En México los sectores más discriminados son mujeres transgénero

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Arturo R. Pansza

México es el segundo país de América con más transfeminicidio atrás de Brasil y, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los sectores más discriminados son mujeres transgénero con 75 por ciento.

Lo anterior coincide con las cifras que maneja el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), al exponer que le siguen hombres gays y mujeres lesbianas con 65 por ciento. Incluso por encima de la población indígena.

Mientras que los asesinatos por transfobia ocupan el primer lugar. Se han registrado de 2013 a 2017, unos 381 asesinatos de personas LGBT, de las cuales 209 son de mujeres trans, le siguen hombres homosexuales con 158 casos, seis de hombres bisexuales y tres de lesbianas.

Dentro de ese contexto y realidad compleja que se vive, la presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, Celeste Ascencio Ortega, plantea abordar el tema de la diversidad sexual de manera coordinada desde los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión, y lograr que las políticas públicas dirigidas a población LGBTTTI se reflejen en todo el país.

Resulta urgente orientar y sensibilizar a servidores públicos sobre el respeto a las garantías de la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI).

Para la legisladora de la bancada de Morena, se requiere reformar y armonizar, tanto las leyes como la Constitución Política, antes de avanzar en crear alguna ley general de diversidad sexual. “Se buscará legislar primero en el Código Civil Federal y en la misma Carta Magna; normativas que ya existen y que se tienen que trabajar”.

En la Enadis 2017, se expone que casi 2 millones 700 mil personas en México declaran no ser heterosexuales, que representa el 3.2 por ciento de la población nacional.

Las cláusulas de la Constitución y las leyes en México, aún no incluyen la orientación sexual, expresión e identidad de género, y características sexuales como motivos prohibidos de discriminación.

Al respecto, la historiadora Patricia Galeana escribe que todos los sectores de la sociedad deben conocer los derechos contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que México ha firmado, para identificar cuáles son los procedimientos previstos en la ley, y en su caso, saber ante qué instancias se puede solicitar el asesoramiento para ejercerlos.

La representante popular Ascencio Ortega, confirma que en el presente segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que comenzó el pasado 1° de febrero, se presentarán iniciativas en esta materia.

Figuran entre ellas la modificar el primer artículo constitucional, en su capítulo I “Derechos Humanos y sus Garantías”, para cambiar el concepto de “preferencias sexuales” por el de “orientación sexual”, son palabras, pero que al final de cuentas son grandes conceptos, considera la morenista.

El término empleado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “orientación sexual”, aunque es común referirse a ésta como “preferencia”, algo incorrecto, ya que puede interpretarse como opción u elección.

La plataforma de información Harmonía, comparte que durante muchos años se creyó que el sexo biológico determinaba la identidad de género, expresión de género y orientación sexual.

Ello implicaba que, si una persona nacía con sexo biológico femenino (una vagina) se esperaba que su identidad de género fuera de mujer, su expresión de género fuera femenina y su orientación sexual fuera hacia los hombres.

Sin embargo, actualmente se conoce que estos cuatro aspectos están relacionados entre sí, se refieren a cosas muy distintas y uno no necesariamente determina a los demás.

El denominado sexo biológico, es aquel con el que se nace. La identidad de género, es la forma en la que una persona se percibe a sí mismo.

La expresión de género es cómo se decide expresar la identidad de género a través de cómo se viste, actúa o se relaciona. Y la orientación sexual se refiere a las personas hacia quienes te sientes atraído.

Una realidad es que, dentro de la diversidad sexual, todas las combinaciones son posibles y no existe una norma.

Celeste Ascencio ha dejado en claro que una de las prioridades para la instancia legislativa que preside será avanzar en el matrimonio igualitario a nivel federal. “En la Ciudad de México se tiene matrimonio igualitario ¿pero en los demás estados?”, cuestiona.

Se espera que las disposiciones del Código Civil Federal rijan en toda la República en asuntos del orden federal. No obstante, el artículo 121 de la Constitución Política n de los Estados Unidos Mexicanos, señala que cada entidad establecerá su propio Código Civil, con las modalidades y adiciones que a él convengan, como los requisitos para contraer matrimonio.

En la Ciudad de México desde marzo del 2010, algunas disposiciones han permitido llevar a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo, desde ese año hasta diciembre del 2015, un total de seis mil 525 parejas oficializaron su unión ante un juez, de acuerdo a datos del Registro Civil.

Lo que se quiere hacer en el recinto deliberativo de San Lázaro es contar con la base federal, para que a los estados se les pueda pedir que se adecuen a la federación y que, en todo el territorio mexicano se reconozca el matrimonio igualitario.

Se requiere la capacitación a servidores públicos sobre identidad sexual, para garantizar el derecho a la no discriminación.

Entre 2012 y 2018, el Conapred analizó mil 31 presuntos actos de discriminación hacia personas de género y de características sexuales diversas.

Del total, 77 por ciento consistió en quejas contra particulares y el 23 por ciento en quejas contra personas del servicio público.

El principal motivo de discriminación fue la orientación sexual, que originó tres cuartas partes de los casos. El resto de los procesos respondía a otras causas; por ejemplo, uno de cada diez involucró discriminación a raíz de la identidad de género.

En México, la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales es un fenómeno estructural.

Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma de exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que, sobre la base de estereotipos, restringen los derechos de las personas.

Celeste Ascencio Ortega estima necesario de que en todas las dependencias de gobierno se capacite al personal en materia de derechos humanos vinculados al tema de diversidad sexual.

“Hubo el caso de un procurador que, al tratar el tema de feminicidios, dejaba fuera a las mujeres transgénero, él decía que las mujeres trans no eran mujeres, que eran simplemente hombres vestidos de mujer y que habían sido asesinado por cuestiones sentimentales”, define.

Otro de los temas pendientes es que verdaderamente se garantice y dé un buen proceso a los crímenes de odio por homofobia, porque ahí también está la parte de seguridad, en la que incluso los procuradores o los policías, carecen de capacitación para prestar sus servicios a este sector.

Por lo que hace a la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados para expedir una Ley General para la Diversidad Sexual, que propone la creación de un instituto nacional (Indisex), la responsable de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual considera que “poder crear un instituto es algo que sería muy benéfico, pero también tenemos que recordar que estamos en un gobierno en el que queremos sí avanzar, sí progresar, pero con las instituciones que ya se tienen”.

Desde esa instancia legislativa se prevé legislar primero en el Código Civil Federal, la misma Constitución, que son normativas que ya existen y que se tienen que trabajar, antes de avanzar a una Ley General de Diversidad Sexual.

Representantes populares se han reunido con el titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Guillermo Santiago Rodríguez, para trabajar el tema de diversidad sexual, ya existe una propuesta en esta materia que sólo falta aterrizarla.

La finalidad es trabajar de manera conjunta y que salga el trabajo. Se incluirán pláticas con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos de Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, con la finalidad de que el Poder Legislativo no labore por su lado y el Ejecutivo por el suyo, además de que exista apoyo de las organizaciones civiles.

Con el respaldo de las secretarias se podrían impulsar diversas iniciativas desde el Congreso federal y los locales.