene todo eso?
Lo que parece más curioso es que poco a poco las autoridades de aquel entonces aparentaron procurar la justicia de manera pronta y siguieron una línea argumental que respondía a la criminalización de una de las víctimas, cuyo oficio celestinesco fue referente en las indagatorias.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), una de las víctimas (Mile) habría permitido el acceso al edificio, así como al interior del departamento, a tres sujetos -de los cuales al menos conocía a uno-, quienes fueron identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas.
Consta en esa misma versión que, en un tiempo aproximado de 50 minutos, los agresores habrían entrado, golpeado, torturado y asesinado a las víctimas. De tal suerte que los cinco cadáveres mostraban una sola herida de bala en la cabeza, provocada por un arma calibre .9 milímetros.
A dos víctimas les habían infligido múltiples heridas por arma blanca; en tanto que los otros dos tenían huellas de violencia sexual y habían sido asfixiados.
Además, con base en esa versión de la Procuraduría, los agresores tuvieron el tiempo suficiente para cometer sus fechorías y aun revolver todo el lugar en busca de algo, si determinar qué; sin embargo, las cámaras de videovigilancia los captaron al salir, y, debido a ello se pudo determinar que uno de los rufianes llevaba una maleta negra a rastras, mientras otro de sus cómplices se robaba un auto Mustang que era propiedad de Mile.
Horas de terror
El día del crimen alrededor de las 19:30 horas, Esbeidy López -la cuarta roomie del departamento- llegó al lugar luego de la jornada laboral. Abrió la puerta y de inmediato supo que algo no estaba bien.
Con asombro y horror halló los cadáveres y salió para pedir ayuda, de acuerdo con la investigación y las declaraciones. Lo primero que hizo fue llamar a la policía y luego a su novio para hacerles saber lo que había visto.
Pasó aproximadamente una hora hasta que llegaron policías preventivos, así como el novio de Esbeidy. Acto seguido, se dirigieron a la escena del crimen. Al llegar, la puerta del departamento permanecía abierta; al adentrarse un poco, observaron que las habitaciones estaban en desorden y que había rastros de sangre, hasta que finalmente se toparon con los cuerpos esparcidos por el lugar.
Tras validar el crimen, volvieron a salir del departamento y uno de los policías preventivos quedó custodiando la entrada hasta el arribo del personal ministerial, el cual habría de practicar las diligencias correspondientes de la investigación.
Crimen silencioso pese a tortura y disparos
Tal como consta en las declaraciones de algunos testigos, bien pudo pasar desapercibido el homicidio múltiple. No obstante, quienes conocían al fotoperiodista, sabían por dónde indagar y seguirle la pista -además de que tenían un protocolo de seguridad-; por lo cual, pronto circuló vía redes sociales la desaparición de Rubén, así como la ubicación del último lugar en el que se le había visto, el cual correspondía con aquel departamento.
Resulta curioso que los hechos hubieran ocurrido alrededor de la 14:00 horas -como se puede inferir mediante los videos de las cámaras de vigilancia- y hasta entrada la tardenoche saliera a la luz el nefando crimen, pese a ser una avenida transitada, donde también hay comercios aledaños, sin contar con los propios vecinos, quienes no vieron ni oyeron nada. ¿Será cierto o no quisieron hablar por temor a represalias o no estaban en el lugar?
Las sospechas de que la víctima masculina del número 1909, departamento 401, de la calle Luz Saviñon, era Rubén Espinosa fueron confirmadas hacia la tarde del 1o. de agosto, aunque gente del medio periodístico ya tenía confirmado que se trataba de él.
Identificación de cuerpos, primeras omisiones
Es interesante cómo la falta de pericia o el desinterés llevó el caso por un rumbo incierto. De acuerdo con la recomendación 04/2007 de la CDHDF, y como se ha mencionado, fueron dos policías quienes acudieron al lugar de los hechos, pero solamente uno presentó su declaración sobre los hechos.
Por otra parte, cuando se terminó de realizar la diligencia en el departamento y recogieron los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro de la delegación, pese a que el crimen lo ameritaba, los responsables de la investigación no reportaron el caso a la instancia correspondiente, es decir, la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género, como era menester.
