Alrededor de 24 mil 250 niñas, niños y adolescentes en el Estado de México están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos, al no existir un marco legal en nuestro país para evitar este tipo de enganche de criminales contra los menores.
La entidad mexiquense forma parte de los siete estados de la República más vulnerables frente a las acciones delictivas de grupo que ven la oportunidad de acrecentar sus mafias mediante el reclutamiento de infantes, según un documento dado a conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México.
A nivel nacional, esta problemática de inseguridad refleja un riesgo potencial contra las niñas, niños y adolescentes, pues entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes corren el peligro de caer en las garras del crimen organizado.
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, junto con la titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tanía Ramírez, alertaron que nuestro país se encuentra sin herramientas legales para poder combatir este tipo de atrocidades de los criminales.
El estudio elaborado por ambas organizaciones, con el respaldo de la embajada de Alemania en México, refiere que el marco legal en territorio nacional contra la captación de menores por parte de grupos delictivos es débil, pues el reclutamiento como tal no está tipificado y en todo caso se considera una forma de trata de personas.
Los siete estados del país que concentran el mayor riesgo de que la niñez se convierta en “carne de cañón” de los malandros, son el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.
Estas entidades, según el documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México, registran el 55% de niñas, niños y adolescentes en peligro de caer en las fauces del hampa, de ese universo de entre 145 mil y 250 mil.
Francisco Rivas y Tanía Ramírez, junto con el equipo de investigadores que realizaron el estudio, indicaron que, de las siete entidades federativas, el territorio mexiquense encabeza los riesgos de reclutamiento de menores por parte de gavillas delictivas que operan en la entidad.
La población de estas entidades que está a merced de las mafias criminales, de acuerdo con el documento, en términos de porcentaje, se distribuye de la siguiente manera:
El Estado de México, con 9.7%; Jalisco, con 8.6%; Chiapas, con 8.1%; Puebla, con 7.8%; Guanajuato, con 7.3%; Veracruz, con 7.2%, y Michoacán, con 6.5%. Cifras que en conjunto acumulan el 55.2%.
Si se considera la cifra tope que dieron a conocer estas organizaciones, es decir, los 250 mil menores, el Estado de México, con el porcentaje citado, tiene una población de alrededor de 24 mil 250 menores en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.
Los factores
El Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México advirtieron que las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a drogas son algunos de los factores que han facilitado su captación.
Francisco Rivas director aseveró que en muchas ocasiones esta situación ha llegado a ser la única oportunidad que tiene esta población para salir de un contexto de marginalidad social y económica en la que vive.
Las autoridades, añadió, optaron por la implementación de políticas reactivas que provocaron el aumento de la violencia y de las violaciones a derechos humanos y han facilitado la corrupción en las instituciones públicas.
Las causas de este fenómeno también suelen estar en el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la violencia familiar y hasta en el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.
Se convierten en víctimas
En ese sentido, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, sostuvo que al ser parte de grupos delictivos y ejecutar actividades relacionadas para dichos fines, las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas.
Por ello, añadió, es indispensable partir de la premisa de que no son enteramente libres de decidir, ya que son coaccionados e impulsados de diversas maneras a pertenecer a esos grupos irregulares; para lo cual modificar las condiciones estructurales de la desigualdad es clave en la solución del problema.
Al respecto, el encargado de negocios de la embajada de Alemania en México, Mirko Schilbach, dijo que le gustaría que la sociedad en su conjunto lograra proteger mejor a sus niños y niñas en el futuro.
El estudio señala que México comparte algunas similitudes con los casos de Colombia, El Salvador y Paraguay, donde se presentan contextos de confrontación armada, en los cuales se ha normalizado la violencia.
No todo es pobreza
El documento establece que este problema no necesariamente se explica por las condiciones de pobreza. Es por ello que el reclutamiento y utilización de esta población es un problema complejo que requiere de mayores esfuerzos para ser prevenido. Además, aclara que los cárteles no son los únicos grupos delictivos involucrados, pero sí los más visibles. También están presentes las familias delictuales y las pandillas.
De los siete estados más vulnerables, destacan los casos de Puebla y Michoacán debido a que son las entidades con mayor porcentaje de su población de niñas, niños y adolescentes más susceptibles en riesgo de este fenómeno.
Francisco Rivas reconoció que, desde la perspectiva jurídica, existe protección hacia las NNyA, pero advirtió que frente al reclutamiento de este grupo poblacional hay escasa experiencia y pocas herramientas disponibles.
Actualmente, explicó, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra limitado en cuanto a las decisiones o posturas frente al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, ya que solo existe una sentencia, Vargas Areco vs Paraguay en la materia.
“La legislación mexicana en materia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes carece de una estructura en su norma penal que sea explícita para sancionar sus diferentes modalidades y definir competencia jurisdiccional”, reveló.
Urge marco legal
Tania Ramírez insistió en que el marco legal es débil en México, ya que el reclutamiento no está tipificado e hizo énfasis en que se considera una forma de trata de personas.
Respecto a ello enfatizó que “es necesaria la tipificación de esta conducta para darle visibilidad al tema, para reconocer el papel de los grupos delictivos y fincarle responsabilidades como autores de tal delito y para proteger a niñas y niños que son al mismo tiempo víctimas”.
El estudio destaca que en abril de 2021 se creó el “Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada”, sin embargo, las instituciones del Estado mexicano aún carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos.
Además, el documento elaborado por ambas organizaciones advierte que pese a este tipo de iniciativas del Estado mexicano persiste una omisión de políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes como medida de prevención.
Posibles soluciones
El Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México indicaron que pueden existir algunas vías para enfrentar este fenómeno que va en detrimento de las niñas, niños y adolescentes.
Para ello, recomendaron que las Fiscalías deben diseñar estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a niñas, niños y adolescentes involucrados en actividades delictivas.
Asimismo, se pronunciaron por procesar, clasificar, sistematizar y utilizar de manera coordinada información oficial proveniente de las instituciones del Estado para identificar el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos y así generar un diagnóstico más preciso de este fenómeno.
Demandaron el diseño de programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad en las que niñas, niños y adolescentes se encuentran, específicamente en los casos en donde no asisten a la escuela y no estén protegidos sus derechos, o bien, se encuentren en el mercado laboral o en alguna situación conyugal distinta a solteros, así como en un contexto de alta incidencia delictiva e inseguridad.
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Propusieron la creación de una Ley General en materia de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes considerando el ejercicio de Parlamento Abierto.
Del mismo modo, solicitaron tener en cuenta las implicaciones que la pandemia por Covid-19 ha tenido sobre este fenómeno, pues se ha incrementado la participación laboral de niñas, niños y adolescentes en las actividades económicas, legales e ilegales, como consecuencia de la crisis económica.
Recomendaron optar por una política de construcción de paz encausada a contrarrestar los efectos que la violencia tiene en las vidas de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, urgieron adoptar medidas relacionadas con lo establecido en los instrumentos del Derecho Internacional, con el fin de diseñar e implementar políticas públicas que atiendan de forma específica a la población civil que es víctima de los contextos violentos y que atiendan de manera específica las problemáticas de los niños, niñas y adolescentes, vinculados a grupos criminales, con una lógica de restitución de derechos.
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