Asimismo, fueron los familiares de algunas de las víctimas quienes supieron del crimen de manera cuasi incidental, como en el caso de Alejandra Negrete, cuyos hermanos se enteraron de su deceso a través de una amiga, quien el día de los hechos cuidaba a la hija de aquella, pero al no llegar por su hija se preocupó y se dirigió al departamento, donde policías que resguardaban el lugar le informaron sobre su muerte. Es decir, no fue personal de la PGJ DF quien dio la notificación, ni acompañó o asesoró a las víctimas indirectas o familiares.
Lo mismo ocurrió con Rubén, a quien tuvieron que identificar sus hermanas, pero del mismo modo, no tuvieron apoyo o asesoría de las autoridades correspondientes en el caso.
Consta en las declaraciones que uno de los hermanos de Alejandra Negrete le comunicó a las autoridades que poco tiempo antes la pareja sentimental de su hermana había sido asesinada y que a ella la habían amenazado de muerte; pero no consta que los agentes seguido esa línea de investigación, porque únicamente se enfocaron en un móvil que ya tenían prácticamente definido.
Tal como ocurrió con el caso de Rubén, de quien sus hermanas refirieron a las autoridades del caso que su profesión era fotoperiodista y, por lo tanto, debieron seguir el protocolo para descartar que el crimen estuviera relacionado con su actividad laboral. No fue así, porque las autoridades tenían claro que el móvil del crimen era o estaba relacionado con el robo y con actividades non sanctas de una de las inquilinas.
En busca de justicia
Lo que debe exigir la sociedad es el esclarecimiento del quíntuple homicidio –primero, para que nunca vuelva a repetirse un acto similar; y segundo, porque sin la certeza de la verdad no hay nada-; que las líneas de investigación, incluso las más sutiles, se indaguen y se descarten si no son la solución, pero que se investigue.
En torno al caso Narvarte, hasta esta fecha se sabe que hay un solo hombre sentenciado. Y la incertidumbre en torno a los otros dos detenidos, sobre su situación, es una incógnita que inquieta. Se sabe que interpusieron amparos, pero hasta la fecha la secrecía en torno al asunto no deja avanzar en la solución.
Como hemos mencionado, desde el primer momento de las investigaciones se optó por seguir el rumbo del robo y aquello relacionado con narcomenudeo. Se filtró mucha información a los medios de comunicación y éstos se encargaron de replicar ese móvil, casi intencionalmente, con la intención de reforzar esa versión para, de ese modo, justificar el crimen y poder descartar u olvidar las otras líneas de investigación.
De acuerdo con el documento presentado en 2019 por Artículo 19, “El caso Narvarte, la verdad como «exquisitez»”, no habían pasado ni 12 horas luego de que identificaran a Rubén Espinosa cuando ya el entonces procurador descartaba que el crimen se relacionara con las amenazas hacia éste desde Veracruz.
Por su parte, Javier Duarte, desde su puerto seguro se daba el lujo de desear éxito en la pronta solución del caso y manifestaba su total disposición para colaborar con las autoridades. Y aunque finalmente se logró que declarara en torno al caso, no trascendió en absoluto para desahogar las averiguaciones.
Para los familiares de las víctimas ha sido difícil enfrentar todos las dificultades en torno a la búsqueda de justicia, pues lo único que desean es esclarecer los hechos para que los responsables sean sancionados.
El año pasado, en septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), antes Procuraduría, puso manos a la obra desde un ángulo diferente, con base en un modelo propuesto por familiares de las víctimas; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances en la investigación.
Falta también, y esto es muy importante, que las autoridades capitalinas ofrezcan una disculpa pública, tal como quedó asentado en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos presentada y dada a conocer en 2017.
En relación con toda la información filtrada, ninguna autoridad, hasta la fecha, ha sido sancionada debido a las violaciones que se cometieron. Y los personajes que figuraron entonces en la investigación, ahora escaparon a otros puestos o cargos (para protegerse mediante el fuero constitucional) y dejaron sus promesas en el olvido.
En general, la actuación de la Procuraduría en la investigación del caso fue más bien con premura, cuya finalidad parecía más la de dar el clásico y vergonzoso “carpetazo” que dar respuesta a la solución.
El caso Narvarte sigue abierto, en parte debido a que los familiares de las víctimas así lo han querido, con la ayuda de abogados coadyuvantes; y, por su parte, también lo han pedido así las defensas de los imputados.
Hace un par de días, en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, reiteró su “compromiso de llegar a la justicia”; además, reiteró su confianza en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) pueda dar resultados sobre la investigación para poder mostrar los avances:
“Está trabajando la Fiscalía General en este tema y esperamos poder dar resultados pronto a través de la Fiscalía General”.
Hasta ahora, con la única sentencia impartida a Abraham Torres Tranquilino por 315 años de prisión, no se cumple con la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño integral de los familiares de las víctimas.
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Giro en el caso Narvarte
Nuevos indicios abordarían la hipótesis sobre trata de personas y narcomenudeo como presunto móvil del crimen
Luego de que han pasado seis años del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron ultimados la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, así como Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete; la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió un informe especial, en el cual se pone énfasis en una red de prostitución como línea de investigación fundamental.
Hasta hace un año, poco se sabía sobre los detalles y la investigación parecía haberse estancado, de acuerdo como lo expuso la ONG Artículo 19. Las víctimas habrían sido asesinadas tras someterlas a actos de extrema violencia.
Con base en el informe de la fiscalía, la nueva hipótesis aclararía el móvil y los objetivos de los asesinos. Como se señaló en páginas previas por este caso hay tres hombres encarcelados, uno de ellos el único sentenciado, el expolicía Abraham Torres Tranquilino; mientras que Daniel Pacheco Martínez y César Omar Martínez Zendejas todavía esperan la resolución final de un juez.
En esta nueva vertiente de la investigación, al parecer colaboró un equipo de expertos científicos, peritos especializados e investigadores, quienes concluyeron que los presuntos sicarios desconocían las actividades a las que se dedicaban Nadia Vera y Rubén Espinoza, lo cual indicaría una respuesta sí, pero cuya verosimilitud parecería casi insostenible. Pensar en el hecho de que dos personas que huían por temor de ser asesinados terminaran muertas sin que detrás haya un móvil y que se debe únicamente a la mala suerte, suena difícil de asimilar y creer.
De acuerdo con la nueva indagación, el supuesto móvil del asesinato estaría relacionado con un grupo delictivo que explotaba sexualmente a dos de las víctimas: Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, y la maquilladora Yesenia Quiroz; por lo cual el principal o quizás único objetivo habrían sido ellas; pero como se habrían negado a la explotación sexual a la que eran sometidas, según el reporte, por esta razón fueron asesinadas.
“En este caso hay indicios fuertes de que las personas que cometieron este crimen conocían a dos de las víctimas. Dos mujeres que podían ser víctimas de explotación sexual. Esa relación que el gobierno no ha querido identificar es una de las cosas sobre las que el informe pone el ojo: las bandas que controlan la prostitución”, declaró Héctor Pérez, abogado de las víctimas.
“A la fiscalía de Miguel Ángel Mancera nunca le interesó conocer la verdad”, agregó.
Riesgo en el caso por nueva filtración
De acuerdo con una denuncia formulada tanto por familiares de las víctimas como por la organización civil Artículo 19 (que ha acompañado durante el proceso y ha sido fuente confiable de información), establecieron que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México filtró un informe confidencial del expediente y, debido a esto, se habría puesto en en riesgo tanto la investigación como a testigos claves; además de que se hizo una revictimización y, por otra parte, se manipularon líneas de investigación en el debate público.
No habría sido la primera ocasión en la que existieran este tipo de filtraciones sobre información importante desde la institución que ahora dirige Ernestina Godoy, pues en reiteradas ocasiones, desde que se registró el crimen, ha ocurrido y se ha denunciado sin que hayan sido señalados los culpables de estas inconsistencias durante las gestiones de los procuradores Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, cuando la Ciudad de México era gobernada por Miguel Ángel Mancera.
Asimismo, los familiares reiteraron que se deben “investigar las filtraciones de información que han sucedido en múltiples ocasiones”. Pero lo más importante es que “la investigación del caso sigue abierta con diversas hipótesis que aún no han sido agotadas. Por ello, las autoridades competentes deben desahogar todas las diligencias con observancia cabal de las víctimas indirectas y sus representaciones”.
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